Las últimas declaraciones hechas por las representantes de Junts per Catalunya en materia de inmigración, en un momento de negociación sobre estas mismas competencias con el gobierno español, amenazan de nuevo el futuro de los derechos sociales, y ponen en cuestión los valores detrás de la agenda política del gobierno actual.
En 2010, en Cataluña se aprobaba la ley de acogida de las personas inmigradas y de las retornadas. De esta ley, que declara que «Catalunya se ha ido construyendo a lo largo del tiempo con las aportaciones de energías de muchas generaciones, de muchas tradiciones y culturas, que han encontrado aquí una tierra de acogida», emanaba una comprensión de nuestra región como espacio de acogida, de integración, donde se esperaban a todas las personas inmigradas con los brazos abiertos. Aunque, en la práctica, los derechos de las inmigrantes han continuado siendo escasos e insuficientes, esta retórica marcaba una distancia política con el discurso promovido desde España. El expresidente Mariano Rajoy sostenía una «política de control y orden«, mientras que Cataluña se proyectaba internacionalmente con casos como el de la ONG Open Arms, a favor del rescate de inmigrantes en el Mediterráneo.
El auge del independentismo, desde 2010 hasta la declaración unilateral del 2017, estuvo decorado de reclamos a favor de los derechos sociales -que quizás a día de hoy se revelan como meramente retóricos-. En palabras de la ANC, la república catalana tenía que ser una «República de derechos sociales«, donde el feminismo, la democracia, y las libertades de expresión y movimiento que se encontraban amenazadas por las políticas del estado español encontrarían cabida. Pocos años después, la estrella de la independencia se aleja y los derechos retroceden.
El toque que ha hecho sonar la alarma han sido las declaraciones de Silvia Orriols y su amplia cobertura mediática en los medios catalanes. La nueva alcaldesa del municipio de Ripoll del grupo Aliança Catalana ha declarado públicamente que está adoptando una política que dificulta el empadronamiento de las personas inmigrantes en Ripoll. Esta política, en una de las comarcas con la mayor tasa de inmigración de Cataluña, ataca directamente el acceso a toda una serie de derechos básicos como son la salud, el alojamiento o el trabajo para estas personas, y además legitima un discurso que se dilata en todos los demás ámbitos de derechos sociales.
Desgraciadamente no es sorprendente que la llegada de los partidos de extrema derecha como son Vox, Aliança Catalana o Frente Nacional en el escenario político catalán transporte un discurso xenófobo, racista, y estructuralmente discriminatorio. De hecho, la amenaza real es siempre aquella más invisible, la epidemia de la banalidad del mal. Sorprendentes lo son, o quizás más reveladoras, las declaraciones que han seguido estos días las representantes del partido Junts per Catalunya. Uno de los partidos que lideró el Procés hacia la República catalana, la «república de los derechos sociales», ahora se apodera del discurso de la mano dura, y se alinea con posiciones como las adoptadas por Aliança Catalana. En un último reencuentro en el Maresme este pasado diciembre, Junts apoyó a los alcaldes que abogan por la expulsión de las personas inmigrantes. De la misma forma, Jordi Turull pedía a los miembros del partido que no tuviera complejos para exigir medidas para el control de la inmigración. La sorpresa se disuelve si observamos los datos publicados por el barómetro de opinión política 2023 del Centro de Estudios de Opinión (CEO), que desvelan que las personas más partidarias del independentismo tienen mayor aversión hacia la llegada de personas inmigrantes en Cataluña. ¿Es entonces la de Junts una estrategia electoral? ¿Qué ha pasado con los valores sociales que acompañaban al independentismo? Las explicaciones a este giro se pueden encontrar en dinámicas locales, internacionales, y tendencias hacia el populismo, y la extrema derecha que parasita ahora los escenarios políticos, y sobre las que la lucha social y los organismos de cambio políticos deben mantenerse alerta para seguir haciendo incidencia.
Mientras se destapan valores xenófobos detrás de la política del gobierno catalán se dan pasos hacia la aprobación de la ley orgánica que traspasará las competencias de inmigración del gobierno español al gobierno catalán. Esta ley, que fue una de las condiciones negociadas por Junts en la investidura de Sánchez, permitirá la cesión integral de las competencias en la gestión de la inmigración al gobierno autonómico. Al tratarse de una ley orgánica, se requerirá la mayoría absoluta del Congreso, y los detalles del texto no se conocen todavía. De todas formas, estos avances, liderados por un Junts per Catalunya que cada vez gravita más a la derecha, son claves para el futuro de los derechos humanos en nuestro territorio.
El viento del populismo llega también a Cataluña, ya no se trata de políticos del otro lado del océano o de la frontera, la crisis a la que se enfrentan los derechos sociales es innegable, y la xenofobia ha sido un síntoma explícito. Ante este escenario crítico se abre la oportunidad de entender cuáles son los valores que defienden “nuestros” partidos y “nuestras” leyes. Se trata de un escenario hostil, pero donde podemos acoger el diálogo para definir y elaborar las raíces de nuestras demandas sociales, y comprender para quién y desde dónde parte nuestra agenda política, antes de que el viento se lo lleve todo.
Cataluña Plural, 2024 
