La ola de tractores ha llegado a España. Las movilizaciones agrarias que se veían en Europa són en oposición a la Política Agrícola Común (PAC) y que han acabado de dinamitar por el plan antipesticidas. En España los agricultores reclaman que se garantice el precio de las cosechas para evitar trabajar a pérdidas y critican la ineficiencia de la Ley de Cadena Agroalimentaria que debía evitar que las ventas estuvieran por debajo del precio de mercado y que denuncian, no se cumple . Ni la marcha atrás del Bruselas con la reducción de los pesticidas, ni el compromiso de Pedro Sánchez con el control de precios ni la disposición para reunirse de Pere Aragonès ha servido para acabar con la marea de tractores que acumulan ya cuatro días de protestas.
Barcelona fue una de las ciudades más afectadas. El miércoles 2.000 tractores llegaban a la capital catalana desde Lleida, Tarragona y la provincia de Barcelona para concentrarse en las principales vías de la ciudad como la Diagonal o la Gran Vía. Muchos de ellos incluso pernoctaron bloqueando el tráfico, otros regresaron por la tarde ante los avisos de las autoridades que debían sacar los vehículos antes de las seis de la mañana para evitar ser sancionados.
El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, y el consejero de Acción Climática, David Mascort, se reunieron con representantes del movimiento 6F y otras organizaciones como Unió de Pagesos, la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores, la Federación de Cooperativas Agrarias de Cataluña y la Asociación de Jóvenes Agricultores y Ganaderos de Cataluña.
Menos burocracia, precios justos y fin a la competencia desleal
«Estamos ahogados por burocracia europea, que aumenta en España y aún más en Cataluña», criticaba uno de los agricultores que bloqueaba la Gran Vía de Barcelona el miércoles al mediodía. Y es que la burocracia, precios justos, el fin de la competencia desleal y el freno a las nuevas normas medioambientales han sido las principales reivindicaciones de los agricultores. Mascort aseguró entender las reivindicaciones y emplazó a los agricultores a reunirse de nuevo en dos semanas para poder reconducir la situación. «Esto no acaba aquí», advirtieron los trabajadores del campo que han convocado una nueva movilización el 13 de febrero.
El Ministerio de Agricultura ya ha avanzado que busca la forma de simplificar la burocracia de la PAC. Sobre el control de precios a productos extracomunitarios, el sector acusa a la Comisión de poner una autopista de entrada en los productos de los países extracomunitarios. Denuncian que carecen de limitaciones de volumen, con reducción de precios de acceso y no se les exige lo mismo que a los agricultores europeos. Sin embargo, el Ejecutivo reconoce que se encuentra en minoría para poder promover la medida en la UE.
El sector también rechaza las restricciones de fertilizantes. Se oponen a la ley con la que la UE quería reducir a la mitad los pesticidas químicos. La rotación de cultivos, obligación de dejar pastos permanentes, la no quema de los rastrojos, dejar los márgenes necesarios en los ríos para evitar vertidos, la prohibición de labrar en pendiente, las superficies de abandono obligatorio del 4%, la protección de los humedales son algunas de sus limitaciones. Piden una mayor flexibilidad con las medidas medioambientales y que se tenga en cuenta la rentabilidad de las explotaciones.