Las “movilizaciones tumultuarias” de 2017
Al día siguiente de los hechos acaecidos ante la conselleria de Economia de la Generalitat, el 20 de septiembre de 2017, el ministro portavoz del Gobierno del PP, Íñigo Méndez de Vigo, sorprendió a muchos periodistas cuando, en su rueda de prensa, habló de “movilizaciones tumultuarias” para calificar lo ocurrido. Hasta cuatro veces insistió en la palabra «tumultuarias». Quizás sus conocimientos como licenciado en derecho le inspiraron, pero estaría bien llegar a saber algún día en qué reunión secreta se decidió definir como “tumultuaria” la concentración de Barcelona. No era un adjetivo neutral: el Código Penal describía el delito de sedición como “levantamiento tumultuario”. Y las declaraciones del portavoz del gobierno ya indicaban a la Justicia por dónde tenía que ir. La Fiscalía acusó a Jordi Cuixart y Jordi Sánchez de sedición, y la magistrada Lamela aceptó la denuncia y los encarceló. Dos años más tarde, el Tribunal Supremo les condenó, a ellos y a otros dirigentes independentistas, por sedición. Aquella versión interesada de los hechos también se utilizó contra los Mossos d’Esquadra, en concreto contra el mayor Trapero y la intendente Laplana, que, cabe recordarlo, acabarían siendo absueltos por la Audiencia Nacional con el voto en contra de la presidenta del tribunal, Concepción Espejel: hoy ella y el ponente de la sentencia absolutoria, Ramón Sáez, son miembros del Tribunal Constitucional en una clara demostración de la confrontación que vive España entre dos concepciones del derecho. En septiembre de 2017, Méndez de Vigo había abierto el camino a las acusaciones de sedición, precisamente él, que en 1976, a raíz de un conflicto estudiantil, había firmado una carta defendiendo que “la violencia de la impropiamente denominada extrema derecha es el reflejo de su legítima defensa”.
El “terrorismo” del procés independentista
Estos días se ha invertido la dinámica y ha sido un juez quien ha regalado a PP y Vox un concepto para definir las protestas de 2019 del Tsunami Democràtic y los CDR: «terrorismo». La reforma del Código Penal de 2015, impulsada por el PP y aprobada por CiU, lo ha facilitado, aunque el varapalo de la Fiscalía al juez García-Castellón ha sido sonado. En un episodio que puede servir a las facultades de Derecho y de Ciencias Políticas para explicar lo que no es la separación de poderes, vemos cómo un juez va adaptando sus actuaciones a la discusión en el Congreso de los Diputados de la Proposición de Ley de Amnistía. Un procedimiento dormido durante cuatro años se ha activado coincidiendo con la tramitación de la ley, buscando las rendijas de un texto aún no aprobado para intentar que no se aplique a algunos dirigentes independentistas.
La palabra «terrorismo» ha sido inmediatamente asumida por el PP en una nueva muestra de la interrelación permanente entre la derecha política y la judicial. En la última concentración en Madrid contra el gobierno de coalición los dirigentes populares se sumaban de forma entusiasta a ver terrorismo en unas protestas que, a lo sumo, podían ser consideradas como desórdenes públicos y que, en su momento, a nadie le pasó por la cabeza que pudieran ser actos terroristas; y aún menos a los ciudadanos y ciudadanas que habíamos vivido y sufrido durante años la lacra del auténtico terrorismo. Algunos parecen echar de menos la época en que la injustificable lucha armada de ETA servía a la derecha para descalificar a todos sus adversarios políticos. La reciente manipulación por parte de Núñez Feijóo de un sentimiento subjetivo como el «terror» para justificar la existencia de terrorismo en Cataluña deja en evidencia su poca categoría moral e intelectual.
Buena parte de las personas que participamos en las jornadas del 20 de septiembre y del 1 de octubre del 2017 fuimos muy críticas después con lo ocurrido en 2019: con la decisión del Tribunal Supremo, con los disturbios que desprestigiaban las movilizaciones cívicas de miles de personas, con el triste papel de un presidente Torra superado, que no supo impedir, como responsable de la Junta de Seguridad, que la policía estatal utilizara balas de goma, y con la invisibilidad de los dirigentes del Tsunami, que llevaron a muchos chicos y chicas jóvenes a un callejón sin salida. Se puede hablar, pues, de graves errores y de insolvencia por todas partes, pero, ni de lejos, de terrorismo de quienes protestaban contra una sentencia que consideraban injusta.
Entre el aeropuerto de El Prat y el de Frankfurt
Ahora un juez ha hecho aparecer a un turista francés fallecido por causas naturales y ha aludido a las heridas de algunos policías, nada diferentes a las que se producen en numerosas manifestaciones convocadas por causas diversas, o a las que sufrieron muchas personas pacíficas el 1 de octubre del 2017. Y está atribuyendo mucha importancia a la movilización en el aeropuerto de El Prat por tratarse de una infraestructura crítica. Ha querido añadir inexistentes alteraciones del tráfico aéreo. Se obvia que un hecho tan relevante como la invasión de las pistas del mismo aeropuerto por parte de trabajadores de Iberia en el 2006, que provocó la cancelación de 544 vuelos y que inicialmente fue calificado de sedición por la Fiscalía, acabó como desórdenes públicos, primero en la Audiencia Provincial de Barcelona y finalmente en el Tribunal Supremo, después de que fuera desestimado un posible delito más grave contra el tráfico aéreo: algunos acusados fueron absueltos y otros condenados a dos años de cárcel, que obviamente no cumplieron.
Quienes confían en que los hechos del aeropuerto de El Prat del 2019 sirvan para que intervenga la justicia europea deberían recordar que los tribunales alemanes consideraron que la invasión, en 1981, del aeropuerto de Frankfurt por parte de manifestantes ecologistas, algunos de los cuales utilizaron cócteles molotov e hirieron a numerosos policías, en un acto que fue calificado como de “guerra civil”, era un delito equivalente al de desórdenes públicos, porque “la presión ejercida no había sido capaz de doblegar la voluntad de órgano constitucional que se oponía a la voluntad de los acusados”. El líder de la protesta, Alexander Schubart, ni siquiera llegó a entrar en prisión.
Casualidades y plataformas para la independencia judicial
En nuestro país las casualidades continúan: el propio juez que instruye la causa del Tsunami acaba de reabrir la persecución contra EH Bildu, un partido que forma parte de la mayoría parlamentaria que quiere aprobar la amnistía, y otro juez ha decidido, cuando el pleno del Congreso estaba a punto de discutir la Ley, reavivar la investigación del llamado caso Volhov, que podría suponer que los implicados sean acusados de un delito de alta traición al Estado, que no quedaría incluido en la amnistía, y difundirlo por la televisión alemana, prescindiendo de la discreción que debe acompañar la instrucción de una causa.
También hace pocos días juristas del sector más conservador del mundo del derecho han creado la denominada “Plataforma Cívica para la Independencia Judicial” para ayudar a los jueces a encontrar argumentos para no aplicar la Ley de Amnistía, cuando todavía no ha sido aprobada por las Cortes: todo lo contrario a lo que supone la independencia judicial. Encabeza el movimiento el catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de León, Francisco Sosa Wagner, quien curiosamente fue eurodiputado del partido españolista dirigido por Rosa Díez, Unión Progreso y Democracia (UPyD), después de obtener un resultado espectacular: menos del 3% de los votos en las elecciones de 2009 en el Parlamento Europeo.
Los partidos partidarios de la amnistía recogieron más del 50% de votos en las elecciones del 23 de julio del pasado año. El documento enviado a los jueces no les conmina a aplicar las leyes que aprueba el poder legislativo, como es su obligación, sino que les ilustra sobre cómo pueden impedir su aplicación. Y les anima a llevar la Ley de Amnistía ante la justicia europea, y no al Tribunal Constitucional, al que consideran poco dispuesto a «valorar la intención real de la ley», y que precisamente estos días ha sido definido por el dirigente del PP , González Pons, en una comparación odiosa, como “cáncer del Estado de derecho”: mejor coordinación imposible.
El papel de algunos jueces y la equivocación de Junts
En 2019, durante el juicio al Tribunal Supremo a los líderes independentistas se hizo evidente que los fiscales y los magistrados se sentían interpelados a defender un valor superior, la unidad de España, ante lo que consideraban inoperancia y debilidad de un gobierno central que era «de los suyos» pero demasiado blando. Ahora, algunos jueces se creen llamados a hacer imposible la aplicación de la Ley de amnistía: piensan que su papel es enmendar las decisiones de un poder ejecutivo que, en la misma línea que PP y Vox, perciben como ilegítimo, y de un poder legislativo, al que en el fondo niegan la capacidad de modificar el ordenamiento jurídico. Siguen creyendo que hay valores que están por encima de la separación de poderes y que justifican una utilización más que discutible de su función jurisdiccional.
Hoy la capacidad de retorcer la interpretación de las leyes que ejercen las derechas política, judicial, jurídica, policial y mediática supera de lejos lo que debería ser admisible. El gobierno de PSOE y Sumar tiene la responsabilidad de impulsar los mecanismos que el propio Derecho ofrece, mediante reformas legales aprobadas en el Congreso de los Diputados, para restablecer el correcto funcionamiento del sistema democrático. No será fácil, exige valentía, pero es imprescindible. Y en este contexto tan complicado, Junts per Catalunya debería saber que la exagerada escenificación partidista tiene un límite, y que votando contra la ley junto al PP y Vox ha hecho precisamente lo que los jueces contrarios a la amnistía perseguían.
Cataluña Plural, 2024 
