Estados Unidos lo ha vuelto a hacer. Ha regresado a la senda que mejor refleja su propia historia: la de imponer su voluntad a golpe de violencia contra quienes no se pliegan a sus intereses. Lo hicieron con los pueblos indígenas como los iroqueses o los sioux, arrasando territorios y aniquilando comunidades enteras para apropiarse de una tierra que después llamarían propia. Lo hicieron más tarde en el continente latinoamericano, interviniendo, derrocando gobiernos incómodos y sosteniendo dictaduras cuando convenía. Y lo han vuelto a hacer ahora, en pleno siglo XXI, con Venezuela.
Lo sucedido esta madrugada no es un episodio aislado ni una anomalía. Es otro ejemplo del modus operandis de la mayor potencia militar del mundo. Washington sigue actuando como si el hemisferio occidental fuera su patio trasero, como si la soberanía de los demás países fuera condicional y revocable. El secuestro del presidente de Venezuela no es solo una violación flagrante del derecho internacional; es también un mensaje político del cacique global dirigido al resto del mundo: la legalidad existe mientras no contradiga los intereses de Estados Unidos.
En el fondo, no se trata de defender o no a Maduro, sino de denunciar la impunidad con la que Estados Unidos se cree con el derecho de entrar de noche en un país soberano y secuestrar a su presidente. Democrático o no, con sus luces y sombras, ese gobierno contaba con un respaldo popular significativo. Pero Washington no reconoce urnas, procesos ni voluntades colectivas si el resultado no le conviene.
Y aquí está el núcleo del asunto: no es solo que Estados Unidos actúe como un matón global disfrazado de moralista, sino que lo hace persiguiendo intereses muy concretos. No se trata de una cruzada idealista por la democracia, sino de asegurar el acceso a recursos estratégicos como el petróleo. El barniz ético solo encubre una forma de terrorismo de Estado a escala internacional: imponer por la fuerza lo que no pueden obtener mediante la diplomacia o el respeto a la soberanía. Y es que cada vez que se acepta, se justifica o se relativiza una intervención de este tipo, se vacía un poco más de sentido conceptos como democracia, legalidad o derechos humanos. Y lo que queda al final no es un orden internacional basado en normas, sino una ley del más fuerte donde el matón siempre actúa con total impunidad.
Este episodio vuelve a desnudar la profunda hipocresía del discurso occidental sobre el derecho internacional. Las mismas potencias que exigen respeto a la legalidad, a las fronteras y a las instituciones cuando se trata de rivales geopolíticos, se saltan todas esas normas cuando son ellas las que actúan. No hay resoluciones de la ONU, no hay tribunales internacionales ni principios jurídicos que valgan cuando el poder decide imponer su ley por la fuerza.
