Mejor que pedir perdón es sanar la herida. Quince meses después de las graves inundaciones que asolaron el País Valencià, el 29 de octubre de 2024, la huella de la destrucción sigue siendo visible en innumerables lugares y en el rostro de miles de damnificados. Aquel día fatídico, más de 306.000 personas resultaron afectadas en 89 municipios, de las cuales 230 perdieron la vida. En Castilla-La Mancha y Andalucía murieron también ocho personas a consecuencia de la DANA. La superficie inundada en el territorio valenciano alcanzó las 56.173 hectáreas, casi tres veces la extensión de la Albufera de València, según un mapa cartográfico elaborado por el Departamento de Geografía de la Universitat de València. Las pérdidas materiales globales superan los 20.000 millones de euros y las obras de reconstrucción se estiman en más de 12.000 millones de euros.
La riada no solo se llevó vidas humanas, bienes materiales y proyectos de vida; también se llevó por delante a un presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, incompetente y mentiroso, que no estuvo a la altura de las circunstancias ni durante el día de la catástrofe ni a lo largo de todo el año 2025. Como es sabido, en los momentos más duros de la riada, mientras el pueblo se ahogaba, Mazón estaba almorzando en el restaurante El Ventorro con la periodista Maribel Villaplana, sin asumir su responsabilidad como presidente para gestionar directamente la emergencia. Una serie de manifestaciones ciudadanas, organizadas cada mes a lo largo de 2025 por la plataforma de asociaciones de afectados Acord Social Valencià, bajo el lema “Mazón, dimisión”, logró finalmente la renuncia de Mazón como presidente del Consell el 3 de noviembre. Una dimisión en la que fue determinante la humillación de Mazón durante el funeral de Estado en València, el 29 de octubre de 2025, en el que familiares de las víctimas lo calificaron de “sinvergüenza”, “asesino” y “rata cobarde”, entre otros improperios, con gritos de “Mazón, dimisión”, ante la mirada atónita de los Reyes de España y de las máximas autoridades del Estado.
La dimisión de Mazón es una victoria cívica agridulce de la sociedad valenciana, ya que el expresidente conserva su acta de diputado en Les Corts Valencianes, mantiene su aforamiento y continúa percibiendo un suntuoso salario público. Acord Social Valencià ha cambiado de estrategia y ahora convoca protestas bajo el lema “Ni olvido ni perdón. Mazón, a prisión”, al tiempo que exige la dimisión en bloque de un Consell continuista, ahora presidido por el popular Juanfran Pérez Llorca, muy próximo a los postulados de Vox. Un presidente que, no lo olvidemos, ha sido elegido desde Madrid por decisión de los líderes del PP y Vox, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, respectivamente, en un claro ejemplo de gobernanza colonial que molesta a una parte importante de la ciudadanía valenciana.
La mala gestión de la catástrofe, conviene recordarlo, también provocó la destitución de la consellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, el 22 de noviembre de 2024, en un claro intento de Mazón de exonerarse de su responsabilidad. La actuación de Pradas en la crisis fue objeto de amplia controversia pública y mediática, especialmente por no emitir alertas a la ciudadanía y por las decisiones erróneas adoptadas desde el Centro de Coordinación Operativa Integrada (CECOPI) de la Generalitat Valenciana.
Este terremoto político, síntoma de la anormalidad y la polarización social en la que vive el pueblo valenciano desde la riada, no oculta la aflicción y la impotencia de los damnificados y de una parte numerosa de la ciudadanía que ve todavía lejana aquello que los políticos llaman “normalidad” y “reconstrucción”. De hecho, la anomalía y las dificultades en la gestión de la posriada han sido las notas dominantes de este último año.
Pérdidas humanas y materiales desmesuradas
Y no es para menos: los datos oficiales de la catástrofe son estremecedores. Exponemos algunas de las cifras del dolor. Según el Pla Endavant de la Generalitat Valenciana, aprobado el 31 de julio de 2025 (información que deberá ser contrastada y, en su caso, revisada en estudios futuros), un total de 306.163 personas resultaron afectadas de manera directa o indirecta, entre las cuales hay que lamentar —como ya se ha dicho— la muerte de 230 personas ahogadas por las aguas de barro, según constatan las resoluciones judiciales de 30 de mayo y 19 de octubre de 2025. El 69 % de los afectados se concentran en los municipios de Paiporta, Catarroja, Algemesí, Aldaia, Alfafar, València, Benetússer, Massanassa, Sedaví y Picanya. Pero otras 79 localidades valencianas también sufrieron la furia de las aguas desbordadas.
En conjunto, las pérdidas materiales han sido desmesuradas. Resultaron dañadas 136 instalaciones sociosanitarias públicas (entre ellas 82 residencias, 20 centros de día y 22 centros ocupacionales); 15.969 viviendas, con un coste estimado de daños de 569 millones de euros; más de 120 centros educativos públicos; 166 espacios deportivos; y 165 locales de asociaciones y empresas culturales, principalmente de las artes escénicas, sociedades musicales y el gremio de libreros. Además, fueron dañados más de 144.000 vehículos, de los cuales aproximadamente 122.567 (el 85 %) fueron considerados siniestro total.
Asimismo, más de 300 centros y espacios públicos se vieron afectados, 122 de ellos municipales, entre los que destacan 18 museos, 18 archivos públicos, cuatro ayuntamientos, 10 parques, 14 plazas y 31 centros administrativos y socioculturales. También tres comisarías, dos parques de bomberos, cuatro sedes judiciales y 80 bienes patrimoniales. A ello hay que sumar daños estimados en 1.817 millones de euros en infraestructuras hidráulicas, de telecomunicaciones, energéticas, urbanísticas y de transporte (1.450 km de carreteras, 566 km de vías ferroviarias y 380 puentes y pontones). Asimismo, los daños en activos del tejido empresarial superan los 11.600 millones de euros y las pérdidas de inventario unos 2.300 millones. Del mismo modo, el sector agrario ha sufrido daños superiores a los 1.379 millones de euros y un impacto en más de 40.000 hectáreas de uso agrícola. La riada golpeó a los grupos sociales más vulnerables, especialmente a mayores de 65 años, menores de 16 años, migrantes y personas con discapacidad o movilidad reducida. También sufrieron daños de distinta magnitud los parques naturales de l’Albufera y del Túria y la marjal de Tavernes de la Valldigna.
Fuente: Confederación Hidrográfica del Júcar.
Por otra parte, el Consorcio de Compensación de Seguros de España constata, con datos a 1 de enero de 2026, que ha registrado 239.670 solicitudes de indemnización por daños en bienes personales, pérdidas de beneficios y bienes materiales (viviendas, vehículos, locales comerciales e industriales) causados por la DANA entre el 29 de octubre y el 4 de noviembre de 2024. De estas solicitudes, 239.670 (el 95 %) se localizan en municipios de la provincia de València, lo que evidencia la magnitud de la catástrofe en tierras valencianas. Cabe añadir que, hasta el 1 de enero del presente año, el consorcio ha abonado 210.763 solicitudes por un importe global de 4.159,8 millones de euros.
Durante los meses más intensos de la posdana, el Estado desplegó más de 7.500 efectivos militares y 10.000 policías nacionales y guardias civiles, así como diversos grupos especializados en rescate y actividades subacuáticas, con el objetivo de rescatar a supervivientes, garantizar la seguridad y restablecer la normalidad en las calles. Según el Gobierno central, se trata del mayor despliegue de efectivos de los cuerpos de seguridad y de las Fuerzas Armadas realizado nunca en España en tiempos de paz. A estos efectivos se sumaron miles y miles de voluntarios y voluntarias, así como policías y personal municipal, que contribuyeron de manera decisiva a limpiar los pueblos y a restablecer los servicios públicos. No hay palabras suficientes para agradecer este magno ejercicio de altruismo y solidaridad.
Vehículos de la UME en la plaza de la Constitución de Aldaia. Foto: FM.
