Hemos aprendido muchas cosas de esta riada extraordinaria. Diversos estudios multidisciplinares realizados por especialistas de la Universitat Politècnica de València (UPV) y la Universitat de València, así como de otros organismos públicos como la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (Cedex) o la Asociación Valenciana de Meteorología (Avamet), además de historiadores especializados en inundaciones, han analizado científicamente las causas, el desarrollo y los efectos de la riada, poniendo de relieve las lecciones sobre aquello que es necesario mejorar con el objetivo de preparar respuestas a futuros episodios de inundación que corrijan deficiencias y reduzcan vulnerabilidades. Las riadas son un flagelo recurrente en el área mediterránea de la península ibérica. Aprender a convivir con el riesgo de inundaciones es vital, porque en el futuro llegarán más riadas.
La riada de 2024 ha puesto de relieve no solo errores colosales en la gestión política de la emergencia antes, durante e inmediatamente después de la inundación, sino también en la gestión urbanística del territorio y en la falta de información a la población. Debemos aprender de los errores. Existen al menos cinco elementos que deben gestionarse bien y sin demora en un futuro próximo si queremos que la recuperación social y material de la catástrofe sea real y efectiva. Los apunto a continuación:
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Justicia y reparación para las víctimas mortales de la DANA.
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Establecimiento de un protocolo eficiente y compartido de alerta temprana a la población, con una cadena de mando visible y cohesionada.
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Acelerar el ritmo de la reconstrucción en los municipios y la inversión en obras de emergencia en las ramblas desbordadas y en infraestructuras hidráulicas de defensa contra inundaciones.
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Reordenación urbanística del territorio y de las infraestructuras de comunicación en coherencia con el riesgo de inundaciones, desarrollando políticas de gobernanza metropolitana.
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Educación de la población en la prevención y en los riesgos de inundación.
Un año buscando la verdad
2025 ha sido el año de la instrucción judicial de la DANA. La presión política de las víctimas y de las asociaciones de afectados ha logrado apartar a Mazón de la presidencia, mientras la instrucción judicial continúa esclareciendo la gestión del día de la tragedia. Desde el 5 de diciembre de 2024, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Catarroja, cuya titular es Nuria Ruiz Tobarra, lleva adelante una impecable investigación judicial. La jueza ha imputado a la exconsellera Salomé Pradas y a su número dos, el exsecretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso, por presuntos delitos de homicidio y lesiones por imprudencia debido a su nefasta actuación el 29-O, al tiempo que ha invitado a Mazón a declarar voluntariamente en sede judicial, algo que este ha rechazado.
Tal como han destacado diversos autos judiciales, la incompetencia de Mazón, Pradas y Argüeso provocó un envío tardío y erróneo del aviso Es-Alert, que llegó a los teléfonos móviles de la ciudadanía a las 20:11 horas del día del temporal, cuando ya se habían producido numerosas muertes. La jueza destaca en uno de sus autos “la existencia de indicios abrumadores de una conducta negligente” por parte de Salomé Pradas. De hecho, ha incorporado a la causa un estudio conjunto de la Universitat de València, Aemet y Avamet en el que se constata que el 29-O se produjeron muertes entre las 14:45 y las 17:30 horas debido a los desbordamientos de los barrancos de l’Horteta y Gallego.
Las actuaciones del juzgado de Catarroja han desmontado, una tras otra, las falsedades que los investigados y algunos sectores de la derecha y la ultraderecha han vertido contra la jueza para archivar la causa y trasladar el foco de las responsabilidades al Gobierno central y a la CHJ. Esta ha sido la estrategia abyecta del Partido Popular y Vox con el objetivo de eximir de responsabilidad a la Generalitat Valenciana, que posee por ley —conviene recordarlo— las competencias en emergencias y protección civil en el territorio valenciano, así como la vigilancia de barrancos. La instrucción de la jueza de Catarroja ha sido avalada en numerosas ocasiones por la Audiencia Provincial de Valencia ante los intentos de la derecha de apartarla de la causa.
La derecha no ha dejado de tergiversar los hechos en una deshonesta huida hacia adelante. Transcurrido ya un año desde la catástrofe, las heridas de los familiares de las víctimas continúan abiertas y siguen exigiendo justicia y reparación. En el momento de escribir estas líneas, el juzgado de Catarroja investiga los mensajes de WhatsApp intercambiados entre Mazón y Feijóo durante la tarde-noche del 29-O. No sabemos cómo concluirá finalmente la instrucción, pero es evidente que el PP ha perdido el relato de los hechos.
Anticiparse con decisión
El 29 de octubre de 2024 quedó demostrada la falta de coordinación y de respuesta inmediata de las instituciones públicas ante la emergencia. El Es-Alert enviado a las 20:11 horas fue erróneo y tardío; el CECOPI de la Generalitat y el propio Consell no supieron gestionar la información de Aemet y de la CHJ, que sí habían alertado con antelación tanto de la llegada de lluvias torrenciales como del riesgo de desbordamientos. De hecho, el 29-O Aemet activó el aviso rojo a las 7:36 horas, pero el Consell no envió el Es-Alert hasta las 20:11, tardando 12 horas y 35 minutos en reaccionar, con las nefastas consecuencias ya conocidas. Más aún, el Consell no se planteó en ningún momento decretar el confinamiento de la población. Otras instituciones, como la Universitat de València, sí atendieron los avisos de Aemet y de la CHJ y suspendieron sus actividades.
Un año después se ha aprendido la lección. Durante los episodios de lluvias intensas del 29 de septiembre y del 28 de diciembre de 2025, las cosas se hicieron mejor. El 28 de diciembre fue una jornada de caos y angustia en la Ribera Alta. Un temporal de lluvias provocó desbordamientos en puntos críticos de los ríos Magro y Verde y del barranco de Barxeta, inundando l’Alcúdia, Guadassuar, Barxeta, Carcaixent, Rafelguaraf y la Pobla Llarga, municipios que ya habían sido castigados por las aguas el 29-O de 2024.
En ambos casos, la alerta roja se afrontó con recomendaciones claras a la ciudadanía, suspensión de actividades escolares y actos públicos, tráfico reordenado y una cadena de mando de la emergencia visible y ordenada. La Generalitat, los ayuntamientos y los organismos de emergencia actuaron con un guion claro y compartido. Además, los Es-Alert se enviaron a tiempo y con un mensaje claro: evitar desplazamientos innecesarios, mantenerse alejados de los cauces de ríos y barrancos, respetar los cortes de tráfico y, en caso de aumento del nivel del agua, acceder a plantas superiores. En estos dos episodios, Aemet y la CHJ realizaron la misma labor, pero ahora el Consell tuvo percepción del riesgo y se anticipó. Se ha demostrado que la alerta temprana es clave, ya que ha permitido a la población proteger sus viviendas y autoprotegerse.
Asimismo, se ha avanzado notablemente en el ámbito local. Muchos ayuntamientos han analizado de manera metódica sus planes de actuación frente al riesgo de inundaciones para aplicarlos de forma eficiente ante una emergencia real, mientras que otros municipios que no disponían de plan lo están redactando ahora. Paralelamente, se han constituido más Centros de Coordinación Operativa Municipal (CECOPAL) y, en muchos municipios, se han creado comisiones ciudadanas de reconstrucción en colaboración con los ayuntamientos.
