Las informaciones añadían que “fuentes socialistas” expresaban su preocupación por las consecuencias de las peleas y la crisis de los partidos situados a su izquierda. Eran filtraciones interesadas: pretendían empezar a promover el voto útil al PSOE como única opción para frenar a la derecha y la extrema derecha cuando se convoquen elecciones. Los socialistas son especialistas en intentar inflar su voto absorbiendo al de las otras izquierdas. Hacer llegar a la ciudadanía su interesada preocupación por la inestabilidad de este espacio político era una manera de querer dejar claro, una vez más, que el único voto progresista útil es el PSOE.
Un PSOE tocado
Los hechos de las últimas semanas han modificado sustancialmente la situación. El gravísimo caso de presunta corrupción de los dos ex secretarios de organización del PSOE, el exministro Ábalos y el exdiputado Santos Cerdán, junto con Koldo, y la baja estofa machista de sus conversaciones y comportamientos, sumado a otros episodios sospechosos como el de Leire Díez, han provocado un terremoto político. Lo más lamentable es que se mezcla este caso, que parece real, con otros susceptibles de ser considerados lawfare y que ahora afectan a un PSOE que no se inmutó cuando esa práctica se utilizaba contra Mónica Oltra, Ada Colau o políticos independentistas. Pedro Sánchez y el PSOE están tocados; y el sueño de la derecha y la extrema derecha política y mediática españolas, que caiga el gobierno de coalición progresista, sobrevolaba el hemiciclo del Congreso cuando arrancaba la sesión del miércoles, 9 de julio. Pero si ahora el gobierno progresista entra en crisis, nadie podrá decir que es culpa de los socios minoritarios: y la perspectiva de una futura bajada del voto socialista es más que creíble.
Medidas contra la corrupción
Más allá de pedir perdón, el PSOE debe garantizar transparencia y tomar medidas internas contundentes. Una auditoría externa independiente de las finanzas del partido solo será útil si va más allá de una aproximación exclusivamente técnica: debería ser también una auditoría política que investigara todas las finanzas del PSOE, incluyendo las de sus organizaciones regionales y locales. Las medidas acordadas en el último Consejo Federal no parecen haber sido demasiado bien recibidas por la ciudadanía y se adoptaron de forma simultánea a la dimisión, antes de tomar posesión, de uno de los propuestos por Sánchez para regenerar el partido, acusado de comportamientos machistas: un golpe duro a la credibilidad del presidente.
Son más necesarias que nunca medidas en el ámbito de la política institucional. Sumar y los Comunes plantearon hace unos días reiniciar la legislatura sobre unas bases diferentes; no quisieron quedarse en la indignación y propusieron diversas iniciativas contra la corrupción que el Gobierno debería adoptar. Hay proyectos aparcados desde hace demasiado tiempo como la creación de un organismo de control externo del funcionamiento de la administración al estilo de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF). Las medidas anunciadas por Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados parecen bien encaminadas, y recogen buena parte de las planteadas por Sumar, pero no son suficientes. Las investigaciones y los cortafuegos deberían alcanzar todos los ámbitos de la Administración, incluidas las adjudicaciones realizadas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y las Fuerzas Armadas.
Quizá sería el momento —aunque no parece muy posible— de una remodelación de Gobierno no solo en clave de las dinámicas internas del PSOE: a Sánchez ni siquiera se le ha pasado por la cabeza ceder el Ministerio de Transportes, situado en el ojo del huracán de las sospechas, a una persona consensuada con Sumar y otros socios de investidura, o la creación de un nuevo Ministerio de Transparencia encabezado por una personalidad independiente de prestigio. Que estas posibilidades suenen a política ficción es un indicador de que el PSOE todavía no ha asumido dónde se encuentra.
La relación PSOE–Sumar
La mayoría de la ciudadanía progresista quiere que el gobierno continúe, siempre que no aparezcan nuevas informaciones aún más graves. Pero si la legislatura aguanta, un PSOE herido, y por tanto más débil que nunca, debería aceptar cambiar la relación prepotente que hasta ahora ha mantenido con Sumar. La cuestión viene de lejos. Cuando Podemos y el PSOE pactaron el primer gobierno de coalición progresista en diciembre de 2019, Pablo Iglesias aceptó que el PSOE se reservara todos los ministerios considerados de Estado (Defensa, Justicia, Interior, Exteriores), nombrando a varios ministros del ala derecha del partido, la mayoría procedentes de la magistratura. Los socialistas también se quedaron los ministerios de mayor capacidad económica y de inversión, que gestionaban más del 93% del presupuesto.
Sumar, con menos fuerza, ya no pudo modificar sustancialmente esa relación desigual en el pacto de 2023: solo la capacidad de iniciativa de la vicepresidenta Yolanda Díaz al frente del Ministerio de Trabajo a partir de la alianza con los sindicatos, y la buena labor de los otros ministerios —aunque limitada por la insuficiencia de competencias— han procurado poner algo de equilibrio en la relación entre los socios; destaca en este aspecto la positiva sorpresa del ministro de Cultura, Ernest Urtasun, dotando a su departamento de un innovador carácter plurinacional. Hoy, la situación actual exigiría un cambio en la relación entre las dos fuerzas que conforman el gobierno de coalición. Y ese cambio pasa también porque el PSOE deje de poner palos en las ruedas a las propuestas de Sumar en el ámbito de la regeneración democrática (incluyendo las actuaciones contra políticos corruptos y empresas corruptoras o la reforma sustancial de la Ley Mordaza), de la política internacional (reforzando aún más la posición ante el genocidio en Palestina o revisando el vergonzoso olvido del Sáhara Occidental), y de las políticas sociales (en especial, en materia de vivienda y derechos laborales).
La ciudadanía progresista solo puede aceptar de buen grado la continuidad de un Ejecutivo herido si este prioriza actuar como un auténtico gobierno de izquierdas. Que Junts o PNV puedan no apoyar determinadas propuestas en materia de vivienda, trabajo o fiscalidad no exime al Gobierno de la obligación de someter esas medidas a votación y llevar los Presupuestos de 2026 al Congreso para que todo el mundo se retrate. El argumento de que una determinada iniciativa no cuenta con los apoyos necesarios debe terminarse.
En el debate en el Congreso, Yolanda Díaz, en medio de unas circunstancias personales dolorosas, supo encontrar el equilibrio entre la voluntad de preservar la continuidad del Gobierno de coalición y la exigencia al PSOE, y demostró que sigue siendo una de las principales referentes de la izquierda. También ERC, EH Bildu y PNV, con diversos grados de crítica, intentaron ser positivos.
Junts repitió por enésima vez el manido discurso inspirado en Francesc Cambó que afirma que no son de derechas ni de izquierdas y que solo representan a Cataluña, a pesar de ser el quinto partido en votos en las elecciones generales en nuestra comunidad y de estar fuera del Govern de la Generalitat. Y Podemos volvió a enseñar sus cartas: ellos, como un sector del independentismo, piensan que “cuanto peor, mejor”, convencidos de que se moverán con más comodidad si gobiernan la derecha y la extrema derecha, un discurso que se les puede volver en contra porque obvia que una gran parte del electorado progresista no quiere tirar la toalla y reclama unidad, ilusión y esperanza para no dar por hecha la victoria de las fuerzas reaccionarias. PP y Vox, cada vez más escorados hacia la derecha radical, no supieron aprovechar una situación que les podía ser favorable; Núñez Feijóo, en lugar de sumar apoyos, rompió posibles colaboraciones y pronunció un discurso más que lamentable.
El espacio a la izquierda del PSOE
Las reflexiones anteriores no implican obviar la segunda parte de la ecuación. Movimiento Sumar, Comunes, Izquierda Unida, Más Madrid, Compromís, Més, Chunta Aragonesista, Podemos, ERC, Bildu, BNG y otras fuerzas de izquierdas tienen mucho que reflexionar, hablar y acordar. Ahora más que nunca, con un PSOE abatido y desacreditado, hace falta un frente plural y flexible de izquierdas que pueda aglutinar el voto de mucha gente progresista, incluyendo a la parte ahora decepcionada con los socialistas. Está en manos de estos partidos que el voto útil cambie de sentido. Pero eso exige menos egos, menos resentimientos y más generosidad.
Haría falta que Podemos, cuando afirma que este es “el gobierno de la guerra” o que hace las políticas del PP, recuerde que desde enero de 2020 hasta noviembre de 2023 formó parte del Gobierno de Pedro Sánchez, mientras España era miembro de la OTAN (que celebró en 2022 su Asamblea Parlamentaria en Madrid), Palestina ya sufría la ocupación genocida de Israel, el Gobierno apoyaba a Ucrania contra la invasión de Putin y José Luis Ábalos era ministro de Transportes y se producían muchas de las adjudicaciones hoy bajo sospecha. Y también sería necesario evitar dispararse en el pie con el riesgo de ruptura de Compromís, una opción política decisiva para desalojar a Mazón de la Generalitat Valenciana y para configurar una mayoría progresista en el Congreso. Y esta reflexión no implica, que quede claro, que no sea necesaria una reforma en profundidad del grupo parlamentario de Sumar para hacerlo verdaderamente plurinacional.
Contemplar la hipocresía sin límites de PP y Vox ante una corrupción que conocen sobradamente y pensar cómo afectaría su gobierno a los derechos de las mujeres, del colectivo LGTBIQ+, de los trabajadores o de las personas migrantes, a los servicios públicos, a las relaciones internacionales y políticas de cooperación, a la pervivencia del catalán, el euskera o el gallego, o al autogobierno de Cataluña, debería promover una reacción contundente de las izquierdas. Pero no solo por el voto del miedo sino para recuperar la ilusión de transformar la sociedad.
Catalunya Plural, 2024 
