El tercer sector social catalán y por extensión el conjunto de los servicios de atención a las personas de nuestro país, viven un momento de alta complejidad y retos importantes, encontramos más preguntas que respuestas. Las entidades sociales hace años que trabajan para acompañar y atender a las personas más vulnerables con modelos de financiación insuficientes. A menudo han sustentado aquello que el Estado y los gobiernos no han querido o no han sabido garantizar: derechos, dignidad, vínculos. Pero este esfuerzo sostenido no ha sido correspondido cómo hacía falta. ¿Podemos afirmar puesto que la política institucional y los partidos han fallado al tercer sector social? No por omisión puntual, sino por una negligencia estructural que pose en riesgo su función transformadora.
Los diferentes gobiernos de los años de democracia, sin excepción, han tratado el tercer sector como prestamista barato de servicios, no como actor de cambio. Las entidades, acompañado siempre de buenas palabras e intenciones, son convocadas para legitimar políticas ya decididas, pero se las excluye de los espacios donde se definen las prioridades y se les niega la mejora de la financiación imprescindible para garantizar sostenibilidad y calidad. ¿Estamos convirtiendo la concertación en una coreografía vacía, donde la participación es decorativa y la voz de las entidades, prescindible?
Mientras tanto, los partidos han instrumentalizado el sector para hacer política de proximidad, pero sin compromiso real y firme con sus demandas. Han ignorado las alertas sobre la precarización de los equipos, la cronificación de las situaciones de exclusión y la carencia de recursos para hacer intervención comunitaria. ¿Hay que asumir que se ha preferido el gesto ante la reforma, la foto ante el cambio?
¿La situación es culpa solo del actual Gobierno? Evidentemente que no. Cómo pasa con la educación, la sanidad, las infraestructuras y el resto de los frentes abiertos, el actual ejecutivo paga las consecuencias de años de dejadez y de estrategias estériles que nos han dejado un país trinchado y unos servicios públicos devaluados. Pero quien gobierna sabe que le toca asumir las reivindicaciones. Eso sí, no podemos dejar de denunciar el cinismo escandaloso de los partidos que han gobernado los últimos años y ahora se atreven a denunciar el que ellos provocaron o no fueron capaces de resolver.
Este abandono no es solo injusto: es peligroso. Cuando las entidades no pueden hacer su trabajo, las personas vulnerables quedan desprotegidas. Cuando el tercer sector es deslegitimado, la sociedad pierde un espacio de crítica, innovación y resistencia. Y cuando la política ignora su valor, renuncia a una aliada imprescindible para repensar el modelo social.
Si las entidades sociales caen, no solo perderemos un sector esencial que da trabajo a más de cien mil personas; perderemos el último dique de contención ante una crisis social que cada vez afecta una parte más grande de nuestra sociedad. Una crisis, consecuencia de políticas erróneas que han llevado a un país rico cómo Catalunya a índices intolerables de pobreza, vulnerabilidad y desigualdades.
La invisibilización del sector también tiene consecuencias reputacionales. Las entidades son cuestionadas por su dependencia pública, pero se las condena a sobrevivir con convenios y financiación insuficientes, plazos imposibles y burocracias asfixiantes. Se los exige excelencia sin garantizar condiciones dignas. Es una paradoja que erosiona la confianza ciudadana.
Hay que romper este círculo. El tercer sector no puede limitarse a denunciar: tiene que proponer. Y la política no puede limitarse a escuchar: tiene que transformar. Necesitamos una nueva alianza basada en el reconocimiento mutuo, la corresponsabilidad y la valentía institucional. Un nuevo paradigma que entienda las entidades como espacios de gobernanza compartida, no como subcontratos.
Las propuestas de los poderes públicos hacia el sector derivadas de esta alianza tienen que fundamentarse en el respeto y el reconocimiento, no en la desconfianza y en el cuestionamiento. Hasta ahora, las entidades han actuado desde la resignación, “el ir tirando”, el conformismo, “el mejor esto que nada”, aceptando a menudo ser las últimas en la lista de prioridades. Quizás ha llegado la hora de decir basta y reivindicar un trato digno, como hacen los otros colectivos vinculados a los servicios públicos y al estado del bienestar.
Hay que partir de un cambio de valores: poner la dignidad en el centro, reconocer la vulnerabilidad como hecho estructural, y entender las curas como principio político. Solo así podremos construir un modelo social que no delegue la justicia en la caridad, ni la transformación en la resistencia silenciosa de las entidades.
El tercer sector no pide privilegios. Pide coherencia. Y la política, si quiere recuperar credibilidad, tiene que empezar por escuchar aquello que hace años que las entidades dicen: que, sin ellas, la democracia es más frágil. Que, sin reconocimiento, no hay transformación. Y que, sin alianza, no hay futuro.
Todo y las dificultades, el tercer sector ha demostrado una capacidad de innovación y resistencia extraordinarias. Las experiencias de éxito nos recuerdan que el cambio es posible cuando hay voluntad y colaboración.
