“Con la ratificación del convenio 189 [junio de 2022] y la aprobación del real decreto de septiembre de 2022 la situación de las trabajadoras del hogar ha mejorado mucho”, reconoce Fany Galeas, responsable del área de trabajadoras del hogar de CCOO Cataluña. “Pero hay un problema que se mantiene: una parte importante de las trabajadoras está en situación irregular”, añade. Así lo corrobora el Observatorio del Trabajo y Modelo Productivo del Departamento de Trabajo, que con datos de hace dos meses indica que 30.826 personas que trabajan en el sector del hogar y los cuidados en Cataluña, el 35% del total, lo hacen en la “informalidad”. Además, destaca que es una “proporción que va al alza desde el año 2021”.
En España, la adquisición y equiparación de derechos de las trabajadoras del hogar, ya sea para realizar tareas de limpieza o para el cuidado de personas enfermas, con dificultades de movilidad o dependientes, comenzó en el 2011. Hasta entonces, se regían por un decreto de 1985 que las situaba en un régimen especial, fuera de las coberturas básicas que sí asistían y asisten al resto de trabajadores (sobre todo a los asalariados), como el derecho al paro, a vacaciones pagadas, a baja laboral, a jubilación o derecho a sindicarse.
Desde hace 12 años deben tener un contrato por escrito, dos pagas extraordinarias al año, cotizar en la Seguridad Social, acceso al salario mínimo interprofesional o un descanso básico concreto entre jornadas de trabajo. Pero el empuje definitivo para igualar los derechos de estas profesionales con los del resto de trabajadores fue el real decreto de 2022, “forzado por sentencias europeas”, recuerda Pedro Moreno, responsable de asesoramiento jurídico de la red Treball de la llar just. A partir de entonces, los despidos deben tener una causa concreta, se les debe avisar antes (20 días de antelación), deben recibir una indemnización, si se quedan sin trabajo pueden acogerse al paro, están protegidas por la regulación en riesgos laborales y tienen derecho a permisos retribuidos. Unos cambios legales que, pese a las intenciones, no han satisfecho del todo a las trabajadoras ni tampoco a las familias contratantes.
Particulares convertidos en empresarios
“Actualmente, la gran mayoría de trabajadoras del hogar se dedica al cuidado de personas, más que a la limpieza”, señala Moreno. “Ha habido un cambio bestial, porque la población ha envejecido mucho, ha perdido autonomía y las familias no pueden hacerse cargo directamente. Un cambio de tendencia que la ley no ha recogido: no diferencia entre tareas de cuidados y de limpieza”, lamenta. Por otra parte, la de quien contrata, “en la mayoría de casos se encuentran con dificultades de gestión y económicas. Las familias o personas pasan a ser empresarios sin los conocimientos básicos para ejercer como tales, explica el abogado. Una situación que ha hecho emerger empresas y cooperativas que actúan como intermediarios entre las trabajadoras y las familias, así como plataformas digitales que facilitan su contacto.
Las personas y familias que contraten directamente a una persona para la limpieza de casa deben darla de alta en la Seguridad Social y pagarle un sueldo, por lo que deben tener en cuenta el convenio del sector o el salario mínimo interprofesional para no remunerarla por debajo, fuera de la ley. Cotizaciones y salarios se actualizan cada año, lo que obliga a los usuarios a revisarlos periódicamente. “Las familias suelen contratar por pocas horas a la semana y no les sale a cuenta hacerlo directamente. Acaban pagando más a la Seguridad Social que a la trabajadora”, porque el primer escalón de las cotizaciones es muy alto, expone Pedro Moreno. Si lo hacen mediante una empresa, puede salirles mejor de precio. Para la trabajadora, en cambio, cuando el contrato es por pocas horas es más beneficiosa la relación directa con una familia: “Existe la idea generalizada de que una trabajadora de la limpieza cobra 10-12 euros netos/hora. En cambio, si lo hace a través de una empresa recibirá el precio/hora especificado en el convenio, por debajo de los 10 euros/hora. Difícilmente cobrará por encima del convenio”, precisa el asesor jurídico de Treball de la llar just. Hacerse trabajadoras por cuenta propia, autónomas, no les compensa porque “en general, a los autónomos ya les cuesta llegar a fin de mes con unos precios/hora de 30-40 euros. Para una trabajadora de la limpieza no es viable, porque suele cobrar 10-12 euros/hora”, especifica el abogado.
La atención necesaria para contratar directamente a una trabajadora de la limpieza ha impulsado la creación de empresas y cooperativas que ofrecen este servicio. Algunas son colectivos de trabajadoras mismas que se agrupan y ofrecen el servicio completo a las familias: una profesional de la limpieza formada + la parte de gestión, como la cooperativa Més que cures. “Hace seis años, montamos la entidad porque en el barrio [el Poblesec barcelonés] había muchas chicas trabajando en negro”, recuerda Montse Ortí, miembro de la entidad. Ahora son una treintena de empleadas y mayoritariamente trabajan por horas. “Todas estamos aseguradas por el régimen general, estamos formadas, cobramos según convenio y hacemos el contrato directo con las familias”.
Abusos e irregularidades
El poco reconocimiento social del trabajo, la elevada feminización (el 91% de las profesionales contratadas en Cataluña el año pasado eran mujeres), la gran presencia de trabajadoras extracomunitarias (un 63% en 2023) y, sobre todo, que se lleva a cabo en un ámbito privado, el hogar, demasiado a menudo expone a las trabajadoras a abusos e irregularidades. Inspección de Trabajo pone poco el foco en este sector, a juicio de los expertos. “La tarea transformadora hay que hacerla con las familias”, sostiene Pedro Moreno, “la gran mayoría no sabe cómo hacerlo correctamente, aunque también hay quién se aprovecha”. Las cifras de las cotizaciones a la Seguridad Social echan para atrás a algunas familias, que entonces pactan relaciones al margen de la ley, en negro. La necesidad de ingresos por parte de algunas candidatas, sobre todo si son inmigrantes y su situación administrativa en Cataluña es irregular, facilita la aceptación de vínculos laborales fraudulentos.
“El problema principal es la ley de extranjería”, considera Fany Galeas, de CCOO. Para poder obtener un permiso de trabajo, la empresa debe hacerlo, pero muchas familias no están dispuestas a ello. Para obtener la autorización de residencia es necesario demostrar tres años viviendo en España. Y para vivir hay que ganar dinero, lo que empuja a muchas profesionales a aceptar situaciones anómalas. Además, la representante sindical también relata que hay usuarios que despiden a las trabajadoras para no tener que pagarles las vacaciones, otros las hacen trabajar más horas al día de las oportunas, y algunos pagan por debajo del salario mínimo interprofesional. Allí hay quién le suma el trabajo de cuidados a terceros (para lo que no están preparadas, advierte Galeas) e incluso casos en los que las trabajadoras sufren acoso o abusos sexuales. “La mayoría no dice nada por miedo o por vergüenza”, asegura.
Las infracciones no son solo cosa de los particulares. Empresas como Cuideo, que se identifica como agencia de colocación y así lo reconoce el Sistema Nacional de Empleo, han pasado por los juzgados por, entre otras cuestiones, quedarse con el 25% del salario de las trabajadoras. Según una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de marzo del 2022, esto sobrepasaba las competencias de una empresa intermediaria. Hace un año, el Juzgado de lo Social número 15 de Barcelona concluyó que la plataforma Clintu mantenía una relación laboral con las trabajadoras. “Es como Tinder o como Glovo”, declara Montse Arcos, abogada de CCOO Catalunya que llevó esta demanda. “No es una herramienta informática que pone en contacto a usuarios y trabajadoras, sino que el algoritmo controla el horario, el salario o el trabajo que deben hacer las candidatas”, explica. “Pudimos acreditar que las trabajadoras no establecían las normas para trabajar, que los sueldos siempre estaban por debajo de convenio y que no se respetaban los descansos”.
“Las plataformas han ido proliferando, abren y cierran, y es una manera de encontrar trabajo, pero habría que hacer un acompañamiento. En muchos casos fomentan la precarización y la pérdida de derechos de las trabajadoras. Es liberalismo puro y duro”, cree Pedro Moreno. MyPoppins, startup barcelonesa que conectaba usuarios con profesionales de la limpieza y que CCOO también había denunciado por contratar a falsos autónomos, presentó concurso de acreedores el pasado abril.
Texto publicado originalmente en La fàbrica digital
