Es vergonzoso que personas mayores, después de haber trabajado toda su vida, se encuentren ahora al borde de la pobreza y excluidas socialmente. También es lamentable que nuestros hijos y nietos, la generación más preparada de la historia, no encuentren trabajo en ninguna parte del Estado y se vean obligados a emigrar a otros países de Europa para ganarse la vida.
La oferta de vivienda pública en España es significativamente más baja en comparación con otros países de la Unión Europea, situándose solo en torno al 2%. Esta situación contrasta con la de países como Austria, donde más del 60% de los vieneses viven en viviendas públicas o sociales. En Cataluña, la inversión en políticas de vivienda es solo del 0,1% del PIB, muy por debajo de la media europea del 0,6%. Esta diferencia en la oferta de vivienda pública refleja las prioridades y medidas adoptadas por algunos gobiernos dentro de la Unión Europea para abordar este grave problema.
El aumento de los precios tanto de las hipotecas como de los alquileres ha creado una situación difícil para muchos, especialmente para pensionistas y jóvenes. Esta problemática se ve agravada por pensiones bajas y salarios insuficientes, así como por unas altas tasas de paro, especialmente entre los jóvenes. Estas condiciones han llevado a que muchas personas mayores se encuentren en una situación de vulnerabilidad económica después de toda una vida de trabajo, y que la juventud, a pesar de estar altamente cualificada, tenga que buscar oportunidades fuera del país.
Para abordar esta crisis de la vivienda, es necesario priorizar medidas que aumenten la oferta de vivienda pública, regulen los precios de los alquileres y promuevan políticas que fomenten el empleo y salarios dignos. También se debe discutir la necesidad de reformas estructurales que puedan proporcionar mayor estabilidad tanto en el mercado laboral como en el sector de la vivienda, dado que existe un reconocimiento creciente de la necesidad de abordar y solucionar la exclusión social y la pobreza que afecta, especialmente, a los colectivos más vulnerables, entre ellos las mujeres pensionistas.
Las soluciones a estos problemas requieren un enfoque multifacético que involucre tanto al gobierno central como a los gobiernos autonómicos o los ayuntamientos, para que tengan en cuenta las necesidades y derechos de todas las personas afectadas. Es urgente que se tomen medidas para garantizar que todos tengan acceso a una vivienda asequible y digna, y que se creen oportunidades para que las personas puedan vivir y trabajar en condiciones justas.
Poner fin a los desahucios y garantizar el derecho a la vivienda es una cuestión de justicia social y un derecho fundamental. Aunque es cierto que en Cataluña se han implementado diversas medidas para prevenir los desahucios y ofrecer apoyo a las familias en situación de vulnerabilidad, también es cierto que los desahucios siguen dejando a muchas personas en la calle que no pueden asumir un alquiler asequible o pagar la cuota hipotecaria.
Por ello, la solidaridad y el compromiso de Marea Pensionista de Cataluña, así como de los colectivos que luchan por el derecho a una vivienda digna y asequible, serán claves para superar estos retos y construir una sociedad más justa e inclusiva para todos.
