El PP y Vox han hecho de la denuncia de una supuesta inseguridad insoportable un eje principal de sus mensajes. Su receta simplista y populista para abordar este problema pasa exclusivamente por prometer más policía, más mano dura y por incrementar el punitivismo penal. Al mismo tiempo, mezclan de forma injustificada la inseguridad con las personas migrantes, a quienes culpan de toda clase de delitos, empezando por las ocupaciones de viviendas. En mayo, Alberto Núñez Feijóo denunciaba que no se puede admitir que “la inmigración ilegal entre en nuestros domicilios y que nosotros no podamos entrar en nuestras propiedades”, un discurso que sintoniza con los gatos y los perros que, según Donald Trump, las personas inmigrantes se comen en Estados Unidos. El PP se presenta como un partido de orden, el único capaz de proporcionar seguridad a la ciudadanía, y denuncia el “buenismo” de las izquierdas.
Sin embargo, la tragedia que ha vivido la Comunidad Valenciana pone en evidencia que la derecha y la extrema derecha no pueden gestionar casos de inseguridad tan graves como el que tuvo lugar a finales del mes de octubre. La cifra de personas fallecidas se acerca a la de víctimas de asesinatos y homicidios registrados en todo un año en el Estado español. La incompetencia del presidente Mazón y de su gobierno ha superado todos los límites y ha sido la causa de que el número de víctimas mortales haya sido tan dolorosamente elevado. Los intentos de desviar las responsabilidades hacia la ministra Teresa Ribera pasarán a la pequeña historia de las manipulaciones más burdas. El PP ha aplicado la misma doctrina que ha utilizado en otras crisis: culpar a otros.
Pero, más allá de esta polémica, podemos ir al fondo de la cuestión y analizar si la ideología y las limitaciones mentales de la derecha le permiten dirigir la prevención y la respuesta ante las emergencias del siglo XXI. Y cada vez hay más elementos para afirmar que no.
1) La derecha niega o relativiza el cambio climático
El PP siempre ha relativizado la realidad del cambio climático. Y llegó al poder en la Comunidad Valenciana con un pacto con Vox, que directamente lo niega. Ese gobierno duró más de un año y ha dejado huella. La decisión de Mazón de plegarse a las exigencias del partido de Abascal y permitir que dirigieran las Emergencias ha tenido graves consecuencias. El desprecio hacia los peligros derivados del cambio climático llevó a suprimir la Unidad Valenciana de Emergencias creada por el anterior gobierno: es cierto que se había aprobado a finales del mandato, pero en el año y medio que ha pasado desde las elecciones se podría haber desarrollado. El gobierno de Mazón la suprimió tildándola de “chiringuito” y mantuvo congeladas hasta el 6 de noviembre, una semana después de la DANA, las cuatro plazas de técnico de la Unidad de Análisis y Seguimiento de Emergencias.
La ciudadanía debería ser consciente de que tener un gobierno que no cree en el cambio climático es un peligro. Los fenómenos meteorológicos están adquiriendo una violencia que no era habitual. Ahora hemos sufrido inundaciones, pero los expertos advierten, por ejemplo, de las condiciones que pueden convertir los incendios forestales de sexta generación en mucho más incontrolables, en medio de una sequía que ha llegado para quedarse. Hace ya nueve años, la Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre la Reducción del Riesgo de Desastres, celebrada en Japón en 2015, advirtió que las administraciones debían adoptar medidas para combatir “los factores subyacentes que incrementan el riesgo de desastres, como las consecuencias de la pobreza y la desigualdad, el cambio climático y la variabilidad climática, la urbanización rápida y no planificada, la gestión inadecuada de las tierras” y otros factores agravantes. Ni la derecha ni la extrema derecha otorgan importancia a estos riesgos ni a las advertencias de los organismos internacionales.
2) La derecha fomenta un urbanismo depredador del territorio
Escribía el catedrático emérito de Ecología de la UB, Narcís Prat, en ‘Catalunya Metropolitana’: “El principal problema de las inundaciones y el porqué en esta DANA la situación ha sido tan dramática, lo tiene la planificación territorial que habitualmente se realiza cuando no llueve”. Vincula esta reflexión con la planteada por el analista estratégico de grandes incendios, Al Beever, quien definía hace años una de las etapas previas a un desastre: ‘la fase de incubación’, que a menudo puede prolongarse en el tiempo y generar la sensación de que no existe ningún peligro. Al cabo de un tiempo tras una catástrofe, la sociedad tiende a olvidarla.
La Comunidad Valenciana, y lo mismo ha ocurrido con mayor o menor intensidad en otras zonas del Mediterráneo, ha sufrido un urbanismo depredador que no ha respetado nada con tal de permitir que determinados particulares obtuvieran ingentes beneficios económicos a corto plazo. El PP, y en algunos periodos también el PSPV, han apostado por este crecimiento incontrolado y especulativo. Ahora han comenzado a recogerse los resultados. Y si el PP, con el apoyo de Vox, continúa gobernando, el problema, lejos de solucionarse, se agravará cada vez más. En Baleares, unos días después de la DANA, el gobierno del PP insistía en legalizar las viviendas ya construidas de forma irregular en zonas inundables.
3) La derecha no activó las alarmas para no afectar determinados intereses económicos
Es necesario aclarar qué hacía el presidente Mazón mientras las personas comenzaban a ser arrastradas por el agua: debe responder ante la justicia por su inacción. Pero también habrá que averiguar por qué nadie del Gobierno valenciano activó las alarmas a tiempo. Es fácil imaginar algunas razones: ¿Qué dirían los empresarios que obligaban a su personal a ir a trabajar? ¿Cómo reaccionaría el sector turístico si se paralizaba el país durante un puente de tres días? ¿Qué argumentarían los empresarios del transporte? El PP responde a los intereses de los poderosos: por eso no supo responder a la emergencia.
4) La derecha no ofrece garantías de honestidad en la reconstrucción
Las primeras decisiones de un Mazón empeñado en no dimitir no son más que la continuación de los errores anteriores. Las adjudicaciones de trabajos a empresas vinculadas con la corrupción que benefició al PP son un ejemplo de la falta de escrúpulos de la derecha. Sabe que la reconstrucción de las zonas afectadas supondrá una oportunidad de negocio inmejorable. La maquinaria ya se ha puesto en marcha, y la decisión de eliminar los topes salariales de los miembros del gobierno es una nueva agresión a las víctimas.
La designación de un teniente general como vicepresidente del Gobierno de la Generalitat para dirigir la reconstrucción, y de otro general como su segundo, expresa un mensaje peligroso propio de los populismos conservadores: los militares garantizarán una actuación rigurosa que los políticos elegidos por la ciudadanía no aseguran. Este mensaje conecta con la ola de autoritarismo que recorre Europa y los Estados Unidos. El teniente general Gan Pampols se ha apresurado a declarar que no aceptará “órdenes políticas ni partidistas”, pero cobrará como miembro del Gobierno valenciano como un político más. ¿Mantendrá este tono desafiante cuando sea llamado a comparecer en las Cortes Valencianas para informar sobre determinados contratos sospechosos? El dardo envenenado contra el sistema democrático ya ha sido lanzado. La idea expresada por algunos medios de comunicación durante estos días, de que todos los políticos son iguales para evitar concretar la responsabilidad en Mazón, va en la misma línea: degradar y cuestionar la democracia.
5) La derecha no asume la capacidad de autogobierno del País Valenciano
Cuando en 1978 se votó la Constitución, José María Aznar propugnó el voto en contra porque, según él, la creación del estado de las autonomías suponía la ruptura de la unidad de España. La derecha y la extrema derecha nunca han creído que las diversas comunidades pudieran tener capacidad de autogobierno. Esta animadversión centralista la han aplicado especialmente contra Cataluña, hasta el punto de no aceptar la voluntad de la ciudadanía expresada votando el Estatuto de 2006 en un referéndum legal. El modelo de España del PP está mucho más cerca del artículo 155 de la Constitución, que permite suspender el autogobierno de un territorio, que del 150.2, que posibilita transferir a las Comunidades una parte de las competencias del Estado central.
No es de extrañar, por tanto, que nunca hayan pensado que, en caso de una emergencia grave, sería el gobierno del PP en la Comunidad Valenciana quien debería dirigir las operaciones. No creen en el autogobierno ni cuando deberían ejercerlo ellos mismos. Por eso no se prepararon para una situación como la DANA. Por eso pensaron que las políticas de seguridad solo sirven para regular y proteger las corridas de toros. Por eso no se dignaron a leer el Estatuto, que les otorga la competencia exclusiva en Protección Civil. Por eso no se preocuparon de saber que existía un sistema de alertas para avisar a la población. Por eso atribuyen las culpas al gobierno central.
Una nacionalidad histórica como el País Valenciano no se merece este grado de sucursalismo incompetente. Después de este trágico episodio, la ciudadanía preocupada por la inseguridad debería saber que no hay mayor inseguridad que la que provoca la derecha.
