¿De verdad alguien puede creer que un plan europeo resolverá la crisis de vivienda copiando y pegando lo que ya hemos visto durante décadas? La Comisión Europea de Vivienda ha presentado su Plan Europeo de Vivienda Asequible como un gesto histórico: por primera vez reconoce que la vivienda es un derecho fundamental, admite que la crisis es estructural, y que millones de personas sufren las consecuencias de un sistema que las deja al margen. Al examinar las medidas concretas, lo que queda es un plan que habla de soluciones sin atreverse a tocar el corazón del problema, convertido en un copiar y pegar el modelo que nos ha traído hasta aquí.
Miremos a España, que funciona como un espejo de lo que ocurre en toda Europa. Los precios de la vivienda han subido un 72% en la última década, mientras que los salarios apenas han avanzado. En ciudades como Barcelona y Madrid, el alquiler puede absorber hasta el 74% del salario medio y los desahucios siguen siendo una amenaza constante: más de 32.000 familias fueron desahuciadas en 2025, según datos del Consejo General del Poder Judicial, a pesar de una moratoria ahora mismo en riesgo por intereses partidistas en defensa de los especuladores.
Jóvenes, familias monoparentales, personas mayores, estudiantes y colectivos vulnerables se enfrentan a un mercado que no está diseñado para protegerlos, sino para maximizar la rentabilidad de bancos y fondos de inversión. Desde 2008, fondos internacionales como Blackstone, Cerberus o Lone Star han comprado cientos de miles de viviendas, consolidando un mercado en el que el derecho a un hogar depende más de la capacidad de pago que de la necesidad social. ¿Cómo podemos hablar de derecho a la vivienda cuando el sistema prioriza la rentabilidad sobre la vida de las personas?
El plan europeo propone aumentar la oferta de viviendas, movilizar hasta 375.000 millones de euros de inversión pública y privada, regular los alquileres turísticos y activar viviendas vacías. Son medidas superficiales, si no se acompañan de límites vinculantes a la especulación, prohibiciones reales a la acumulación masiva de vivienda y protecciones efectivas frente a subidas abusivas de alquiler y los desahucios. La llamada “salvaguardia antiespeculativa” limita la asequibilidad a solo 20 años. Veinte años de garantía frente a decenas de años de crisis y financiarización no son más que un parche temporal.
Aunque el plan habla de renovar y reutilizar viviendas vacías, no establece mecanismos claros para que estas acciones se traduzcan en hogares accesibles y dignos. En España, según el INE, más de 3 millones de viviendas están vacías, muchas en manos de grandes tenedores, mientras miles de familias viven en condiciones precarias. La fiscalidad sobre propiedades vacías y la regulación de inversión privada suenan bien, pero sin criterios vinculantes los grandes inversores podrán captar fondos públicos bajo el pretexto de la asequibilidad. Buena manera de blanquear fondos y aumentar beneficios.
La crisis no es solo económica: es también sanitaria, pero la salud de quienes viven en condiciones deficientes queda fuera de la ecuación. Uno de cada siete europeos vive en condiciones deficientes: humedad, mala ventilación, calefacción insuficiente o exposición a contaminantes. Eso son 70 millones de personas cuya salud se ve afectada directamente por su hogar. En España, la pobreza energética afecta a más de 3,5 millones de hogares, que deben decidir entre calentar la casa o alimentar a sus hijos. El plan europeo no ofrece estrategias claras para garantizar viviendas saludables ni combatir estas desigualdades, prevenir enfermedades, luchar contra la pobreza energética ni asegurar un desarrollo urbano sostenible que cumpla con los objetivos climáticos de la UE.
El Plan Europeo refleja la contradicción central de la política de vivienda: reconoce que la vivienda es un derecho, pero mantiene intacto el modelo que permite tratar los hogares como activos financieros. Mientras la vivienda siga siendo mercancía, el acceso seguirá dependiendo de la capacidad de pago y no de la necesidad real de las personas. El mercado no garantiza derechos: garantiza rentabilidad, y cuando ambos entran en conflicto, la historia demuestra que la rentabilidad siempre prevalece.
Construir más viviendas no resuelve el problema si el modelo sigue siendo el mismo. Sin un parque público robusto, sin límites claros a la especulación y sin medidas que prioricen el derecho a un hogar sobre los beneficios financieros, la crisis persistirá. España es un ejemplo de ello: fondos internacionales como Blackstone, Cerberus o Lone Star controlan barrios enteros, dejando al vecindario que queda por expulsar en la precariedad y sin comunidad. El plan ignora una dimensión crucial: la vivienda como elemento de justicia social y cohesión. Las personas mayores, familias monoparentales, jóvenes, estudiantes, migrantes y colectivos LGBTIQ+ son los más golpeados por el sistema. Que se reconozca su vulnerabilidad es un avance simbólico, pero las medidas concretas son insuficientes. Sin normas vinculantes que garanticen accesibilidad, sostenibilidad y calidad, los derechos seguirán subordinados a los beneficios de promotores y propietarios.
Europa reconoce la crisis, pero no tiene la valentía de enfrentarse a quienes la provocaron. Copiar y pegar soluciones del pasado no cambia la realidad. La vivienda no es un lujo, es la base de la vida, la dignidad y la posibilidad de construir un proyecto vital.
Entonces, ¿qué hacemos? ¿Seguimos mirando cómo la vivienda se convierte en un privilegio de quienes pueden pagarla o comenzamos a reclamar, a organizar y a luchar colectivamente por el derecho que nos pertenece a todos? Los derechos no se conceden desde arriba. Se conquistan desde la organización, la solidaridad y la presión social.
