Cada mañana, antes de que la ciudad despierte del todo, miles de mujeres atraviesan Barcelona, a menudo procedentes del área metropolitana, para ir a cuidar la vida de otras personas: acompañan a una persona mayor que ya no puede salir sola de casa. Sostienen a las criaturas cuando las jornadas laborales se alargan. Limpian, cocinan, escuchan y hacen posible la cotidianeidad.
Sin ellas, la ciudad no funcionaría. Sin ellas, la ciudad se detendría. Sin ellas, algunas no podríamos desarrollarnos ni social ni profesionalmente. Y, sin embargo, con demasiada frecuencia trabajan con salarios bajos, con contratos frágiles o sin ellos, sin protección frente a abusos o riesgos laborales y con una enorme soledad ante cualquier conflicto. Esta es una de las grandes contradicciones de nuestro tiempo: el trabajo que sostiene la vida sigue siendo el que menos derechos tiene.
Durante meses, he tenido la responsabilidad de presidir la comisión municipal de estudio sobre el trabajo del hogar en Barcelona. Por este espacio han pasado expertas, entidades, cooperativas, sindicatos y, sobre todo, trabajadoras que han puesto voz a una realidad demasiado tiempo invisibilizada. El diagnóstico es claro: hablamos de un sector profundamente feminizado, con altos niveles de informalidad, mayoritariamente formado por personas migradas y marcado por una enorme atomización laboral. La contratación directa entre familias y trabajadoras, sin estructuras colectivas ni garantías públicas, genera dependencia y vulneración de derechos, además de poder suponer dificultades en la contratación.
Pero esta realidad no es casual. Es el resultado de un modelo que durante décadas ha considerado los cuidados como un asunto privado, doméstico y secundario. Un modelo que ha descansado sobre el trabajo invisible de las mujeres. Por eso el debate sobre los cuidados y el trabajo del hogar es profundamente político. Especialmente en un momento en el que Europa afronta el envejecimiento de la población, el aumento del coste de la vida y la ofensiva de una extrema derecha que quiere volver a expulsar a las mujeres a la invisibilidad. Entonces, la pregunta ya no es si debemos transformar el sistema de cuidados. La pregunta es cómo lo haremos.
Este 8 de marzo el movimiento feminista de la ciudad vuelve a decirlo con claridad: poner la vida en el centro no puede ser solo un eslogan. Tiene que traducirse en estructuras económicas e institucionales que garanticen derechos.
Desde Barcelona en Comú hace tiempo que defendemos que los cuidados deben dejar de ser una mercancía para convertirse en un derecho colectivo. Esto implica un cambio de modelo. La propuesta que estamos trabajando conjuntamente con el sector es avanzar hacia una empresa público-comunitaria de los cuidados en Barcelona. Un sistema que combine responsabilidad pública con el tejido cooperativo y comunitario que la ciudad ha construido durante décadas.
¿Qué significa esto en la práctica? Pues que una familia que necesita apoyo para cuidar a una persona mayor no tenga que recurrir a una cadena informal de contactos o anuncios precarios, sino que pueda acceder a un servicio con garantías públicas, transparencia y calidad. Significa que una trabajadora del hogar no esté sola ante un conflicto laboral, sino que tenga contrato, derechos, descansos, formación y protección frente a abusos o violencias. Significa que la formación y la acreditación de competencias sirvan realmente para mejorar las condiciones laborales y los procesos de regularización.
Pero también significa algo más: que las administraciones públicas asuman su papel. También el Ayuntamiento de Barcelona. Garantizar que quien cuida la ciudad lo haga en condiciones dignas no es solo una cuestión de competencias administrativas, es una cuestión de incumbencia democrática y de valentía política. Significa construir una intermediación pública que supere la contratación atomizada y que trabaje en alianza con cooperativas, sindicatos y entidades que llevan años sosteniendo este sector.
En definitiva, significa construir un sistema mejor para todo el mundo. Mejor para las trabajadoras, porque garantiza derechos y estabilidad. Mejor para las familias, porque aporta seguridad y continuidad en el servicio. Mejor para la ciudad, porque reduce la economía sumergida, facilita procesos de regularización y refuerza la cohesión social.
Durante demasiado tiempo se ha planteado una falsa dicotomía: o las familias pueden acceder a los cuidados o las trabajadoras tienen derechos. Pero esta es una trampa que solo perpetúa la precariedad. Un sistema público-comunitario permite socializar parte del coste de los cuidados, garantizando al mismo tiempo derechos laborales y acceso universal. Cuando invertimos en cuidados no solo mejoramos las condiciones laborales: mejoramos la calidad democrática de la ciudad.
Barcelona tiene todo lo necesario para dar este paso: un tejido cooperativo fuerte, entidades con una larga trayectoria en la economía social y un movimiento feminista que lleva años impulsando este debate. Lo que falta es convertir este conocimiento acumulado en política pública estructural.
Porque una ciudad que aspira a ser justa no puede seguir sosteniéndose sobre la precariedad invisible de miles de mujeres. Barcelona afronta grandes debates: la vivienda, la transición ecológica, las desigualdades sociales. Pero hay uno que los atraviesa todos: cómo cuidamos la vida.
El futuro de la ciudad dependerá de si somos capaces de organizar los cuidados con dignidad, derechos y responsabilidad colectiva. Porque una ciudad que se construye sobre la precariedad de quien cuida es una ciudad injusta. Pero Barcelona tiene todo lo necesario para hacerlo diferente: un tejido social y cooperativo fuerte, un movimiento feminista que lleva años impulsando este debate y el conocimiento acumulado para construir un sistema de cuidados más justo.
Ahora lo que hace falta es voluntad política. ¿Vamos?
