La llamada Ley Comín o lo que sería el Anteproyecto de ley de fórmulas de gestión de la asistencia sanitaria con cargo a fondo público quedó estancado incluso antes de intentar aprobarse. El Gobierno de la Generalitat de Catalunya, por falta de tiempo, no llegó a tramitar el documento antes de ser cesado como consecuencia de la aplicación del artículo 155 de la Constitución Española. No pudo ni siquiera bajarlo a la Comisión de Salud del Parlamento para proceder a su aprobación. Además, movimientos como Marea Blanca o patronales privadas, agentes sociales relevantes a la hora de desarrollar el anteproyecto, se posicionaron en contra totalmente o parcialmente al respeto. Las diversas fases llenas de trabas que ha vivido el anteproyecto generan incógnitas a su alrededor. ¿La lentitud ha venido sólo marcada por la situación política o bien por no contar con los apoyos suficientes? Lo que sí que se puede afirmar es que será el nuevo Govern quien decidirá si retoma esta ley que, tanto los agentes sociales en contra como el fin de la última legislatura, dejaron en espera.
El cese del Govern y la convocatoria de elecciones autonómicas en Cataluña dejó paralizada la situación de las entidades sanitarias del tercer sector que gracias a esta ley podrían integrarse dentro del sistema público catalán mediante concertaciones y contrataciones. Es lo que se ha dado a conocer como sanidad público-social. Ahora hay que observar qué hará el nuevo Gobierno una vez se constituya y saber si empresas como Barnaclínic sólo con una nueva fórmula jurídica podrán seguir realizando su actividad usando recursos y patrimonio público.
Lluís Monset, Director General de la Asociación Catalana de Entidades de Salud (ACES), la patronal sanitaria catalana más extensa, cree que “si se crea un Govern del mismo color, retomarán las cosas donde las dejaron” tanto en cuanto a la situación jurídica de Barnaclínic como al despliegue del anteproyecto.
La intención de Comín era esta. Según una diputada presente en las reuniones de la Comisión de Salud, el conseller afirmó que si Junts pel Sí se quedaba de nuevo con el Govern retomarían directamente su ley para aprobarla y tramitarla. En los encuentros, el consellero de Salud, Toni Comín, reconoció que “no daría tiempo de tramitar el Anteproyecto dentro de la legislatura vigente”. Así, la voluntad del Govern era cerrar el texto a partir de la memoria preliminar aprobada en el mes de junio aunque no se llegara a debate en el Ple del Parlament. Esto habría permitido que ahora, con un nuevo Govern de las mismas inclinaciones, se pudiera recuperar el texto ya aprobado por el anterior mandato y promover el debate y la votación sobre el anteproyecto en el Parlament directamente.
Entender el proceso que ha vivido el anteproyecto puede ayudar a saber si se retomará o no, quién lo apoyará y si su aplicación mejorará el sistema catalán de salud. Lluís Monset explica que en su momento ACES se posicionó en contra porque “el borrador dejaba delado empresas con ánimo de lucro” y esto no les parecía bien. Después de pedir unos cambios al Departamento de Salud optaron por la abstención y dejar que el proyecto siguiera adelante. El problema que Monset resalta del anteproyecto es que lo veía enfocado sólo a empresas de economía social y, considera, que al contratar alguien, se tiene que “buscar calidad y precio y se tendría que estar obligado moralmente a contratar el mejor tuviera la estructura que tuviera”.
Toni Barbarà, cofundador de Dempeus per la Salut Pública y miembro de la Marea Blanca de Catalunya, opina que la ley “es conflictiva desde su inicio: nació con prisas y presión pero también con resistencia por parte de los movimientos desde el minuto cero”. Además de movimientos como Marea Blanca, el anteproyecto también consiguió que fuerzas sindicales se pronunciaran de forma negativa. CCOO y CGT se posicionaron rápidamente y después, a lo largo del verano, también la UGT.
Uno de los miembros fundadores de la Marea Blanca de Cataluña, Josep Martí, trata de “ambiguo y peligroso” el Anteproyecto de ley de fórmulas de gestión de la asistencia sanitaria con cargo a fondo público. Martí es médico y cirujano y fue director asistencial del Hospital Vall de Hebrón del año 2000 al 2006. Así, más allá de medecina, también entiende sobre gestión sanitaria. La Marea Blanca de Cataluña ha sido uno de los puntals contra el que denominan la “ley Comín” y aseguran que, si esta se retoma, ellos repredran la lucha contra el anteproyecto. En varias movilizaciones, la Marea Blanca ha denunciado que el consejero quisiera dar una mayor cobertura “a las irregularidades y a las trampas del actual modelo sanitario catalán”.
Empresas del tercer sector se financiarían con fondos públicos bajo el término ‘sanidad público-social’
Josep Martí acusa el Anteproyecto de ser “laxo” al definir la Economía Social y de no tener una base jurídica clara al hablar de ”entidades sin afán de lucro”. La ”ambigüedad” podría traer a confusiones sobre qué empresas pueden obtener los conciertos. Por ejemplo, Martí explica que puede pasar que una empresa mercantil SL impugne un contrato directo con una EBAS (las Entidades de Base Asociativa son SL y son empresas de profesionales que gestionan equipos de asistencia primaria) alegando que ellos también son jurídicamente una SL. También, sigue, “nos podemos encontrar que tengamos recursos de empresas públicas alegando que ellos podían prestar los servicios que han adjudicado, sin concurso, por ejemplo, a una orden religiosa. También pueden haber recursos en el mismo sentido de entidades o asociaciones ciudadanas que velen por los derechos ciudadanos y el bien común”.
En la misma línea, Ana Martínez, enfermera del Hospital Clínic de Barcelona, señala que esta “laxa interpretación” recoge como entidad de economía social desde una cooperativa hasta Barnaclínic, el ala privada del Hospital Clínic de Barcelona. Además, ve peligroso como se estipula la subcontratación. El Anteproyecto dice que se puede acceder a la contratación de terceros “siempre que el importe de la prestación no exceda del 40% del importe del encargo”. Es decir, la ley también permite que las entidades públicas o mixtas subcontraten un 40% de las actividades. Martínez indica que las empresas de economía social “no estipulan esta subcontratación, dejan hacerlo hasta que se necesite, es muy abierto” y opina que así se “perpetúa el sistema mixto, no lo limita”.
El Anteproyecto también estipula que la suscripción de conciertos sanitarios supone que, “las entidades concertadas, independientemente de su naturaleza jurídica, se someten en un catálogo de obligaciones de control”. El que la Ley no especifica es qué mecanismos vigilan que esto se efectúe. Ni cuando ni cómo.
Archivo: Concentración en el Hospital Clínic de Barcelona / ENRIC CATALÀ
Elva Tenorio, médica que forma parte de Resistencia Clínic, duda sobre este control: “que todo el sistema nacional de salud esté dispersado y sin un buen control afectará la calidad, no podrás saber a quien ponen a trabajar en una clínica privada”. Tenorio también adopta el término de ambigüedad pero de esta saca una conclusión con la que no se corta a la hora de acusar a Comín. “Quiere favorecer sus amigos: las ONG, las fundaciones, los socios de la iglesia católica… todos tienen unos intereses elevadísimos en la sanidad catalana”, señala Tenorio.
Sería el caso de los Hermanos de Sant Joan de Déu que forman parte de la gestión del Hospital Sant Joan de Déu, un hospital financiado con dinero público. Este hospital infantil y juvenil está reconocido internacionalmente. Tenorio considera que no haber cuestionado de quién era en su momento hace que sea muy difícil “recuperar” el hospital como ente 100% público. En este mismo sentido, Toni Barbarà señala que “no se puede tipificar como economía social a la Caixa o a órdenes religiosas”, que así lo que se ve con las definiciones que da el anteproyecto “es una reglamentación más que blinda las privatizaciones”.
Resistencia Clínic nació el 2011 bajo el nombre de Tancada Clínic de la unión de trabajadores, vecinos y usuarios de la sanidad pública así como movimientos vecinales y asambleas de barrios. Hasta el momento, nos explica Tenorio, después de acampar en el vestíbulo del Hospital en varias ocasiones en contra del consorcio sanitario y la “privatización de la pública”. La primera vez de todas, cuando se quiso “convertir el Hospital en una fundación, como es ahora Sant Pau, que no hay manera de saber que pasa con el dinero allá”, denuncia Tenorio. Además, señala que “puede acabar habiendo lucro porque no hay los controles habituales de las empresas públicas y de la sindicatura de cuentas”.
Resistencia Clínic ha protagonizado acciones contra las listas de espera y ha presentado varias demandas al Síndic de Greuges. La lucha que ahora están retomando es la de exigir el cierre de Barnaclínic. Un Hospital privado que podría quedar integrado en la red del sistema sanitario catalán gracias al Anteproyecto de ley de fórmulas de gestión de la asistencia sanitaria con cargo a fondo público.
La herencia del conseller Comín
Las intenciones de Toni Comín durante los 25 meses que ha ocupado el cargo de consejero de salud según sus propias palabras se resumen en desprivatitzar y descongestionar.
La situación del sistema sanitario se define por sus largas listas de espera, servicios externalizados y privatización, mercantilización o cierres. Después de haber superado la etapa del conseller de salud Boi Ruiz que se ganó una serie de carteles, pegatinas y movilizaciones en contra, el mundo sanitario se preguntaba qué haría Antoni Comín. El nuevo conseller de salud había sido diputado por el Partido de los Socialistas de Catalunya (PSC) durante dos legislaturas y candidato a Junts Pel Sí en las elecciones del 2015.
La propuesta de Comín implicaba aumentar el presupuesto para sanidad y comprar grandes centros. La Clínica del Vallès en Sabadell fue el primer centro concertado con quién la Generalitat rescindió el contrato. La Clínica del Vallès absorbía actividad del Parc Taulí y, con el fin del contrato, había que ampliar las sesiones de quirófano a 23 más por semana y también el número de camas creando 44 plazas más. El incremento de plazas y actividad ahora se reparte entre el Hospital Parc Taulí de Sabadell y el Consorcio Sanitario de Terrassa. Antes de ser cesado, Comín negociaba comprar por 55 millones el Hospital General de Catalunya, propiedad de Quironsalud. El edificio está situado en Sant Cugat y su compra supondría la no construcción de los dos últimos hospitales públicos que faltan para construir en Cerdanyola y en Rubí según el plan de 2005 que preveía la implantación de 14 centros sanitarios nuevos en toda Catalunya.
Las conversaciones alrededor del Hospital General de Catalunya habrían quedado paradas pero, de todos modos, ninguno de los dos agentes principales han manifestado cómo están las negociaciones hoy en día. Hay que tener en cuenta que una de las frases más contundentes por parte de los gestores del Hospital General cuando el consejero Comín manifestó su voluntad fue afirmar que “Quirónsalud no vende hospitales, los compra”.
El paso siguiente a la compra del Hospital General de Catalunya habría sido el Hospital Sagrado Corazón, centro que asume un volumen alto de derivaciones del Hospital Clínic de Barcelona.
Pero lo que podría haber sido lo más revelador del mandato de Junts pel Sí habría sido la aprobación del Anteproyecto de ley de fórmulas de gestión de la asistencia sanitaria con cargo a fondo público. Esta ley, permitiría que empresas del tercer sector se integraran dentro del sistema público catalán. Establece las diferentes maneras que tienen las entidades de salud para acomodarse a la concertación. Además, el Anteproyecto de ley mantiene el mercado de salud catalán y lo ratificaría: mantendría el Servicio Catalán de Salud y su estructura de mercado (proveedores, compradores y vendedores).
Ante esto, por la parte que le puede beneficiar, el Director General de ACES opina que “las empresas tienen derecho a estructurarse según crean oportuno y esto no tiene que ser una limitación” para optar a las concertaciones. A pesar de que celebra que se regule la contratación según normativas europeas, entiende que la filosofía de la Unión Europea al establecer estas bases “es precisamente que no haya abusos en la contratación desde la administración hacia cualquier tipo de empresa”. “No vemos que el anteproyecto lo mire así. Creemos que todas las empresas tendrían que poder presentarse en igualdad de condiciones”, indica Monset para denunciar las condiciones que exige el anteproyecto.
Catalunya Plural, 2024 
