El pasado julio muchos medios de comunicación se hicieron eco de que el Consejo Interuniversitario de Catalunya (CIC) había aprobado una moratoria para aplazar cuatro años la aplicación de la ley que dicta que los estudiantes que se gradúen en septiembre del 2018 tienen que acreditar el B2.2 –equivalente al First Certificate– de una tercera lengua para poder completar el grado. No se habló más del tema, pero la moratoria a instancia del CIC, antes de ser efectiva y poder modificar la ley, tenía que ser aprobada por el Parlament. Y, a día de hoy, todavía no se ha dado la circunstancia, tal como avanzó este martes El Periódico.
Fuentes del CIC confirman a este diario que la moratoria no tiene todavía efectos legales y que, por lo tanto, los estudiantes tienen sólo seis meses para acreditar un B2 para poder graduarse. El Consejo pidió retrasar la aplicación de la ley –aprobada en 2014 por el entonces Conseller de Coneixement, Andreu Mas-Colell– porque consideraban que cuatro años no habían sido suficientes para hacer llegar a los alumnos al nivel requerido.
De hecho, este verano, el que era Conseller de empresa, Jordi Baiget, afirmó que el 25% de estudiantes de tercero no tenía los conocimientos lingüísticos necesarios. Unos 7.500 estudiantes. Y, ahora, con un Parlament todavía para formar, la aplicación del 155 y un panorama político complejo, son muchos los que dudan que el Govern pueda modificar la ley de aquí a septiembre.
Esta convulsión política también afectó mucho a los estudiantes que, tanto de la mano de los sindicatos, como de organizaciones nuevas como Universitats per la República, focalizaron sus actividades en la situación política y no tanto en la académica. “Venimos de un semestre muy intenso que ha descuadrado las luchas que traíamos hasta ahora”, reconoce Mercè Tarès, portavoz nacional del Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC).
Tarès añade que, después del anuncio de la moratoria, hubo un momento de relajación entre los estudiantes y que, a pesar de que eran conscientes de que no se había aprobado, “la política se lo tragó todo”. La portavoz considera necesario que los colectivos de estudiantes se “reorganicen, porque muchos no son conscientes de lo que esto puede suponer”.
Acreditar dominio de una tercera lengua: ¿una medida discriminatoria?
Si bien Baiget aseguró que el 25% de los estudiantes de tercero no tenía el nivel, Màrius Martínez, vicerrector de relaciones internacionales de la UAB, afirma que en su universidad la cifra asciende al 60%. Por este motivo y porque “no es lo que se explicitaba en la memoria de los grados”, la UAB es una de las universidades que acatará la moratoria y no pedirá a sus estudiantes que acrediten una tercera lengua.
Desde el centro consideran que esta medida es injusta por varias razones. Por un lado, esgrimen que sus títulos tienen validez estatal pero, por contra, “estamos ante una exigencia que sólo se pide en Catalunya. Si nuestros grados son válidos en cualquier comunidad autónoma, no pueden tener requisitos diferentes de los que se piden en Madrid”, opina. “Si viniera un alumno de Burgos a cursar el último año en la UAB, no le pediríamos el B2. ¿Por qué tendríamos que hacerlo con nuestros estudiantes, pues?”, se pregunta.
Pero la crítica principal a esta medida se basa en que supone un impedimento añadido a aquellos estudiantes de renta más baja. “Las universidades públicas estamos llenos de alumnos que apenas pueden permitirse el precio de un grado. Muchos trabajan y estudian a la vez. Por lo tanto, es impensable que puedan tener ni el dinero ni el tiempo para acceder a los cursos de inglés”, opina Martínez.
Y es que, tal como también denuncian desde el SEPC, esta ley “no vino acompañada de políticas que permitieran acceder a clases de idiomas gratuitas en las universidades”. Y a pesar de que, como Tarès, Martínez considera que mejorar el nivel de idiomas de los estudiantes catalanes es siempre positivo, critica la manera cómo se ha puesto en práctica la medida. “Es una muestra más de la gestión neoliberal del sistema educativo: se quiere subir el nivel siendo más exigente, no dando más ayudas a los estudiantes para lograr los nuevos objetivos”, opina.
Los estudiantes de la UPF, los más afectados
La Universitat Pompeu Fabra no comparte estas críticas. Por eso, es una de las pocas universidades que no aplicará la moratoria, junto con la Universitat de Lleida, que pedirá acreditar nivel, aunque sólo exigirá un B1. “No hemos cambiado nunca la postura de la UPF respecto a acreditar un B2 de una lengua extranjera. Pero ahora es un requisito formal de competencias”, afirma Cristina Gelpí, vicerrectora para proyectos de docencia de la Pompeu.
Gelpí destaca que “por los motivos que sea, la ley continúa vigente. Los marcos normativos no han cambiado y, por lo tanto, a día de hoy la universidad exigiría el B2 a final de curso”. En caso de que el Parlament acabara cambiando la ley, la UPF asegura que “acataría los cambios”, pero, al contrario que otros centros, no considera oportuno modificar los requisitos “antes de tiempo. ¿Qué mensaje estaríamos dando a los alumnos que sí que se han esforzado para sacarse el B2? Y, sobre todo, ¿qué mensaje daríamos a quienes no lo han hecho?”, se pregunta Gelpí.
Y es que la vicerrectora de proyectos de la UPF considera que el esfuerzo para lograr el título no es económico. “Quienes argumenten que es una medida discriminatoria para las rentas bajas, no conocen las ayudas que se han puesto a disposición de los estudiantes”, asegura. Gelpí se refiere al programa de ayudas Parla3 que la Generalitat puso en marcha juntamente a la aprobación de la ley en 2014.
Desde la Pompeu aseguran que el Govern es consciente que adquirir estos conocimientos de una tercera lengua “no tiene que estar supeditado a la renta”. Por eso, el programa contempla ayudas para las pruebas de nivel, los cursos de idiomas y los exámenes de acreditación. “Los alumnos saben que tienen que cumplir, conocen los recursos que tienen y nosotros, desde la Universidad, no podemos pasar por encima del Parlamento”, considera.
Parla3, un programa de becas sin demanda
Estos recursos a los que se refiere Gelpí han sido poco populares entre los estudiantes. A pesar de que la UPF comunicó en su web que la universidad seguía adelante con los requisitos de nivel y anunciaba las ayudas del Parla3, “se ha usado una parte muy baja del presupuesto”, asegura.
El programa pretende “facilitar todos los mecanismos de acompañamiento para hacer posible que todos los graduados obtengan el nivel B2 en 2018” afirmó el secretario de Universidades e Investigación, Antoni Castellà el febrero de 2015, cuando se presentó el Parla3. Así, facilita una ayuda económica de 50 euros por el examen de acreditación de nivel -que cuesta 75 euros- y también cuenta con becas para realizar cursos de idiomas.
Estos cursos se pueden hacer en las mismas universidades o bien en la Escuela Oficial de Idiomas (EOI) y los estudiantes que obtengan la beca contarán con una ayuda de 350 euros por curso. Ahora bien, el precio para cursar un año de inglés en la UPF asciende a los 833 euros; mientras que un cuatrimestre a la UAB cuesta 655 euros. Si bien es cierto que el EOI tiene unos precios más económicos -305 euros el año- el acceso a esta escuela se hace por sorteo y la demanda es muy alta.
“Estas becas son completamente insuficientes, como ya es norma en las ayudas que implementan desde Govern”, denuncia Tarès desde el SEPC. Martínez coincide y añade que “no es verdad que todas las personas con pocos recursos siempre tengan acceso a las becas. ¿Ha mejorado el sistema? Sí, pero ¿es suficiente? No”, sentencia. Y además, considera que en la gran parte de los casos, los estudiantes necesitan más de un curso para lograr el nivel demandado, así que “el gasto acaba siendo muy alto, a pesar de contar con la beca, por eso la ha pedido poca gente”.
Más inversión para subir el nivel desde la base
La Secretaría de Universidades e Investigación publicó el 2015 los datos del nivel de dominio de una tercera lengua con el que los estudiantes llegaban a la universidad. Entonces sólo el 30% presentaba un B2.2 (el que ahora se pide para conseguir el grado), mientras que el 36% oscilaba entre el B1 y el B2.1 y el 34% estaba por debajo del A2.
“Pedir por ley un nivel tan alto es favorecer a los alumnos con más recursos. Por eso consideramos que se tiene que hacer una inversión pública muy grande pero no en la universidad”, considera Martínez, quien pide una alianza de base para conseguir que los estudiantes salgan del bachillerato con un B2 de una tercera lengua y poder garantizar cursos de idiomas a precios públicos, opinión en la que también coincide con Gelpí, de la UPF.
Por su parte, desde el SEPC, Tarès considera que este nivel de una tercera lengua también se tendría que conseguir impartiendo más clases en inglés dentro del programa del grado. Siempre que “no fuera en detrimento de las horas impartidas en catalán. Y tampoco se tiene que traducir en despidos de aquellos docentes que no den el nivel de inglés”, puntualiza.
“Esta, pero, es una lucha muy difícil de articular, porque las políticas de las diversas universidades respeto la ley son diferentes”, concluye Tarés. Y es que, a seis meses de acabar el curso, miles de estudiantes todavía tienen la incertidumbre de poderse graduar en la universidad. Pero, en caso de que de aquí a septiembre el Parlament aprobara la moratoria, “no se solucionaría el problema, sólo lo aplazaría. El conflicto que tenemos es de base y relativo a la inversión pública en el sistema educativo”, reflexiona Martínez.
Catalunya Plural, 2024 
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Creo que la educación se ha convertido desde hace mucho tiempo en un negocio. La excusa que tiene este país de que sepamos igual los idiomas que el resto de Europa les viene muy bien para encarecer aún más el acceso a la cultura.
Soy una estudiante de 40 años, en mi tiempo el gobierno, como casi siempre no le ha preocupado para nada no tener un nivel de inglés medio, ya no decir un B1 o B2 ¿tendría que denunciar yo el hecho de que en su momento nadie se preocupó de que tuviese un nivel para poder ser compentente?. Todo el mundo pensaría que habiendo tardado más en hacer la carrera ya no puedo reclamar nada, pero la realidad es que para jubilarme aún me quedan 25 años, es decir, mi vida laboral se ve afectada porque no tuve familia para que me pagara escuelas de idiomas…
La misma historia de siempre: sálvese quien pueda, excusas, egoísmo y negocio puro y duro.
Estos métodos que no amparan a la gente que quiere tener cultura son un caldo de cultivo para el infecto sistema capitalista y no de derecho que hay en España y en Catalunya.