Desde la experiencia de la última crisis venimos hablando del debilitamiento de los derechos de la ciudadanía ante un Estado de bienestar cada día más reducido, con menos capacidad de respuesta ante las necesidades sociales emergentes. Es verdad que hace unos meses se consiguió la aprobación de la Renta Garantida de Ciudadanía (RGC) con el compromiso de nuestro gobierno de que en septiembre de este mismo año se aplicaría, lo que generó la sensación de haber alcanzado un sueño increíble en un momento político en que parecía que las prioridades políticas eran otras.
Hoy nos surgen dudas sobre si fue solamente eso, un sueño. La Comisión Promotora de la ILP que logró sacar adelante la RGC ha pedido a todas las candidaturas que se presentaron el 21D que no olviden los compromisos adquiridos en la anterior legislatura, que expresaban la voluntad unánime de conseguir la total implementación de esta ley. El acuerdo significó salvar escollos todavía hoy pendientes de resolución definitiva, como la compatibilidad con las rentas del trabajo a tiempo parcial, la revisión del Indicador de Renta de Suficiencia de Catalunya (IRSC), la información a todas las personas que tienen derecho a percibirla y la defensa del modelo ante cualquier riesgo de reducción presupuestaria.
Después de recordar que bajo ningún concepto sería justificable la pérdida de los logros alcanzados, quisiera apuntar otras reflexiones que amplían el espectro del concepto de garantía de rentas. En este sentido han aparecido en Europa diferentes programas piloto que buscan nuevas maneras efectivas y eficaces de luchar contra la pobreza. El ámbito municipal resulta propicio para estos programas experimentales porque la proximidad, la diversidad que se da en las ciudades y la posibilidad de colaborar con otros actores de la comunidad y del sector social ayudan a coproducir y definir nuevos modelos, así como a evaluar las alternativas de forma que se complementen y se potencien entre ellas.
Esas iniciativas nos obligan a encontrar los espacios de intersección entre las distintas rentas de ciudadanía, ya sean nacionales, regionales o municipales. Hoy existen experiencias piloto en ciudades como La Coruña, Utrecht o Barcelona, y todas ellas favorecen esos espacios de confluencia en las políticas sociales que nos permiten fortalecer la respuesta pública precisa.
En el caso de Barcelona, el proyecto B·Mincome en el Eje Besós se está llevando a cabo gracias a la financiación europea y tiene por objetivo garantizar unos ingresos mínimos para una vida digna. Ofrece una prestación económica municipal que, junto a otras políticas activas y de apoyo –a la formación, la emprendeduría, la vivienda y la participación en la comunidad—, proporciona instrumentos efectivos para la inclusión. Significa un nuevo modelo de gestión y de comunicación de los servicios sociales, una compactación de las diferentes ayudas existentes y una manera distinta de trabajar con la población. Su impacto deberá evaluarse y la consolidación de la autonomía personal para tomar decisiones sobre la vida y los gastos familiares será un parámetro muy relevante.
Apostar por la autonomía de las personas beneficiarias significa un mayor reconocimiento de su dignidad como sujetos de derecho, con obligaciones y con capacidad para dejar de ser dependientes de una ayuda social. En definitiva, las experiencias existentes nos indican que las políticas que garantizan una renta tienen un doble efecto: en primer lugar, sobre la persona y su dignidad, pero en segunda instancia también sobre la economía del territorio, ya que la seguridad de disponer de unos ingresos incrementa el consumo y fortalece las redes sociales.
Estas opciones locales no niegan en ningún caso la posibilidad de recibir una RGC (o su equivalente en cada país), sino que buscan la complementariedad entre ambas y se acepta también la compatibilidad con otras ayudas públicas, como pueden ser las becas comedor o de estudios. Las personas beneficiarias deben solicitar las ayudas existentes a nivel estatal, autonómico o municipal con el fin de definir el grado de aplicación en cada caso.
Somos conscientes de que la actual ley de RGC aprobada en el Parlament no es una normativa universal que dé cobertura a toda la población que no dispone de los ingresos necesarios y por tanto las iniciativas municipales son un modelo a seguir. Concretamente en Barcelona, entre las familias que han solicitado participar en el proyecto B·Mincome solo un 10% recibe la RGC, que beneficia a unas 2.600 familias en la ciudad.
Desde el punto de vista del apoderamiento y la defensa de los derechos que reivindicamos las entidades de acción social, estamos totalmente convencidos de que políticas como la garantía de rentas nos acercan a un nuevo paradigma basado en la responsabilidad y la confianza en las personas. Contribuir además a una economía más social y de proximidad es aportar también a la construcción de una sociedad más igualitaria, más cohesionada y con mayor ocupación. Por ello apostamos por seguir el camino iniciado hace unos meses y esperamos que el nuevo gobierno de Catalunya lo impulse junto a los municipios, el tercer sector social y la comunidad.
Catalunya Plural, 2024 
