Esterilización forzosa de mujeres con discapacidad, ¿protección o violencia?

Cada año, en España, hay alrededor de un centenar de niñas y mujeres con discapacidad que son esterilizadas con autorización judicial, según datos del Consejo General del Poder Judicial citadas por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI). Esto sucede cuando previamente o en el mismo momento han sido incapacitadas por un juez, a petición de sus familias, por lo cual su tutor legal puede tomar esta decisión sin necesidad de informar a la persona. Afecta en especial a mujeres con discapacidad intelectual, pero también con trastornos mentales. Además de estas, hay también un número indeterminado de mujeres con discapacidad (y algún hombre) que también son esterilizadas pero sin sentencia judicial, puesto que antes han firmado un consentimiento por el cual se supone que entienden y aceptan el motivo de la intervención quirúrgica.

Las organizaciones que apoyan a las personas con discapacidad están empezando a romper el silencio que pesa sobre esta cuestión, así como a exigir reformas legales. La semana pasada, la Fundación CERMI Mujeres presentó un informe sobre una práctica que, según defienden, se tiene que definir como “esterilización forzosa”, y por lo tanto dejar de usar eufemismos como “no consensuada”, “involuntaria” o “no terapéutica”. Para esta fundación, “con indiferencia de que sea una decisión judicial”, mientras la esterilización “no cuente con el consentimiento informado de quien la sufrirá, siempre será forzada y por lo tanto inadmisible”.

Si la esterilización sin consentimiento está regulada por ley obviamente se debe a que se entiende como una medida de protección de la persona con discapacidad. Pero no lo ven así las organizaciones sociales. “Lejos de ser una medida de protección y bienestar de las mujeres, la esterilización forzosa puede aumentar la situación de vulnerabilidad de las niñas, adolescentes o mujeres adultas con discapacidad ante abusos sexuales”, dice CERMI Mujeres, “puesto que el embarazo a veces es la única señal” que ayuda a detectar un abuso sexual.

Por su parte, el COCARMI (homólogo catalán del CERMI) también emitió un comunicado hace unos días en el que iba un paso más allá: “La esterilización forzosa de niñas y mujeres con discapacidad –decía la nota– es injustificable e inadmisible porque atenta contra los derechos humanos fundamentales (…) es contrario al derecho a decidir sobre la propia salud, sexualidad y reproducción y es una forma de violencia que se tiene que erradicar”. Estas entidades defienden que la esterilización tendría que estar prohibida en todos los casos (a excepción de riesgo vital) para menores de edad, y que a partir de los 18 años tendría que estar prohibida la que denominan “forzosa”, es decir, aquella que se realiza sin consentimiento informado. Piden también, en línea con el European Disability Forum, que los países de la UE tendrían que considerar la esterilización no consentida como una forma de violencia contra las mujeres y por lo tanto tipificarla como delito en el Código Penal.

“Lo que harías por cualquier hija”

“Además de ser una vulneración flagrante del derecho de una persona, tampoco la estás ayudando, porque evitándole un embarazo no le evitas un abuso o una violación; al contrario, la ignorancia las hace más vulnerables”. Así opina Pilar Sanjuán, presidenta de Down Catalunya, coordinadora de entidades catalanas que apoyan a las personas con síndrome de Down. En el caso de las relaciones consentidas, añade, “lo que hay que hacer es tomar las mismas medidas que tomarías con otra hija: primero educación, y si lo que quieres es un método anticonceptivo, hay que ir al ginecólogo para ver cuál sería el más indicado, pero siempre hablándolo con la persona”.

Las personas con discapacidad intelectual sienten los mismos deseos sexuales que cualquier otra persona, y pueden tener también el deseo de ser padres, “por eso lo importante en este ámbito es educar, trabajar con ellos la afectividad y la sexualidad, que entiendan cuáles son las responsabilidades que van asociadas a tener un hijo”, afirma Sanjuán. En el caso del síndrome de Down, hay muy pocos casos en el mundo de maternidad o paternidad, pero no es un hecho tan inusual en el caso de mujeres con inteligencia límite. CERMI Mujeres ha expuesto algunos ejemplos de mujeres con discapacidad intelectual ligera que han tenido hijos con un coeficiente intelectual estándar. Sería la prueba, aseguran, de que es falso que la esterilización forzosa se pueda justificar por la pretendida incapacidad de una mujer con discapacidad intelectual a ser madre. Esta, afirman, es una justificación “basada en planteamientos eugenésicos”, por la falsa creencia de que una mujer con discapacidad dará a luz a un bebé “con defectos genéticos”.

El abogado Jordi Durà, padre de una joven con síndrome de Down y vocal de familias en la junta directiva de Dincat (Discapacitat Intel·lectual de Catalunya), considera también que hay que hacer hincapié en la educación y en capacitar a las personas para que puedan decidir sobre todo aquello que afecte a sus vidas. “La mayor parte de las personas con discapacidad intelectual tienen opinión y pueden entender perfectamente todo lo que se les explique con procedimientos claros y adaptados a ellas y, por supuesto, lo que hace referencia a su sexualidad y forma de desarrollarla, y por lo tanto lo que pedimos desde Dincat es que la sociedad cree aquellos apoyos que hagan falta para que la opinión de todas las personas sea escuchada y respetada, y cómo dice el eslogan nada sobre nosotros sin nosotros”. Sin perder de vista, añade, “que pueden haber casos en que esto sea imposible, porque la discapacidad es muy profunda. Por eso, cada caso tiene que tratarse individualmente y valorar las circunstancias concurrentes en cada persona en concreto”.

¿Qué vía tiene más garantías?

Durà es abogado civilista, ha llevado varios casos de incapacitación y ha estudiado y tratado el tema de la esterilización. En su opinión, el procedimiento judicial “en principio tiene todas las garantías para que no se cometan arbitrariedades. Tanto es así que el artículo 156 del Código Penal tipifica como delito la esterilización de la persona con discapacidad si no cuenta con su consentimiento válido y efectivo, y previa autorización judicial”. Para pedir la esterilización de una persona con discapacidad, explica, “debe de haber, previamente, una sentencia de incapacidad firme, que determine claramente que hay una ausencia total de la capacidad de autonomía y de iniciativa propia, y que la discapacidad que tiene la persona le impide comprender los aspectos básicos de la sexualidad”.

A partir de aquí, el proceso para obtener la autorización judicial puede ser iniciado por los representantes legales de la persona incapacitada; es decir, los padres (que tengan la patria potestad rehabilitada o prorrogada) o los tutores, que tienen que fundamentar la solicitud en informes de especialistas (psicólogos y ginecólogos o urólogos), que se referirán tanto a la condición intelectual como a cualquier circunstancia de salud que pueda aconsejar o desaconsejar la esterilización. “Otra garantía –añade Durà–, es la intervención del Ministerio Fiscal, que emite un dictamen que puede coincidir o no con la solicitud formulada, si bien tanto este como los aportados con la demanda inicial no son vinculantes para el juez, que resolverá según su criterio, para lo cual también recurrirá a los trámites de la exploración judicial y forense de la persona que le permitan formarse una opinión real sobre la conveniencia o no de autorizar la intervención”. Por lo tanto, concluye, “la esterilización es una excepción, y lo que se tiene que procurar es que nadie escoja por la persona que pensamos que no tiene suficiente capacidad de decidir por sí misma”.

Durà y Sanjuán recuerdan que la esterilización atenta contra los principios de la Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada por Naciones Unidas en 2006 y ratificada por España dos años después. Para empezar, ahí donde se dice que las personas con discapacidad “tienen derecho a expresar su opinión libremente sobre todas las cuestiones que les afecten·. Pero todavía más en el artículo 23.1, donde se señala específicamente que deben tener derecho a “mantener su fertilidad, en igual de condiciones que los demás”.

Con todo, cada circunstancia es única e intransferible. “Yo no me atrevería a juzgar a nadie que hubiera optado por la esterilización, porque yo misma me planteé esterilizar a mi hermana, pero al final no lo hice”. Quien explica esto es la hermana mayor y tutora legal de una chica con discapacidad intelectual de unos 30 años, viven solas porque los padres murieron y disponen de pocos recursos económicos. “Mi hermana es muy autónoma, los sábados por la tarde sale con sus amigos, evidentemente que en algún momento me he planteado cómo nos lo haríamos si se quedase embarazada”, comenta.

Tanto Durà como Sanjuán admiten que hay una niebla todavía más espesa sobre los otros tipos de esterilizaciones, es decir, las terapéuticas que cuentan con el consentimiento informado de la persona, puesto que no hay que pasar por un juez, y por lo tanto no hay garantías de que no sea un consentimiento engañado. A los dos en alguna ocasión les han llegado noticias de esterilizaciones hechas por esta vía directa. “No sería lo habitual, pero estas cosas pasan. Unos padres que, con el ánimo de la protección, le dicen a su hija que la operarán de una apendicitis y entonces firma, y después no es una apendicitis, y posiblemente nunca sabrá que la han esterilizado”, comenta Sanjuán.