9 años de la PAH: Más de 2.000 desahucios parados y el reto de cambiar la ley

Cada lunes, en un local de la calle de Leiva, en el barrio de Hostafrancs de Barcelona, hay una sala que se llena de personas que anhelan una brizna de esperanza. Tienen problemas relacionados con la vivienda, generalmente porque no pueden pagar la hipoteca o el alquiler, y acuden a la asamblea de bienvenida de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Barcelona. Allí les explican como intentar encontrar respuestas, primero explorando todas las vías legales para detener o aplazar el desahucio, y luego reclamando a las administraciones que garanticen el derecho a la vivienda según las necesidades de cada caso. De entrada, las personas que dinamizan la asamblea insisten en dejar claro que esto no es una servicio de asistencia ni tienen respuestas mágicas, sino que el que quiera solucionar su problema “se lo tiene que currar, pero nunca estará solo”.

Hace nueve años de la primera de estas asambleas, el 22 de febrero de 2009, en la Casa de la Solidaritat, en el barrio del Raval. Un grupo de activistas que provenían de otras luchas por la vivienda, como V de Vivienda o movimientos anteriores, impulsó la PAH con el objetivo de dar respuestas concretas a situaciones muy graves, fruto del estallido de la burbuja inmobiliaria. En ese momento no tenían las respuestas, y han ido aprendiendo por el camino con la gente implicada. Tanto es así, que hoy quien recibe a las personas afectadas son otros que llegaron a la plataforma en su misma situación. Es el efecto del asesoramiento colectivo, que lleva nueve años convirtiendo personas afectadas en especialistas.

Las respuestas las fueron construyendo sobre la marcha, según se encontraron cada problemática. Empezaron a detener desahucios, negociar con entidades bancarias, ocupar pisos vacíos o proponer cambios legales. Uno de los primeros problemas que se encontraron sin haberlo previsto fue el de la deuda. A diferencia de otros países, en España no hay suficiente con entregar la casa para saldar la hipoteca. Esto provoca que las familias, además de quedarse en la calle, pueden acumular una deuda de por vida. Por eso había que cambiar la ley e implantar la dación en pago. Ante esta situación decidieron poner en marcha una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) en el Congreso.

Del apoyo masivo a la lucha invisible

Hace cinco años, en febrero de 2013, el diario El País publicaba una encuesta según la cual el 87% de la población estaba de acuerdo con las reivindicaciones de la PAH. En ese momento la plataforma era uno de los protagonistas indudables de la actualidad, y la campaña para defender su ILP parecía la principal oposición a la mayoría absoluta del PP. Hoy, sin embargo, la realidad de estas asambleas y de los desahucios parados cada semana vuelve a ser más invisible. “Parece que no importe nada más que determinada actualidad política y hay cosas que se han normalizado para los medios masivos, como por ejemplo que desahucien a una familia”, apunta Lucía Delgado, de la plataforma. “Esto lo que está demostrando es que vivimos en una sociedad enferma”.

Hace pocos meses que Delgado ejerce de portavoz de la PAH, pero fue una de las seis personas que la impulsaron. “Después de 9 años todavía estamos aquí dando guerra, al pie del cañón, parando desahucios, consiguiendo daciones en pago, haciendo acciones en los bancos y exprimiendo las instituciones para conseguir cambiar la ley, sea a nivel local, catalán o estatal”, asegura.

La campaña por la ILP permitió al movimiento fortalecerse y articularse entre más de un centenar de plataformas creadas en todo el Estado. También les permitió incidir mucho en el discurso público. Pero a pesar de haber conseguido el apoyo de casi todos los partidos del Congreso a principios del año 2013, el PP impidió con su mayoría absoluta que se regulara una moratoria a los desahucios, la dación en pago y la creación de un parque de vivienda de alquiler social con unas proporciones que permitiera dar respuesta a la crisis habitacional, las tres propuestas de la ILP. Esto representó un techo de cristal que, por un lado, llevó algunos miembros de la PAH a intentar cambiar las cosas desde las instituciones, como su primera portavoz, Ada Colau, que en 2015 conquistó la alcaldía de Barcelona, y por la otra, llevó la plataforma a una estrategia de “romper por abajo”, intentando cambiar las leyes a nivel local y autonómico mientras seguían trabajando para garantizar derechos con acciones de desobediencia.

Problemáticas más allá de la hipoteca

En Catalunya, después del fracaso de la ILP en el Congreso llevaron a los ayuntamientos mociones para empezar a aplicar artículos que nunca se habían implementado de la Ley del Derecho a la Vivienda aprobada en 2007 por el Parlament, por ejemplo para sancionar los pisos vacíos. En julio de 2014 impulsaron una ILP a nivel catalán contra los desahucios y la pobreza energética. “Desde que presentamos la ILP en el Congreso la violencia habitacional se ha ido diversificando, y estas nuevas propuestas han incorporado más elementos, como la pobreza energética”, explica Luis Sanmartín, que ahora es uno de los responsables del impulso de una nueva propuesta legislativa desde la PAH.

Los cambios en la problemática de la vivienda desde 2009 han requerido mucha autoformación dentro de la plataforma en los últimos años. “Hace unos dos años que vemos un cambio en las personas que acuden a la PAH, antes eran sobre todo problemas hipotecarios, pero ahora estos son casi anecdóticos y hay muchos más vinculados al alquiler”, apunta Delgado. La apertura a nuevos frentes le parece natural: “Lo que hemos hecho siempre en la PAH es hacer frente a los problemas que nos llegan”.

En las asambleas del lunes se notan las nuevas problemáticas. Hay quien no puede hacer frente al alquiler, ha pedido una vivienda social y, aunque le hayan reconocido este derecho, la administración asegura que no tiene pisos para conceder. Hay quien vive en un local comercial, y no puede pedir ayudas porque, como vivía precariamente en un espacio sin cédula de habilidad, no se le reconoce que se encuentra en riesgo de pérdida de la vivienda. También hay personas que viven ocupando después de haberse quedado en la calle y ahora afrontan una nueva amenaza de desahucio. Y aún así, todavía, hay quien se acerca porque no ha podido seguir pagando la hipoteca. Para cualquiera de las situaciones, personas que llevan más tiempo en la lucha proponen respuestas, sea presionar al banco, ir cada día a la oficina de vivienda de su distrito, o recomendaciones para los abogados de oficio que lleven su caso. Y en última instancia, siguen siendo muchos los casos de personas que paran los desahucios a las puertas de casa. Buena parte de la asamblea se dedica a repasar la situación de casos con fechas inminentes.

Parar desahucios poniendo el cuerpo fue un paso que dieron por primera vez en noviembre de 2010, en casa de Lluís Martí, en La Bisbal del Penedès. Fue el primero que se atrevió a hacerlo. Llegó a la PAH convencido que hacer saltar su casa por los aires antes de que entregarla al banco, pero le dijeron que no estaban solo y se trasladaron hasta allí para impedirlo poniéndose delante de la puerta. La respuesta le funcionó hasta el punto que después de seis fechas de desalojo, los juzgados archivaron su caso . Después de más de 2.000 desahucios parados en todo el Estado según su recuento, la fórmula de la PAH ya va mucho más allá, y son muchos los colectivos que paran desahucios cada semana en Barcelona, ​​sobre todo los que se han organizado más recientemente para luchar contra el especulación y por el derecho a la vivienda en los barrios de la ciudad.

Bloqueo competencial

En julio de 2015 se logró cambiar la ley desde la calle. El Parlament de Catalunya aprobó la ILP para hacer frente a la emergencia habitacional y la pobreza energética. Otras iniciativas similares de la PAH quisieron replicarla en Valencia o la Región de Murcia. En mayo de 2016, sin embargo, algunos de sus artículos en materia de vivienda fueron suspendidos por un recurso del gobierno del Estado al Tribunal Constitucional. Las iniciativas hermanadas tuvieron un destino similar, así como otras leyes con el mismo espíritu aprobadas en Canarias, Andalucía o Euskadi.

“Una vez hemos conseguido estas leyes, hemos demostrado que funcionan y son resolutivas, porque la ley catalana sirvió para parar muchos desahucios y multar inmobiliarias, con la perspectiva que hemos tenido siempre de corresponsabilizar a los culpables de esta situación, forzando a los bancos a dar alquileres sociales o a ceder viviendas vacías”, asegura Luis Sanmartín en referencia a las medidas de la ley suspendidas por el TC. “Ahora que ha habido un cambio de mayorías parlamentarias, intentamos superar el bloqueo competencial impuesto por el PP llevando una ley a nivel estatal al Congreso“, explica. Han registrado la iniciativa legal a través de Unidos Podemos, Esquerra, Compromís y Bildu el proyecto que llaman Ley de Vivienda PAH. “Es fruto de un proceso larguísimo, consensuando el texto durante un año con las familias afectadas en nuestras asambleas y también con los grupos parlamentarios del Congreso”, apunta el activista. La propuesta legislativa, mientras que el PP y Ciutadans desbloqueen su tramitación, reivindica la dación en pago retroactiva, una moratoria a los desahucios, la regulación de los precios del alquiler, un parque de vivienda social y la garantía de los suministros básicos.

Delgado añade que el problema no es sólo legislativo. “Hay otras cuestiones de política pública de vivienda, como que no hay parques públicos de vivienda o que haya unas sociedades como las Socimi, que están apoderándose de edificios enteros y echando a las familias”, asegura. “Tenemos respuestas como la moción que llevamos al Ayuntamiento, pero también como la recuperación del bloque de la calle Aragón”, explica. Se refiere a un edificio adquirido por el fondo buitre israelí Norvet, donde se ocuparon seis viviendas este verano para alojar familias y al mismo tiempo apoyar a las que viven de alquiler y ahora pueden ser expulsadas para dar paso a pisos de lujo. “Ya no sólo son los bancos los que están conquistando la ciudad, sino también otros actores como los fondos de inversión Norvet, MK Premium o Vauras, que se están apoderando de la ciudad como si los vecinos no existiéramos, y tenemos que hacerles frente”, concluye.

Nueve años después, la batalla legal de la PAH sigue luchando para llegar a buen puerto, pero  son muchas otras reivindicaciones –y respuestas– las que se han incorporado por el camino, y en la guerra para defender el derecho a la vivienda, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca cuenta con cada vez más alianzas. Aseguran que lucharán mientras sea necesario para hacer efectivos los derechos que no garantizan las instituciones, pero que cambiar las leyes es imprescindible para que lleguen a todos.