La Alianza contra la Pobreza Energética (APE) ha ocupado este martes las oficinas comerciales de Aguas de Barcelona (Agbar) para pedir la condonación de la deuda acumulada de cinco familias. Desde la Alianza aseguran que son familias seguidas por Servicios Sociales que están en una situación de riesgo residencial que no pueden asumir el coste de las facturas acumuladas.
La Ley 24/2015 establece el principio de precaución como eje básico de garantía de los suministros de los hogares catalanes. A pesar de ello, según ha explicado la portavoz de la APE, María Campuzano, más de dos años después de su entrada en vigor, la Generalitat y las compañías suministradoras “han sido incapaces de acordar los convenios previstos en la misma norma para que las compañías asuman a fondo perdido las deudas de las familias en situación de vulnerabilidad”. Por ello, desde la APE, se muestran preocupados porque los convenios son “demasiado genéricos” y no recogen la condonación de la deuda de las familias.
Cristina García es una de estas familias afectadas. Vive con sus cuatro hijos, tres de los cuales son menores de edad, en un piso en el barrio de la Salud de Badalona. García tiene una deuda de más de 1.000 euros de facturas de agua impagadas desde poco antes de 2015, pero como cobra una ayuda de 645 euros, asegura que le es “imposible asumir” la deuda acumulada. Ella recibe ayudas y bonus por parte de Aguas de Barcelona y actualmente paga las facturas, pero dice que “no es suficiente”, ya que esto se aplica sobre las facturas que vendrán y no afecta a las deudas anteriores. “Estas ayudas son parches, no medidas estructurales”, opina la portavoz de la Alianza. Campuzano, en declaraciones a Catalunya Plural, ha explicado que se han reunido con Aigües de Barcelona para intentar negociar pero que no han llegado a ningún acuerdo y que, por tanto, mantendrán la ocupación.
El caso de García no es único. Desde la APE han presentado cuatro casos más de familias que se encuentran en una situación similar, con deudas contraídas en una situación de exclusión residencial acreditada por Servicios Sociales y que, en la mayoría de los casos, sigue siendo vigente. “Estas situaciones provocan estrés y angustia y afectan al bienestar físico, mental y emocional de las personas afectadas y sus familiares”, ha explicado Campuzano. “El hecho de que la compañía siga reclamando estas deudas es una estrategia de presión que puede llevar a las familias a pagar aunque no puedan, arrastrándolos a que tengan que dejar de cubrir necesidades tan básicas como la comida”, ha añadido la portavoz de la entidad.
“Tenemos muy claro que quien debe asumir la deuda son las compañías con sus beneficios”, aseguran desde la Alianza. Una cifra que, según la APE, ascendería hasta los 27,7 millones de euros de beneficio en el año 2016 en el área metropolitana de Barcelona. “Si damos la gestión a una empresa privada que hace negocio con la gestión de un derecho fundamental, como mínimo deben asumir la deuda de las familias que no pueden pagar” ha espetado Campuzano.
Desde el APE recuerdan que la pobreza energética sucede durante todo el año, pero que en días como hoy, con temperaturas mínimas por debajo de los cinco grados en Barcelona, hay “mucha más necesidad de calentar la casa” y, por tanto, de aumentar el consumo energético. Un hecho que agrava, aún más, la situación de las familias que acumulan deudas con las compañías suministradoras. “A veces tienen tanto miedo que aumente la deuda que directamente no encienden la calefacción, aunque lo necesiten”, concluye Campuzano.
Catalunya Plural, 2024 
