Las reacciones de condena a las órdenes de prisión dictadas por el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena contra los ex consejeros Turull, Rull, Romeva y Balsa y la expresidenta del Parlament Carme Forcadell han llegado desde múltiples colectivos que no están directamente implicados en el procés y que tienen ámbitos de actuación muy diversos: Iglesia, sindicatos, ecologistas, juristas, universidades, activistas gays… recogemos una selección.
Sindicatos
Comisiones Obreras de Cataluña ha emitido un comunicado en el que pide al Tribunal Supremo que revise su decisión y deje en libertad a todas las personas encarceladas por la causa soberanista. “CCOO considera que la judicialización del conflicto político empeora la situación en Cataluña e insiste en una salida política y negociada que reconozca y reconstruya la capacidad de autogobierno de Cataluña. La judicialización del conflicto político está ahogando las instituciones catalanas y necesitamos altura de miras y respuestas comunes para salir de este callejón sin salida”, afirma el sindicato. A través de un tuit, la UGT de Cataluña también ha tildado la decisión de Llarena de “aberración jurídica” y ha pedido la libertad de los “presos políticos”. En sentido similar se han manifestado otros centrales sindicalistas como USOC o CGT.
Juristas
La sección territorial de Juezas y Jueces por la Democracia ha emitido un comunicado donde se denuncia “la creciente judicialización de la política” y se hace un llamamiento al diálogo político para garantizar la estabilidad institucional. Los jueces critican el uso que se está haciendo de la prisión preventiva, recuerdan que se está privando a unos representantes electos a su derecho de representación política y afirman que “la carencia de soluciones políticas a un conflicto político no se puede sustituir sólo con el Código Penal”.
En este sentido, hay que recordar que el Síndic de Greuges (Defensor del Pueblo catalán) ya reaccionó el mismo viernes y a través de un comunicado manifestó que “impedir la posible investidura del candidato a la presidencia de la Generalitat vulnera los derechos de participación política de toda la ciudadanía de Cataluña” y que “se mantiene una desproporción penal ante una cuestión política que va en contra de la reiterada jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH)”.
También la asociación de jueces Àgora Judicial –que agrupa varios magistrados que han abandonado las asociaciones españolas a raíz de la judicialización del procés– asegura que el ingreso a prisión provisional de Jordi Turull, Josep Rull, Raul Romeva, Dolors Balsa y Carme Forcadell es “desproporcionada” y no se tendría que haber hecho por “criterios ideológicos”, sino valorando si existía riesgo de fuga, de destrucción de pruebas o de reiteración delictiva, cosa que pone en entredicho.
Universidades
En un comunicado de la Asociación Catalana de Universidades Públicas (ACUP), los rectores y la rectora de las ocho universidades públicas han hecho público “nuestro profundo malestar por los encarcelamientos de varios dirigentes y cargos políticos. Consideramos que hay otras vías para afrontar la situación política que vive Cataluña en estos momentos y que la prisión no es la manera de hacerlo (…) La situación extraordinaria que vive nuestro país obliga todo el mundo a actuar con la máxima responsabilidad para propiciar una solución democrática y dialogada al conflicto”.
Iglesia
La abadía de Montserrat ha emitido un comunicado oficial donde dice que “la situación que se vive en Cataluña es muy preocupante y muy dolorosa. Los encarcelamientos preventivos, incomprensibles para mucha gente, están creando una inquietud notable. Además, dificultan la posibilidad de una distensión que facilite caminos de solución al problema político que nos afecta a todos y que no querríamos que se agravara. Por eso es importante mantener la capacidad de afrontar el momento presente desde la reflexión y del diálogo”. A esta petición de diálogo del padre Abad Josep Maria Soler se ha añadido, a través de su cuenta de twitter, el cardenal-arzobispo de Barcelona, Joan Josep Omella.
Activismo social
El Front d’Alliberament Gai de Catalunya (Frente de Liberación Gay de Cataluña) también ha emitido un comunicado en el cual manifiesta “el absoluto rechazo al brutal grado de represión del gobierno del estado español que en los últimos días ha provocado el encarcelamiento de cinco nuevas presas políticas y el envío al exilio de compañeros y compañeras”.
Ecologistas en Acción de Cataluña ha difundido una nota a través de la cual expresa su preocupación por el “descrédito que la Justicia española está sufriendo ante la comunidad internacional, hasta el punto de que solamente es capaz de aplicar su particular interpretación de las leyes, dentro de sus propias fronteras”. Algunas resoluciones del Tribunal Supremo, añade la entidad ecologista, “nos parecen directamente un insulto a la democracia y al sentido común. Esta apreciación va en línea de la opinión expresada por numerosos expertos juristas y colectivos de abogados”.
El Grup d’Estudis Polítics señala en un comunicado que “mantener privados de libertad a diputados elegidos democráticamente, impidiéndoles el ejercicio de sus derechos políticos, es una situación que pugna con las consideraciones más recientes del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, por lo cual pedimos la liberación de los políticos catalanes encarcelados”.
Diputación de Barcelona
Entre las instituciones que se han manifestado destaca la Diputación de Barcelona, que a través de una nota emitida sábado exige “la liberación de los presos políticos” y pide que “el Estado español ponga fin a la represión política y judicial que está sufriendo nuestro país”. Y añade: “El gobierno de la Diputación se mantiene junto a todos aquellos representantes que defienden el mandato de las elecciones del 21D, impuestas por un Gobierno español que mantiene vigente el artículo 155 que mantiene paralizada la acción política de nuestro país (…) Reitera la necesidad de que la Unión Europea y la comunidad internacional tome partido a favor del diálogo y el consenso estableciendo los mecanismos necesarios que hagan viable una mediación entre las partes, especialmente a la vista de los graves acontecimientos que de forma continua se suceden en Cataluña”.
Medios de comunicación
Más de un centenar de medios de comunicación de la Associació de Mitjans d’Informació i Comunicació (AMIC) han publicado un editorial conjunto para hacer frente “a una espiral enloquecida de un Estado cada vez más autoritario”. En el texto, reclaman al Gobierno español que pare la represión y dialogue. Además, lamentan que “aplique represalias contra los líderes políticos y sociales del país” y que no hayan servido de nada las “manos extendidas” ni los “llamamientos a la moderación” y el “pacifismo radical”. “Madrid no aspira a la derrota electoral del independentismo, exige la humillación y la retractación. E, incluso así, el destino del que discrepa es la prisión”, escriben.
En el mundo de la cultura y del deporte también el viernes y sábado se han vivido varias manifestaciones de rechazo a la decisión del juez Llarena, como los cinco minutos de silencio (seguidos de gritos de “libertad, libertad”) en el partido de la Euroliga que enfrentó al Barça y al Baskonia, o las suspensiones de varios conciertos y actuaciones teatrales.
Catalunya Plural, 2024 
