La Ley de Vivienda impulsada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) no continuará su tramitación en el Congreso. La Mesa del Congreso, con los votos del PP y C’s, ratificó el pasado día 20 el veto del Gobierno a esta ley, que fue registrada con la firma de los grupos parlamentarios de Unidos Podemos, ERC y Mixto. Ante esta situación la PAH está trabajando en un recurso para que la Mesa valore por segunda vez este veto. “Queremos que la ley se debata, que se pueda hablar, es una cuestión de democracia” reivindica Luis Sanmartín, portavoz de la Ley Vivienda de la PAH. Por ello, dicen, “vamos a interpelar a Ciudadanos, iniciaremos una campaña de escraches de mayor intensidad y buscaremos el posicionamiento del resto de fuerzas del Congreso”, zanja Sanmartín.
Desde la PAH tienen el punto de mira puesto en Ciudadanos porque si, en lugar de votar en contra se abstuvieran, seria suficiente para que la ley entrase a debate en la cámara. Por su parte, la Constitución otorga al Ejecutivo la prerrogativa de oponerse a la tramitación de aquellas iniciativas que suponen, a su juicio, una disminución de los ingresos o un aumento de los gastos presupuestarios. En el caso de esta proposición de ley, el Ejecutivo calcula que tendría un sobrecoste presupuestario cercano a los 90.000 millones de euros para los próximos diez años. Sin embargo, desde la PAH ya lo previnieron y por ello diseñaron el texto de manera que “el rescate a la ciudadanía no procediese de las arcas públicas”, sino de los “responsables de la emergencia habitacional”: los bancos. También han añadido una cláusula que permite retrasar las medidas concretas que afectan a los Presupuestos Generales del Estado al siguiente ejercicio.
Esta propuesta de ley recoge cinco propuestas que la Plataforma considera “básicas y mínimas”: la dación en pago retroactiva, regular el precio del alquiler, que no se produzcan desahucios sin alternativa habitacional, viviendas sociales y suministros básicos garantizados para combatir la pobreza energética. Según la PAH, únicamente la parte de la dación en pago retroactiva permitiría a 700.000 familias en todo el estado que han pasado por procesos de ejecución hipotecaria “librarse de deudas de por vida”. También calculan que cada día se desahucia a 173 familias en España, un 60% de las cuales es por impago del alquiler. “Hablamos de que 100 personas al día dejarían de enfrentarse a procesos de desahucio por no poder pagar el alquiler”, explica Sanmartín.
Una de estas familias es Theo, que vive con su hija, su gato y su perro en un piso de 750 euros en el barrio del Poblenou. Theo lleva 17 años en Barcelona, tres en este apartamento, y asegura que nunca ha tenido problemas de impago. No obstante, en el ultimo año le rebajaron los ingresos a más de la mitad. “Antes ya destinaba más de la mitad de mi salario al alquiler, cuando se rebajó a la mitad de lo que ganaba no podía seguir pagando”, explica Theo. Pese a que intentó negociar con el administrador, la negociación no prosperó y el caso llegó a los juzgados. Ahora ya lleva dos desahucios parados y tiene el tercero previsto para finales de mayo. Está en la lista de espera para recibir un piso de emergencia social, pero le dicen que de momento no hay ninguno disponible. Theo además se muestra preocupado porque asegura que, al tener animales, no se encuentran habitaciones. Tampoco puede hacer frente a la fianza por adelantado de un piso nuevo. “Solo me ofrecen una pensión por unos días, pero no es viable”, explica. Su solución, dice, fue encontrar la PAH hace pocos meses.
Para Sanmartín este es un caso claro en el que se muestra cómo de necesario es mobilizar el parque público de alquiler. “Cuando alguien necesita un piso de emergencia lo necesita ya, no dentro de diez meses”, añade el portavoz de la Ley de Vivienda. Para él, “forzando a bancos y grandes propietarios a movilizar pisos injustificadamente vacíos, el parque publico seria mayor y los pisos de emergencia social serian realmente de emergencia”. Actualmente el parque público de alquiler en Barcelona es de un 1,5% y no llega al 2% en España.
No obstante, ampliar el parque público de alquiler no es la única emergencia. “Es necesario poder acceder a un piso de alquiler con un precio asequible” opinan desde la PAH. Por ello plantean que la Ley de Vivienda establezca un índice de referencia –como ya existe en Berlín– que tenga en cuenta la capacidad adquisitiva de la población. “No hacen falta solo recursos para afrontar la emergencia social, como la ampliación del parque público de alquiler, sino recursos preventivos para evitar futuras emergencias, pensar qué hacer con la burbuja del alquiler o cómo regular el resto de bienes de primera necesidad”, concluye Sanmartín.
Catalunya Plural, 2024 
