Las personas que sufren inseguridad habitacional y financiera tienen cuatro veces más probabilidades de sufrir problemas de salud mental y física. Esta es una de las principales conclusiones presentadas en el informe ‘Radiografias de la situación del derecho a la vivienda, la pobreza energética y su impacto en la salud en Barcelona’. Esta cifra se extrae de una encuesta a un centenar de personas con cerca de 250 preguntas sobre la vivienda, los suministros y la salud con datos sociodemográficos y otros relevantes.
El documento, impulsado por el Observatorio DESC, la Agencia de Salud Pública, Ingeniería Sin Fronteras, la Alianza contra la Pobreza Energética (APE) y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), presenta la situación del derecho a la vivienda, la pobreza energética y su impacto en la salud en Barcelona. Destacan la complejidad del fenómeno de la ocupación, una alternativa “desesperada” de muchas familias que se quedaban en la calle, las mujeres como colectivo “especialmente afectado” por la emergencia habitacional y energética, y los problemas de salud mental y física que comporta la carencia de vivienda.
El informe muestra como el 82,3% de los hombres y el 70% de las mujeres encuestadas en situación de exclusión residencial presenta una mala salud mental. Estos porcentajes son muy superiores a los que presenta la población general de Barcelona (16,5% y 20,3%, respectivamente). Además el 30% de los hombres y el 54,8% de las mujeres refieren un estado de salud malo o muy malo, una cifra, también, muy superior al de la población general de la ciudad (15,5% y 22,6%, respectivamente). Para obtener estos porcentajes se han cruzado los datos con los obtenidos a través de la Encuesta de Salud de Barcelona del año 2016.
Ante esta situación, desde la Agencia de Salud Pública de Barcelona (ASPB) reclaman la necesidad de dar herramientas para diagnosticar estas problemáticas “pero evitando la sobremedicación”. “La solución a los problemas no es tomar una pastilla o un antidepresivo, sino apoderar a las personas, que sepan qué derechos tienen y donde pueden acudir para generar apoyo mutuo”, ha explicado Ana M. Novoa, técnica de la ASPB y una de las autoras del estudio. Novoa ha reivindicado que “hay que asegurar” un acceso digno a la vivienda y a los suministros para todo el mundo y hacer tareas de prevención “como ya vienen haciendo los movimientos sociales” para revertir esta situación. Novoa también ha querido lanzar un mensaje a los responsables médicos para que cuando les llegue una persona a la consulta “no sólo tengan en cuenta la enfermedad en concreto”, sino que “hay que ver en qué condiciones vive“.
Las mujeres son las principales afectadas por procesos de pérdida de vivienda
El informe también muestra como el 68% de las personas encuestadas son mujeres y el 44% del total tienen menores a cargo suyo, siendo el 32% familias monomarentales. Esta situación se repite en cuanto a pobreza energética: el 78% de los casos son mujeres que manifiestan no poder mantener su casa a una temperatura adecuada durante el invierno. En cuanto a impago de facturas y suministros básicos, el 69% de los casos corresponden también a mujeres.
Para las entidades autoras del informe estos datos “ponen sobre la mesa” que las mujeres son un colectivo “especialmente afectado” por la emergencia habitacional y la pobreza energética. Concluyen también que “la desigualdad de género es un factor de riesgo que aumenta la vulnerabilidad y las situaciones de emergencia habitacional y pobreza energética”. Desde la PAH y la APE aseguran que, además, hay más presencia de mujeres en sus asambleas.
“Hay que promover atención especializada a familias monomarentales en situación de exclusión social afectadas por la crisis en centros educativos para evitar situaciones de vulnerabilidad y proporcionar ayuda adecuada”, han reivindicado desde la PAH. Por eso piden disponer de pisos destinados a mujeres víctimas de violencia machista, una demanda que ya dicta la Ley Orgánica 1/2004 de medidas de protección integral contra la violencia de género.
Los problemas de alquiler disparan las ocupaciones de viviendas de grandes tenedores
El 82% de las personas encuestadas por el informe han accedido a viviendas en propiedad de bancos o grandes tenedores. Con este dato los autores del informe han querido desmontar “el mito” que se ocupan “pisos de pequeños propietarios cuando se van de vacaciones” y han criticado “la estigmatización” de este fenómeno. El 73% de las familias que han ocupado una vivienda en Barcelona lo han hecho después del 2017 y un 29% habían sido previamente desahuciadas por impago del alquiler. Esta situación se debe a la fuerte subida de los precios del alquiler los últimos años que desembocó en una oleada de desahucios. Es la primera vez que se elabora un informe que estudia la ocupación.
Uno de los autores del estudio, Guillem Domingo, ha remarcado que, a diferencia de la década de los 60, ahora la gente “no va a un terreno y pone los tochos, sino que hay una vivienda vacía y accede precariamente”, en paralelismo al barraquismo que vivió Barcelona. Para Domingo, “vivimos una situación poliédrica de exclusión social” que afecta cada vez a más gente.
“Queremos que el informe sea una herramienta para utilizar y ver que la vivienda no es una mercancía, sino un derecho”, ha concluido la portavoz de la PAH, Lucía Delgado. Por eso reclama que, ante estas situaciones “que viven personas, no números”, no se trata de garantizar “cuatro paredes”, sino “una estabilidad que permita a la gente crear un proyecto de vida”.
Catalunya Plural, 2024 
