“De la necesidad hicimos virtud”, explica, para situarnos, la abogada Marisa Fernández, al referirse a la ley que hace diez años plantaba la semilla de la actual Red de Atención y Recuperación Integral para las mujeres en situaciones de violencia machista. “En Cataluña no tenemos competencias penales ni procesales; no tenemos capacidad sancionadora, por lo que los derechos de las mujeres fueron el eje de la ley”, destaca Fernández, miembro de Dones Juristes y una de las redactoras de esta normativa pionera en el Estado y considerada de las más progresistas a escala europea.
La amplia participación durante la gestación de la Ley 5/2008, de 24 de abril, del derecho de las mujeres a erradicar la violencia machista, ha sido su principal fortaleza. “Nada de una participación simbólica, las entidades feministas y los grupos de mujeres hicieron aportaciones esenciales al texto”, remarca la abogada. Era la época de la reedición del tripartito y, con el Institut Català de les Dones (ICD) presidido por Marta Selva, la ley catalana supuso un salto cualitativo respecto a la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Aprobada por el Congreso de Diputados el diciembre de 2004, la ley estatal reconoce derechos a las mujeres afectadas por violencia machista estrictamente en el marco de la pareja o expareja y desarrolla la protección penal.
Ni de género ni sexista. En el caso de la ley catalana, el tejido feminista apostó por denominar y visibilizar socialmente la violencia contra las mujeres por el hecho de serlo como violencia machista. Un progreso aún mayor respecto al marco español es que la ley 5/2008 amplía el reconocimiento de las expresiones en que la violencia hacia las mujeres se manifiesta (física, psicológica, sexual y económica) y el hecho que, a pesar de titularse en singular, recoge la existencia de violencias machistas en diversos ámbitos (además de las relaciones de pareja, el entorno familiar, laboral y sociocomunitario).
La apertura de miras sobre qué es violencia machista resultó alineada con el contenido del futuro Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia hacia las mujeres y la violencia doméstica, más conocido como Convenio de Estambul. Se firmó tres años después, el mayo de 2011, e incluye conductas hasta entonces no definidas como violencia machista, como son la violencia económica, los matrimonios forzosos o la mutilación genital femenina, ya incluidas como formas de violencia machista en la ley catalana del 2008.
A pesar del completo reconocimiento de las violencias machistas que hace el texto, en el aterrizaje de los recursos de atención y recuperación que prevé la ley, la violencia hacia las mujeres ejercida en el marco de la pareja y la expareja es la que recibe, con diferencia, más esfuerzos tanto reactivos como preventivos, sin que esto signifique que en otros ámbitos la violencia machista tiene un impacto menor. “Los servicios de intervención especializada (SIE) pueden atender desde una recuperación y reparación de ablación genital femenina a un caso de acoso por razón de sexo al trabajo, pero las mujeres que sufren un tipo de violencia machista fuera de la pareja a menudo no llegan, porque falta la detección”, detecta Marta Álvarez, psicóloga especializada en violencia machista. Así lo detecta la diagnosis de la Red de Atención y Recuperación Integral para las mujeres en situación de violencia machista encargada por la ICD y elaborada por el Grupo de Investigación Antígona de la UAB en 2016. La investigación advierte que, si bien las encuestas de victimización catalana, española y europea muestran como las violencias machistas afectan una gran diversidad de ámbitos y en maneras diferentes, “la variedad de situaciones de violencias machistas no es todavía suficientemente atendida en la red de intervención, ya que la gran mayoría de situaciones de violencia machista atendidas han sido violencias en el ámbito de la pareja”.
Las cifras del teléfono de atención a las mujeres 900 900 120 durante el año 2017 son representativas. De las más de 9.750 llamadas por motivo de violencia machista, cerca del 95% han sido por violencia en el ámbito de la pareja. Menos de un 3% han sido casos en el ámbito familiar, un 2% en el ámbito sociocomunitario y un 0,5 % en el ámbito laboral.
Amplio reconocimiento, limitado acceso
La diagnosis recoge que las mutilaciones genitales femeninas son “poco detectadas y atendidas” por la Red, a pesar de que en territorios donde hay un número más grande de población de etnias que la practican, como Girona y el Maresme, el conocimiento de esta forma de violencia machista y los protocolos para prevenirla son superiores. Del mismo modo, los matrimonios forzados detectados y atendidos por la Red también supone un número “muy bajo”, según la investigación del Grupo de Investigación Antígona, dedicado a analizar el desarrollo de los derechos de las mujeres con perspectiva de género.
En cuanto al tráfico para la explotación sexual, la diagnosis encargada por el ICD destaca el “desconocimiento del fenómeno de algunas profesionales y de recursos específicos en algunas demarcaciones” y , en cuanto al acoso sexual o acoso por razón de género en el ámbito
laboral, recoge que “sólo se ha atendido por los servicios de la Red en contadas ocasiones”.”Si se hiciera la formación a profesionales de la Red de atención que la ley contempla, seguramente llegarían más mujeres afectadas por otros tipos de violencias machistas a los servicios de recuperación”, apunta Álvarez.
Cataluña cuenta con 322 servicios a los que pueden acudir las mujeres que han sufrido o sufren violencia machista, siguiendo datos del ICD del 2017. El 41% son servicios de información y atención a las mujeres (SIAD), en los cuales poco más de dos de cada diez (24%) de las atenciones realizadas en 2016 tenían que ver con la violencia machista. El 27% son servicios de atención policial.
Garantizar los derechos de los hijos e hijas de las mujeres afectadas es otro de los retos de la atención ante las situaciones de violencia machista que resalta la diagnosis de la Red. Si bien la Ley 5/2008 y el Protocolo de actuación que de ella se desprende para coordinar los recursos prescriben que las hijas e hijos de las afectadas tienen que ser sujetos de procesos de atención, recuperación y reparación del mismo modo que lo son sus madres, “la normativa no llega a cumplirse a la práctica y las hijas e hijos de las víctimas se han convertido en una de las partes más vulnerables de la intervención contra la violencia machista”, concluye la investigación de Antígona. Cerca de la mitad (47,4%) de profesionales encuestadas lo señaló como aspecto a mejorar, sólo superado por la intervención en materia de acceso a la vivienda y de inserción laboral.
“Ante el derecho a reparación, se han quedado con la idea que lo que se tiene que restaurar es la integridad emocional de la mujer y la preservación de la vida, cuando lo que se tiene que restablecer es la ciudadanía; el derecho a ser sujetos de derechos”, denuncia Carla Vall, abogada especializada en violencia machista. “Después de haber sufrido violencia no reciben apoyo más allá del psicológico y no es el único que hace falta para volver a hacer una vida normalizada, con autonomía”, plantea.
Reparar los daños: buenas intenciones infradotadas
Acceder a las medidas económicas, sociales y laborales, entre otras, que contribuyan a “restablecer todos los ámbitos dañados por la situación vivida” es un derecho que, en una mayoría de casos, no se hace efectivo, según coinciden a apuntar las profesionales consultadas. “Nos encontramos con deficiencias y colapses de los servicios”, asegura Vall. “En estos años hemos visto cómo se están desmantelando los servicios públicos y los servicios dedicados a mujeres y esto es un problema de voluntad política, plasmada en el plano económico, no de posibilidades de aplicar la ley”, critica la abogada.
Una de las piezas más débiles de los procesos de recuperación de las mujeres es el acceso a la vivienda. Cómo recoge el diagnóstico de 2016 encargado por el ICD, a pesar de que la Ley 5/2008 establece derechos en este ámbito, la intervención de la Red no ha conseguido superar los “serios problemas que tienen las víctimas para poder acceder a una vivienda digna”. Más de seis de cada diez profesionales de la Red (63,1%) encuestadas para elaborar el diagnóstico suspenden la intervención sobre vivienda. “La falta de recursos económicos se erige como uno de los principales escollos a superar para conseguir acceder a una vivienda y posibilitar la culminación del proceso de recuperación y reparación de las víctimas”, concluye el documento.
“En la aplicación de la ley, se pone mucho de énfasis en la protección y no tanto en la reparación de los daños. Tenemos recursos de acogida de urgencia y de larga estancia y, a pesar de que a veces hay lista de espera, las mujeres pueden acceder. El problema está en las condiciones en las que salen”, plantea Míriam Vázquez, psicóloga experta en violencias machistas. “Muchas dejan la casa de acogida con poco más de 400 euros. Esto no es una reparación. Las profesionales hacemos lo que podemos, pero nos encontramos que se ha reducido mucho la inversión para trabajar la inserción laboral y hacen falta recursos para conseguir un empoderamiento económico efectivo de las mujeres; para lograr independencia económica, sin la cual no hay reparación ni recuperación”, reivindica.
Casi siete de cada diez (69,3%) profesionales encuestadas en el diagnóstico sobre la Red elaborado por el Grupo de Investigación Antígona señalan la inserción laboral como uno de los aspectos a mejorar en los procesos de acompañamiento. Seis de cada diez suspenden la intervención realizada en materia de inserción laboral y casi un 70% consideran que hace falta un perfil profesional dedicado a la inserción laboral de mujeres en situación de violencia machista, una figura profesional que se eliminó.
“Las estructuras de la Red habilitadas para hacer efectivo el derecho a la ocupación y la formación ocupacional, tal como prescribe la Ley 5/2008, se muestran inoperantes para conseguir la integración en unos niveles que puedan ser calificados de aceptables”, concluye el diagnóstico. Los niveles de inserción son “casi nulos”, añade el documento, que califica “de imperiosa necesidad” promover programas específicos que faciliten la inserción laboral de las mujeres que han sufrido violencia machista.
Desequilibrio entre demanda y recursos disponibles
Entre los elementos de mejora que se detectan en el aterrizaje de la ley, el trabajo del Grupo de Investigación Antígona constata la existencia de saturación y listas de espera en algunos recursos de la Red y otros servicios que participan indirectamente en las intervenciones contra la violencia machista, como recursos de salud mental y de atención a menores de edad. El 35,4% de los y las profesionales encuestadas apuntan la existencia de listas de espera en el servicio al que pertenece.
Entre las causas, el estudio apunta insuficientes recursos humanos y materiales. Es el motivo que ha llevado recientemente las trabajadoras del SIE Baix Llobregat a hacer huelga y a impulsar el Sindicato Teresa Claramunt, que aspira a ser el referente de las trabajadoras de servicios de atención y recuperación de mujeres en situación de violencia machista y a través del cual denuncian la degradación de las condiciones laborales y el impacto que ha tenido en la calidad del servicio, según denuncian. A raíz de la ley 5/2008, se han creado 8 SIE en Cataluña, para ofrecer atención integral en el proceso de recuperación y reparación a las mujeres que han sufrido o sufren situación de violencia y a sus hijos e hijas, así como para incidir en la prevención.
“Socialmente, la violencia machista se está viendo más, hay un incremento de denuncias, un incremento de mujeres que consultan el 900 900 120, un incremento de mujeres que van a los servicios… quiere decir que tenemos que avanzar en el incremento presupuestario porque, si tenemos más personas ante las cuales responder, no podemos trabajar con los mismos recursos”, denuncia Álvarez que, además de la necesidad de aumentar el número de profesionales en estos servicios especializados, señala que hay que resolver desequilibrios territoriales.
Más de seis de cada diez (62,9%) profesionales encuestadas en la diagnosis de la Red consideran que harían falta más SIE en los territorios, para superar desigualdades en el acceso a los recursos para la recuperación y reparación de mujeres que han vivido violencia machista. “La organización territorial deficiente de los recursos, de más gravedad en el caso de los especializados como es el SIE, implica la existencia de procesos de atención, recuperación y reparación diferenciados para las víctimas en función de su lugar de residencia”, por lo que “la Red de recursos y su distribución por el territorio se tiene que ampliar y reordenar para evitar discriminaciones por razón de territorio”, consta en la diagnosis.
“La ley se ha visto lastrada en su aplicación, por falta de dotación presupuestaria”, lamenta Fernández, que cifra en torno al 25% la caída de recursos, respecto al 2010, dedicados a combatir la violencia machista, “una lucha en la que la ley 5/2008 -puntualiza- era sólo un principio”.
Catalunya Plural, 2024 
