Es la mañana del 26 de febrero de este mismo año, Badalona. Cientos de personas se agolpan en el portal de un típico bloque de viviendas de los barrios de carácter popular del Área Metropolitana de Barcelona. Habían sido convocadas por la Plataforma de Afectados por la Crisis para defender a una vecina que iba a ser desahuciada. “Necesitamos ser muchas” avanzaba el tuit de convocatoria. Mayra es madre de cuatro hijas pequeñas, vecina desde hace 15 años del barrio de Gorg; ya había evitado un primer desahucio en puerta junto a sus compañeras y compañeros de la plataforma. Este sería el segundo intento y, en efecto, necesitaban ser muchas personas aquella mañana.
La comitiva judicial llegó acompañada de antidisturbios en cuatro furgonetas. Mayra y sus compañeras fueron empujadas, golpeadas y, en definitiva, maltratadas. La policía sabía del poder de convocatoria que tenía el caso de Mayra por su especial vulnerabilidad y la enorme injusticia que supone que, una vez más, un banco rescatado –y comprado a precio de saldo por otro- fuese el responsable de la enésima expulsión vecinal, en una ciudad afectada por una auténtica sangría. Consiguieron detener el desalojo, resistir el exilio del barrio y hacer piña frente a un despliegue de fuerza al que la comunidad plantó cara con más de tres centenares de personas en la puerta de la casa de Mayra. “Me gustaría que jamás unas niñas tengan que presenciar como a su madre la maltratan por defender su hogar”, dijo Mayra con voz rasgada tras tanta tensión.
Al otro lado de la ciudad, Feliciano es un vecino del Poble-Sec, un padre que vive de alquiler con dos hijos menores en el piso de un edificio en la calle Murillo que ha comprado el fondo de inversión Norvet S.L. con el objetivo de hacer viviendas de lujo en una zona de la ciudad que ha visto aumentar los precios del alquiler en un 25% en los últimos tres años. El pasado 7 de marzo, un colectivo vecinal de diversos barrios, junto con la PAH y el Sindicat de Barri del Poble-sec ocupó las oficinas de la inmobiliaria para defender a Feliciano y su familia de su inminente expulsión. La movilización social y las denuncias de mobbing interpelaron la actuación institucional de l’Ajuntament de Barcelona que consiguió parar unas obras de remodelación integral del edificio que estaban llevándose a cabo sin permiso.
¿Quién es el mercado? ¿Quién la mercadería?
Un estudio del Sindicat de llogaters muestra que hoy, en Barcelona, fondos de inversión y sociedades inmobiliarias como Norvet, Lozacar, Vauras, Palau & Manfredi, Elix, MK Premium, VVV, entre otros, son propietarios de más de 3.000 pisos. A estas compañías, pese a beneficiarse de los privilegios fiscales que les otorga la legislación estatal, no les tiembla el pulso a la hora de doblar el precio del alquiler o directamente negarse a renovar los contratos de alquiler de los vecinos que viven en las fincas que compran. Si a la vorágine especulativa le sumamos unas condiciones laborales cada vez más precarizadas, el resultado son las miles de familias que en Barcelona y en el resto de municipios metropolitanos dedican más del 40% de sus ingresos a pagar la vivienda.
La creciente expulsión de vecinos y vecinas es una problemática global que afecta a Barcelona y a las principales ciudades españolas. Nos enfrentamos a un fenómeno de colonización de la ciudad por parte de un capital financiero internacional que el año pasado incrementó su volumen de inversión alrededor de un 43% respecto de 2016. Con un marco legislativo estatal que supone una auténtica alfombra roja al desfile de capitales especulativos. El caso de las SOCIMIS (Sociedades Cotizadas Anónimas de Inversión en el Mercado Inmobiliario) es paradigmático. Sociedades que nacieron a partir del régimen fiscal de 2013, alimentadas por fondos internacionales, llevan desde entonces creciendo a un ritmo inaudito. El Partido Popular creó un régimen fiscal que permite a estas sociedades lucrarse especulando a costa del precio del alquiler de quienes vivimos en la ciudad.
Una ciudad que planta cara
Junto a organizaciones y vecinos que como Mayra y Feliciano deciden plantar cara a la lógica especulativa de los fondos de inversión, se necesitan unas instituciones a la altura de las circunstancias. Actualmente son los ayuntamientos las administraciones más sensibles a la problemática. El Ayuntamiento de Barcelona es actualmente quien financia cerca del 90% de la política de vivienda de la ciudad, ante la incomparecencia del Ministerio y la Generalitat. Pese a no tener la competencia de vivienda, el Ayuntamiento ha impulsado un censo de pisos vacíos, la expropiación de pisos vacíos de los bancos e impuesto multas por no ponerlos en alquiler; hemos aumentado un 245% la atención a las familias con órdenes de desahucio y estamos promoviendo la construcción de 4.500 viviendas en 65 promociones además de haber puesto en marcha una ambiciosa política de compras que ya ha adquirido 500 viviendas. Desde la administración local estamos haciendo más que nunca en vivienda, para poner las bases de un verdadero servicio público local de vivienda además de invertir 100 millones de ayuda al alquiler y casi 90 en ayudas a la rehabilitación. Y seguiremos presionando para la modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) que permite subidas indiscriminadas de los precios de alquiler cada tres años de contrato.
La preocupación municipal no puede entenderse sin las movilizaciones sociales que hoy tienen lugar en las grandes ciudades españolas para desterrar las inversiones especulativas que hacen daño a los derechos del vecindario. Y entendiendo también los beneficios de encontrar fórmulas de cooperación público privada que diversifiquen el mercado de alquiler en Barcelona, a través de un sector privado que invierta a largo plazo en alquiler de mercado, asequible y social.
Organizaciones y vecinos han dicho basta, recuerdan que la ciudad no está en venta y reivindican el derecho a la ciudad. Ha llegado la hora de juntarnos, protegernos con lo que tenemos, pararles los pies a los enemigos de la ciudad y hacer del espacio urbano nuestro hogar. Por Mayra y Feliciano, por todas las vecinas que luchan cada día para salir adelante. Nos quedamos.
Catalunya Plural, 2024 
