E.G. y su esposa, padres de una criatura española y con autorización de residencia en régimen comunitario, perdieron su derecho a la sanidad pública a partir de la aprobación del Real Decreto Ley (RDL) 10/2012 por el PP , el 20 de abril de 2012. A E.G. le acababan de detectar un pigmento maligno que se tenía que tratar. Para SOS Racisme Catalunya, este caso – recogido en el informe de los 25 años de la situación del racismo en Catalunya– ejemplifica las “graves consecuencias” que supuso este cambio en la legislación. “Afecta a la ciudadanía a nivel personal y a la estabilidad de un derecho que ha dejado de ser universal”, denuncian desde SOS Racisme, que consideran que la naturaleza jurídica de la medida “creó un complejo contexto normativo que dificulta el acceso a la sanidad, así como la solución de las situaciones de exclusión”.
La “sanidad para todas” es una de las reivindicaciones que pide el Encierro Contra el Racismo, que hace más de un mes que están ocupando la antigua escuela Massana, en el centro de Barcelona. “El RDL del PP ha dejado fuera de cobertura a las personas en situación administrativa irregular”, critican desde el Encierro.
Ante la aprobación del RDL, el Departament de Salut de la Generalitat hizo una instrucción para dar cobertura a todas las personas extranjeras no reconocidas como aseguradas o beneficiarias del sistema nacional de salud. En el caso de EG pero, como no llevaba un año empadronado, pasó a tener una tarjeta de cobertura nivel 1 básico, que no da derecho a médico ni a pruebas de especialistas. Después de un procedimiento de más de un año y medio por la vía judicial, E.G. y su pareja recuperaron el acceso a la sanidad. La sentencia del tribunal de lo social condenó el Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS) a admitirlos.
Aunque este caso no sentó jurisprudencia, desde SOS Racisme consideran que sí sirvió para “solucionar la situación de algunas personas y generar precedente”. Sin embargo, “hoy en día todavía se dan situaciones de vulneración de derechos que hay que atender y denunciar para que ninguna persona quede sin asistencia sanitaria pública”, remarcan desde SOS Racisme.
“El RDL 16/2012 supuso un punto de inflexión para la seguridad de las personas migrantes, se les quitó uno de los derechos fundamentales y más básicos: el derecho a la salud. Este hecho no sólo supone una violación de la Carta de los Derechos Humanos, sino también el fin de la universalidad de la sanidad en España” remarcan desde SOS Racisme. Para esta entidad, se trata de un “cambio del modelo sanitario encubierto bajo la apariencia de una ley racista”. Desde la Plataforma per una Atenció Sanitària Universal a Catalunya (PasuCat) se suman a la denuncia y consideran que “no volveremos a recuperar los derechos que teníamos hasta que no se anule el RDL”. Según un informe del Instituto de Economía de Barcelona y la Universidad Pompeu Fabra, la mortalidad entre la población sin papeles aumentó una media de un 15%entre 2012 y 2015. Fueron los tres años posteriores a la aplicación de la ley sobre la reforma sanitaria implementada en España a través del RDL 16/2012.
La medida, que buscaba implementar “medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones”, se popularizó como ‘apartheid sanitario’ y sumó en menos de tres años 1600 casos de exclusión médica, tal como denunció la Red de Denuncia y Resistencia al Real Decreto (REDER). En Barcelona, la problemática llevó a los mismos migrantes -ayudados por el movimiento okupa de la ciudad, varias asambleas de barrio y también por los iaioflautas- a crear un rincón autónomo en el Raval donde atender a repelidos por la reforma del PP. Llamaron a la iniciativa Espacio del Inmigrante .
E.G. y su esposa denunciaron su caso, pero no todo el mundo que vive situaciones similares opta por lo mismo. En 2017, un 57% de las situaciones de racismo identificadas por el Servicio de Atención y Denuncia (SAiD) de SOS Racisme no fueron denunciadas. Esto incluye agresiones entre particulares, por parte de cuerpos policiales y discriminación en servicios privados. De los 23 casos que gestionaron en relación al acceso a derechos sociales, 7 fueron en relación al acceso a la salud.
Catalunya Plural, 2024 
