El TSJC anula la orden del Govern que garantizaba la sanidad universal y Vergés asegura que “Catalunya seguirá dando asistencia a todo el mundo”

Primer día de trabajo para la consellera de Salut, Alba Vergés. Nada más llegar al Departament de Salut se reunió con altos cargos del Departament, del Servei Català de la Salut (CatSalut) y con miembros de ADIC Salud. Durante esta reunión analizó los efectos de la aplicación del 155 para hablar de como revertir la situación y ver como abordar los ejes principales y las políticas que tendrá que abordar.

En un parlamento que dirigió a los trabajadores del Departament de Salut dejó claro que Catalunya seguirá “dando asistencia sanitaria a todo el mundo”. Además, agradeció a los trabajadores de las instituciones de salud y a los de la sanidad pública de Catalunya la resistencia y el trabajo de estos últimos meses. Lo hizo a la vez que, dado el cambio de Gobierno a nivel estatal, pidió a Pedro Sánchez derogar el real decreto estatal del PP que deniega la universalidad de la asistencia.

A su entender, se siente legitimada a realizar esta demanda y a seguir dando asistencia a todo el mundo porque “la sociedad catalana siempre ha mostrado este consenso al respeto independientemente de lo que haga el Gobierno español”.

A pesar de la voluntad de la nueva consellera de mantener la ley aprobada en Catalunya y suspendida por el Tribunal Constitucional, ahora la orden que dictó la Generalitat en 2015 para garantizar la asistencia sanitaria a los inmigrantes “sin papeles” empadronados, frente al decreto del Gobierno que denegaba este servicio a los extranjeros indocumentados también ha sido anulada por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC).

En la sentencia del TSJC se estima parcialmente el recurso contencioso-administrativo que el Ministerio de Sanidad presentó en 2015 contra la decisión de la Generalitat de mantener la cobertura sanitaria. El texto sostiene que la orden del Gobierno catalán “vulnera el criterio básico establecido en la norma estatal”, ya que supone una “ampliación de la cobertura sanitaria en el ámbito subjetivo de las prestaciones”.

La ampliación a la que se refiere implicaba, antes de la suspensión por el TC, que todas las personas residentes en Catalunya tenían derecho a la asistencia sanitaria con cargo a los fondos públicos mediante el Servicio Catalán de la Salud y que la forma de acreditarlo sería el empadronamiento. Con esta ley también se establecía que las personas que podían acogerse tenían derecho a disponer de un documento similar a la tarjeta sanitaria individual, aunque válida solamente para acceder a los servicios sanitarios públicos de Catalunya.

Cómo también recuerda el TSJC en su sentencia, el Constitucional estableció que la normativa básica estatal “cierra toda posibilidad en las normas autonómicas de desarrollo para configurar un sistema de acceso a las prestaciones sanitarias que no atienda a los conceptos de asegurado o de beneficiario” establecidos por el Gobierno. Aún así, el texto del TSJC sí que avala el diseño de la tarjeta del CatSalut que el Gobierno estatal había impugnado en el mismo recurso argumentando que esta no preveía incluir los letreros “Sistema Nacional de Salud de España y “Tarjeta Sanitaria”.

Según el TSJC, el decreto gubernamental que regula los datos básicos comunes de las tarjetas sanitarias individuales establece solamente que tienen que incluir “de forma inexcusable” la identificación del titular y del derecho que le asiste respecto a la prestación farmacéutica. Así pues, sí que avala el modelo catalán porque “aparece claro que el legislador estatal, al establecer los elementos mínimos comunes en todo el territorio nacional para las referidas tarjetas, no ha incluido la referencia a los letreros” mencionados.