“La mejor manera de combatir la violencia institucional es hablando”. Bajo esta idea, pronunciada por el periodista del Diari Ara Enric Borràs, cuatro personas que han vivido diferentes situaciones de violencia institucional han explicado sus vivencias ante más de un centenar de personas. El escenario escogido, la antigua prisión Modelo, cuando hace un año que el último preso salió.
Durante las jornadas ‘Tortura y Violencia Institucional en el Estado español’, organizadas por la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura (CPDT), la entidad ha presentado su informe anual donde recogen 224 situaciones en que se produjeron agresiones , torturas o malos tratos a un total de 1.014 personas. Todos estos casos tuvieron lugar a lo largo de 2017 bajo custodia de funcionarios en comisarías, cárceles o en el transcurso de intervenciones policiales, como manifestaciones.
En las jornadas, propuestas como “un espacio de denuncia, reflexión y debate” con voces expertas y afectadas ha participado Txell Bonet, compañera del presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, actualmente encarcelado en Soto del Real. Para ella, si bien las condiciones de Cuixart en prisión “son las mismas que las de cualquier preso común”, cuenta con un “gran apoyo” social y mediático. “Cuando visito Soto del Real con mi hijo pequeño me fijo en el resto de presos y veo que han tenido dificultades en el acceso a oportunidades, esto ha hecho que terminen en la cárcel” ha relatado Bonet. Para ella, lo peor del encarcelamiento de Cuixart es el viaje que hace semanalmente hasta Madrid, lo que supone un “gran desgaste físico, mental y económico” por 40 minutos de visita a través de un cristal. “Cualquier preso debe estar cerca de la familia, en la prisión más cercana”, ha reivindicado Bonet.
Muy diferente es la historia contada por Mohammed Ezzakte. “Salí de trabajar a las tres de la madrugada del puerto de Barcelona, cuando la policía me pidió la documentación”, relata. Su historia se basa en el “racismo y la violencia policial”. Ezzakte recuerda como la policía lo insultó y lo pegó: “Cuando me dicen ‘morito de mierda’ no sólo me insultan a mí, sino a todas las personas de origen árabe”. Esa noche Ezzakte recibió varias patadas y empujones que le dejaron con la nariz y la boca rotas, lo que conllevó que perdiera el trabajo de cara al público que tenía en ese momento. Para él, “la policía olvida su función principal, que es la de proteger a la ciudadanía, no pueden pegar a nadie por ningún motivo”.
Gracia Amo lleva años reivindicando la muerte negligente de su hijo Eduard, en el centro penitenciario de Brians II. En el informe psiquiátrico de Eduard constaba que seguía un tratamiento a base de metadona, era psicopatológico, con trastorno de personalidad, impulsividad extrema, baja tolerancia a la frustración, muy vulnerable y con una politoxicomanía severa. Lo detuvieron por robo y terminó encerrado en Brians II. Allí un día consumió heroína intravenosa y, al no encontrarse bien al cabo de unas horas, se dirigió a la enfermería, donde “le dieron un chute”, explica Amo, “que le provocó una sobredosis” . Volvió a la celda, donde se empezó a encontrar peor. El compañero de celda lo vio e intentó llamar a los funcionarios, pero el timbre de la celda estaba estropeado. Cuando finalmente aparecieron ya era demasiado tarde. Eduard había muerto. Amo no duda en asegurar que “Brians II es responsable de la muerte de mi hijo”. Ahora está pendiente del juicio, donde también declarará el compañero de celda. Ante esta situación, dice Amo, “desde la prisión le han recomendado al compañero que no tuviera contacto con ningún familiar de Eduard ‘si no las quería pasar putas”. “Esto es chantaje”, concluye.
Roger Español fue una de las 1.066 personas que resultaron heridas -según cifras del Departamento de Salud- el 1 de octubre a raíz del referéndum del 1 de octubre. Español perdió un ojo a raíz del impacto de una pelota de goma durante las cargas policiales del 1 de octubre. “Fue una suerte que sólo yo fuera el único herido grave”, explica Español, que recuerda como en el momento del impacto estaba rodeado de periodistas identificados. “Mi sensación es que algunos policías tenían grabado a fuego el mensaje de ‘a por ellos'” opina.
Para todos ellos los casos vividos han supuesto un impacto en sus vidas. Para Txell Bonet, lo que más lamenta es que su compañero se pierda el crecimiento de su hijo pequeño. Sin embargo, asegura que “lo peor de la censura no es el olvido, sino no denunciar los casos de violencia”. Gracia Amo, que está a la espera del juicio por la muerte de su hijo, ha denunciado el “corporativismo mafioso” de las cárceles y la “sobre medicalización de los internos”. Mohammed Ezzakte y Roger Español coincidieron en que “hay que cambiar el modelo policial”. Esto pasaría, entre otros, por la “correcta identificación policial”. Ambos se han encontrado con dificultades a la hora de sacar adelante las respectivas denuncias. Desde Irídia – Centro para la Defensa de los Derechos Humanos han pedido “medidas urgentes” como un código “comprensible y que se pueda memorizar por parte de la población general” que esté visible “por delante, por detrás y en el casco” de los agentes.
Catalunya Plural, 2024 
