La Audiencia Nacional ha emitido su veredicto sobre uno de los casos de corrupción que más polvareda levantó en Cataluña hace unos años. El alto tribunal ha condenado a penas de hasta 7 años y un mes a los acusados, once en total, de la conocida como operación Pretoria. Este caso se consideró como paradigmática de relación transversal que se produjo en algunos sectores de negocios entre CiU y PSC. Entre los condenados está el ex conseller Macià Alavedra, el antiguo secretario general de Presidencia de la Generalitat, Lluís Prenafeta, el exparlamentari del PSC Luís Andrés García Sáez (Luigi), y el exalcalde de Santa Coloma de Gramenet, Bartomeu Muñoz.
En concreto, Luis Andrés García Sáez ha sido condenado a 7 años, 1 mes y 27 días de prisión. Mientras que el exalcalde de Santa Coloma de Gramenet Bartomeu Muñoz ha recibido una pena de 5 años, 8 meses y 28 días de prisión. También ha sido condenado el exconcejal de Santa Coloma Manuel Dobarco, a quien se le ha impuesto una pena de 8 años y medio de inhabilitación. Según los magistrados, Muñoz y Luigi tuvieron un papel clave en las actuaciones urbanísticas ilícitas gracias a los cargos que ocupaban.
Mucho mejor librados han salido los que fueron altísimos cargos de varios gobiernos de Pujol (que durante la vista oral decidieron colaborar con la justicia y confesar que habían puesto precio a su influencia política): Macià Alavedra y Lluís Prenafeta, que no entrarán a prisión. El ex secretario de Presidencia de la Generalitat y el ex conseller de Economía, respectivamente, han sido condenados a un año, 11 meses y 27 días de prisión. Las condenas se han debido a los delitos de tráfico de influencias y blanqueo de capitales. La sala considera probado que los dos intervinieron activamente en las operaciones de especulación inmobiliaria llevadas a cabo en Sant Andreu de Llavaneres y Badalona para favorecer a empresarios particulares.
Algunos acusados han devuelto el dinero
Las condenas de la Audiencia Nacional hablan de delitos de tráfico de influencias, prevaricación administrativa, soborno, falsedad documental y blanqueo de capitales. El caso hace referencia a la etapa 2002-2009, y constata que durante estos años en el área metropolitana de Barcelona se hicieron varias actuaciones que perjudicaron el urbanismo local.
La sentencia alude a tres operaciones: Pallaresa, Niesma y Badalona, que ascendieron a 5,8 millones de euros. En este marco, la Audiencia ha acordado la devolución de los beneficios obtenidos por Bartomeu Muñoz, que ascienden a 1,1 millones de euros, así como las comisiones de las ganancias obtenidas por Alavedra, de 3,2 millones de euros, y Prenafeta, que ascienden a los 5,1 millones de euros.
Hay que recordar que las operaciones millonarias se hicieron gracias a una sociedad pantalla y a cambio de usar su influencia en la Generalitat para conseguir recalificaciones urbanísticas y adjudicaciones a favor de determinados empresarios. También admitió Luigi ante el juez que se habían efectuado pagos a Alavedra y Prenafeta de comisiones del 4%.
Catalunya Plural, 2024 
