“Se avanza hacia la independencia pero aún no está al alcance de la mano. El camino es largo”

Licenciado en Derecho por la Universidad de Barcelona en 1972 y doctorado por la Universidad Autónoma de Barcelona en 1982, Joan Josep Queralt es catedrático de Derecho Penal del primero de estos centros universitarios desde 1995. Académico de largo recorrido, dedicado a la docencia, la investigación y la gestión universitaria es comentarista y colaborador habitual de numerosos medios de comunicación. Tiene muy claro que se está cometiendo una injusticia clamorosa con los políticos y dirigentes sociales independentistas presos y los que se han marchado al extranjero para no ser privados de su libertad.

¿Por qué cree que están en prisión los nueve políticos y dirigentes sociales independentistas acusados ​​de sedición, rebelión y malversación de fondos?

Como no han cometido ningún delito y los hechos que se les imputa no tienen ninguna relevancia penal se trata más bien de una venganza, de buscar un castigo ejemplar. Se ha tocado lo que más duele, que es la unidad de España, que pasa por encima de todo, de la ley, del derecho, de la moral.

¿Hay diferencias entre el caso que afecta Jordi Sánchez y Jordi Cuixart y los de los dirigentes políticos que están en prisión o en el extranjero?

Desde el de punto vista jurídico-penal no hay ninguna diferencia porque no han cometido ningún delito. Están en prisión por unos delitos que no han tenido lugar, que no se han cometido. No es que lo diga yo sino que hay un manifiesto de más de ciento treinta penalistas españoles que se han posicionado a favor de la legalidad, que han dicho que los delitos de los que les acusan no han existido. También lo ha dicho Diego López Garrido, el diputado socialista que redactó estos preceptos de la elión, en 1995. Le podemos dar las vueltas que queramos pero es absolutamente injusto que estén en prisión, unos y otros.

¿Hay que responsabilizar a los jueces Pablo Llarena y Carmen Lamela de esta situación? ¿Con otros jueces la situación sería muy diferente?

Con muchos otros jueces habría pasado lo mismo. Recordemos que, en septiembre del año pasado, el presidente del Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, cuando abrió el curso de los tribunales, dijo que la base del estado de derecho es la unidad de España. Los jueces que han hecho esto son más que afines al Partido Popular y en la Asociación Profesional de la Magistratura, la APM. Es un sentimiento, más que una construcción jurídica, que plasman en sus resoluciones. Otra cosa es que unos han sido recompensados ​​previamente con ser magistrados del Tribunal Supremo por sus declaraciones, como es el caso de Llarena, que cuando estuvo aquí, tuvo un comportamiento jurídicamente exquisito pero hizo unas declaraciones sobre Catalunya muy específicas, y otros como el caso de Lamela, a la que han recompensado sin hacer ninguna aportación jurídica importante, más allá de su contribución al procesamiento del proceso, valga la redundancia. Otros jueces han hecho aportaciones jurídicas muy relevantes, han renovado la jurisprudencia, han abierto nuevos caminos, han estudiado mucho y no los han promocionado. Y no tiene nada que ver con ser conservador o progresista. Lo vemos con el caso del máster de Pablo Casado. La juez que ha enviado la causa al Supremo es conservadora, trabajó en el gabinete del ministro Catalán, es de la APM y está casada con un coronel de la Guardia Civil.

¿Debemos entender que la separación entre poder político y poder judicial no funciona?

No funciona en la cúspide. En la justicia ordinaria, sí. Lo han dicho organismos internacionales como el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) de forma demoledora. En su informe anual, en enero de este año, ha denunciado que las interferencias políticas en la cúspide del poder judicial son intolerables.

¿Se le puede pedir al gobierno de Pedro Sánchez que intervenga en los procesos judiciales contra dirigentes independentistas? ¿No sería vulnerar la separación de poderes que se reclama?

Aunque quiera hacer algo debería pactar porque todos los nombramientos necesitan tres quintos del Congreso. Tenemos en marcha la renovación del Consejo y el PP exigirá mantener la mayoría. No van a buscar los mejores, sino los que interesan a la partitocracia. La Constitución dice que los magistrados de los órganos de gobierno deben ser personas de ‘reconocido prestigio’, pero la gente no los conoce. No son jueces de reconocido prestigio, en muchos casos. Esto les hace ser más proclives a aceptar la influencia política. No es necesario que les telefoneen, aunque se demostró que la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, lo hizo para forzar una reunión de urgencia del Tribunal Constitucional para que se pronunciara sobre el nombramiento de Carles Puigdemont como presidente de la Generalitat.

A través de la Fiscalía General sí podría actuar el gobierno español

Podría hacer muchas cosas. Nombramientos judiciales, no, pero a la Fiscalía, sí. Aunque algunos fiscales lo nieguen, la Fiscalía General es el brazo judicial del poder ejecutivo en todo el mundo democrático. En algunos países, incluso, el fiscal general su al Consejo de Ministros. En Estados Unidos, el Reino Unido o Alemania, cada uno con sus especificidades. Aquí la no independencia es tal que con el cambio de gobierno se cambia el Fiscal General del Estado, porque por ley el Fiscal General cesa automáticamente. Pedro Sánchez ha nombrado a la nueva Fiscal General.

¿Sánchez puede pedir la Fiscalía General que defienda la liberación de los presos independentistas?

La Fiscalía no los puede liberar, pero puede pedir su libertad, puede no oponerse cuando se pida esta libertad. Quedan las acusaciones particulares, pero es, entiendo, un escollo menor. Así pues, si nadie pide el encarcelamiento o no se opone a la liberación, el juez acordará necesariamente la libertad. También, en el escrito de calificación, la Fiscalía General puede decir que no se les pueden imputar los delitos de los que se les acusa, sino de otros o de ninguno. Hace falta voluntad política y valor. Un gobierno que se basa en la segunda fuerza más votada, muy alejada de la primera, con una coalición muy frágil, en una situación tan complicada como ésta, deberá tener mucho valor. ¿Cómo quiere pasar a la historia Pedro Sánchez? ¿Por haber ganado la primera moción de censura o por romper con los atavismos de la estructura política española?

Predomina la idea de que los juicios de los que hablamos se harán pronto, en otoño. ¿Lo piensa también?

Podría ser, pero no lo veo tan fácil. Hay que tener en cuenta que han recusado a los miembros del Tribunal. El Tribunal que ha de juzgar es el mismo que admitió la querella a trámite. Esto resta imparcialidad y es una falta gravísima. Un tribunal debe tener apariencia de imparcialidad. Sea imparcial o no pero debe tener la apariencia. Esto traerá muchos problemas. Además, el juez Llarena ha denegado prácticamente todas las pruebas de la defensa. Se deben practicar o admitir: una defensa sin pruebas propias con delitos tan graves es intolerable y muy sospechoso de prejuicios. Tendremos un combate procesal previo. No se puede dar la sensación de que se va al juicio con un tribunal predeterminado y sin pruebas de la defensa. Una mente sibilina puede pensar que lo que se quiere es que esto termine en Europa y que dentro de diez años se condene a España. ¡Pero, claro, habrán pasado diez años!

A los presos no les debe interesar que el proceso se eternice

No. Pero la marcha procesal no está en sus manos. Ahora todos los recursos que se presentan ante el Tribunal Constitucional se admiten. Quieren dilatar los procesos para que no se vaya a Europa rápidamente, sino lo más tarde posible. Resolver los recursos admitidos llevará mucho tiempo y, en principio, no interrumpe el proceso penal.

¿No serán en otoño, pues, estos juicios?

No lo sé. Si los quieren hacer, los pueden hacer, ¡claro está!

También existe la convicción generalizada de que cuando se celebren los juicios las condenas serán muy elevadas

Todos estamos convencidos de ello. Muchos de los que participan en el aparato sancionador, represivo, están convencidos de que estamos ante unos criminales y que sus delitos estén bien reflejados o no al código penal es un tema menor para ellos. Estamos ante un delito moral. Es lo que dice a veces la gente: “no es delito pero debería serlo”. Lo cual es contrario al principio de legalidad, obviamente.

¿Cómo valora la respuesta judicial a las euro-órdenes dictadas desde España?

Demoledora. Alemania es el país que ha entrado más a saco. Aquí se han creído que enviando papeles, inundando los tribunales europeos con documentos, sería suficiente. Y les han contestado que veían la televisión, que no hubo prácticamente heridos, la policía ni utilizó gases lacrimógenos, no se bloquearon calles, no hubo incendios y no se utilizaron armas de fuego. Esto no es una rebelión. También han dicho que nunca hubo la fuerza suficiente para crear las condiciones para que el Estado claudicara. Además, en Alemania los delitos de desórdenes públicos o de sedición, tal y como los entendemos aquí, desaparecieron en 1970. Por otra parte, ha pasado muy desapercibida la respuesta de Suiza. Allí rige el tratado de extradición de 1883, que excluye los delitos políticos. No han intentado ni enviar una petición de extradición a Suiza porque ya advirtieron de que no la admitirían. Allí está Marta Rovira, que es uno de los dirigentes más importantes implicados. Bélgica, de forma educada, ha dicho que no les molesten más, que no han enviado una euro-orden sino otra cosa. El Tribunal Supremo no es un tribunal que instruya, no está preparado para hacer euro-órdenes. No es un problema de que falte un sello. Determinados medios de comunicación y políticos españoles han intentado engañar a la gente, con la respuesta europea, haciendo creer que decían “blanco” cuando decían “negro”.

Si en Europa los políticos afectados pueden moverse con libertad, los tribunales españoles pueden aducir ‘riesgo de fuga’ para no dejar libres a los que ahora están presos

Es la única verdad que han dicho. Han descubierto las cartas. Lo dijo la sala de apelaciones del Tribunal Supremo.

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha dicho que no aceptará “sentencias de escarmiento”. ¿Si hay sentencias y son duras, qué puede pasar?

Cuando dice ‘no aceptará’ debemos entender que significa que no estará conforme y que las batallará, como las batallará mucha otra gente. Son formas de hablar. No podemos interpretar literalmente las expresiones de los políticos. La política tiene una cierta dramaturgia. Cuando Pedro Sánchez dice que el Rey ‘ha construido puentes con Catalunya’ está diciendo otra cosa. No ha construido ningún puente. El lenguaje de los políticos debe descodificarse siempre. Torra quiere decir que no se conformará, como no lo hará una gran parte de la población de Catalunya y mucha gente que no es independentista pero sí es demócrata.

¿Se atreve a prever qué pasará en otoño?

No. Puede pasar cualquier cosa.

¿Estamos al límite de la tensión que puede aguantar una sociedad dividida por la mitad en relación a esta cuestión? Este verano está repleto de incidentes entre los que ponen y los que quitan lazos amarillos y esteladas, silbidos en las fiestas mayores, parasoles amarillos y banderas españolas en las playas,…

Si volviéramos a llevar al corral a la extrema-derecha, que es donde debería estar, esto no pasaría. Se está nutriendo la tensión con guerrillas de extrema-derecha, personas encapuchadas, que todos sabemos de dónde salen, quién los financia, cuál es la otra ocupación que tienen muchas de ellas… Sin eso habría la tensión normal que hay en cualquier contienda política. Los que tenemos una edad recordamos la tensión, la crispación con que se vivió la transición. Unos tenían miedo, otros estaban hartos del franquismo y querían ir rápido, otros eran franquistas sociológicos o de convicción. De 1975 a 1980 fueron años duros. La gente no se acuerda de los editoriales de ‘El Alcázar’ y ‘Arriba’ en pleno terrorismo de ETA, GRAPO y la Triple A.

En la transición también se habló de ‘desencanto’. Mucha gente esperaba más resultados y más rápidos. ¿Puede suceder lo mismo ahora con las personas que se desencanten al ver que la independencia no llega tan rápido como creían?

Aquí, por decirlo en palabras suaves, ha habido un error de análisis bastante extendido y es haber dicho que “esto lo haremos rápido” y poner un calendario. Los procesos políticos y sociales pueden durar una o dos generaciones. Lo que puede producir desencanto es creer que teníamos la independencia al alcance de la mano cuando estamos en el kilómetro 1.000 de un camino de 10.000. Estamos más cerca ahora que antes, pero todavía nos quedan 9.000 kilómetros de diferencia. Los que dijeron que teníamos prisa y que la independencia estaba muy cerca quizá deberían ver que una cosa es la persistencia y otra, la prisa. Por otra parte, hay que decir, también, que el Estado tampoco puede doblegar a los independentistas. Estamos en un empate permanente.

¿Como se ha sale de este empate?

Con política.

Pedro Sánchez propone renovar la Constitución y el Estatuto y hacer referéndums de uno y otro. ¿El sector independentista se avendría a ello?

Lo que seguramente se debería hacer es una reforma constitucional sin seguir las pautas establecidas actualmente para hacerlo. Se necesitan dos tercios del Congreso y del Senado, referéndum, nuevas elecciones y la aprobación por las nuevas Cortes. Es complicado y costoso y con una minoría de bloqueo que siempre existirá. Si setenta diputados no quieren no se hará ninguna reforma constitucional seria. Por ejemplo, pasar de una Monarquía a una República lo puede bloquear una minoría de diputados. Sería preciso un salto, también en España, de la ley a la ley, pero esquivando unos procedimientos alérgicos al cambio y petrificadores del sistema.

¿Se puede reformar la Constitución sin pasar por todo este proceso?

De acuerdo a la Constitución, no. De acuerdo al principio democrático, en casos excepcionales como estos, sí. Hay jurisprudencia internacional. Todas las revoluciones han tomado atajos. Tomar atajos no significa violencia. Se puede hacer pacíficamente cuando hay una masa política y social, mayoritaria, decidida a hacerlo Tenemos un sistema petrificado. En Alemania se han hecho 66 reformas de la Constitución, todas aprobadas por el Parlamento. En Francia, igual, sin referéndums: sólo decisión parlamentaria.

La Constitución se cambió casi de un día para otro, por exigencia europea, y se incluyó en el artículo 135 que el pago de la deuda es prioritario

El sistema constitucional prevé una reforma rígida, para temas como la supresión de la Monarquía o el sistema autonómico, y una no tan rígida. Ese tema, aunque esencial, no está sometido al rigorismo de la reforma constitucional compleja. La cuestión, visto el eterno formalismo jurídico, se podría resolver como propuso, en su día, Miguel Herrero de Miñón: planteó introducir una disposición adicional referente a Catalunya. Como las disposiciones adicionales no están sometidas a la reforma rígida siempre es una posibilidad abierta.

¿Con imaginación se puede encontrar una solución a este callejón sin salida?

En política todo es posible. Incluso, cosas buenas. En 1976, una fiscalía en manos de fascistas y falangistas hizo posible la legalización del Partido Comunista.

¿Es optimista, pues?

Si hay voluntad política, sí. Pero la voluntad política no depende de Catalunya. Por eso, Catalunya dice que quiere salir de España porque no se le da la mano. El catedrático de Derecho Constitucional Francisco Rubio Llorente, el mayor constitucionalista que ha tenido el sistema, que fue secretario general de las Cortes Constituyentes, vicepresidente del Tribunal Constitucional y presidente del Consejo del Estado, decía que el referéndum es posible.

¿Un referéndum sería la solución definitiva?

Se tiene que hacer un referéndum antes o después. Lo que debe nacer reclama una participación popular masiva. Legalmente es posible. La cuestión es si políticamente hay voluntad para hacerlo.

Carles Puigdemont acaba de crear una Crida Nacional que pretende reunir el apoyo del conjunto del independentismo. En las últimas elecciones ‘Junts per Catalunya’ quedó por delante de ERC y la privó de presidir la Generalitat. ¿Puede pasar lo mismo con esta Crida Nacional?

‘Junts per Catalunya’ tenía un activo imbatible: el presidente destituído ilegítimamente, en el exilio. Tal como se aplicó el 155 fue abiertamente inconstitucional. El exilio es, sin embargo, una fuente que se puede agotar. El exilio, como generador de un movimiento aglutinador mayoritario, no siempre gana. En la historia hemos visto dirigentes en el exilio que han vuelto y han ganado y otros que han pasado a un segundo plano. No hay dos países iguales y la experiencia actual en Catalunya es muy peculiar.

No se atreve a hacer predicciones pero ¿piensa que habrá pronto elecciones en Catalunya?

Dependerá de los presupuestos. La CUP dice que está en la oposición, y, por tanto, no apoyará los presupuestos. Pues, iremos a elecciones. En una democracia hacer elecciones es normal.

Las diferencias entre los grupos y partidos que optan por el independentismo ¿pueden decantar el gobierno de Catalunya hacia un nuevo tripartito de izquierdas: ERC, comunes y PC?

La Crida tiene la pinta de ser una sucesión de Convergencia. No digo que lo sea pero tiene la pinta. Uno de los grandes problemas que tenemos aquí es la falta de un partido hegemónico. En Quebec y Escocia, al independentismo lo sustentan partidos hegemónicos. Aquí hay una alianza con diferencias ideológicas muy grandes, con intereses completamente diferentes, donde algunos partidos tienen trayectorias nada ejemplares y arrastran una bola de cemento muy grande, que es la corrupción. Esto limita mucho los afectos. Como no he militado, ni milito, ni pienso militar nunca en ningún partido, no estoy en las conversaciones que puedan tener los diferentes partidos -que seguro que tienen permanentemente-, pero es evidente que hay diferencias notables entre ellos tanto ideológicas como en relación a la cuestión nacional. Ángel Ros, hasta hace poco presidente del PSC, era partidario del referéndum y del derecho a decidir. Vivimos tiempos acelerados. Aun no ha pasado un año de los atentados, ni diez meses del 1 de octubre y de la proclamación de la República durante ocho segundos y parece que haya pasado una eternidad. Pero antes había vida. Preveo un combate electoral ya cuerpo a cuerpo. Creo que se han acabado las coaliciones por la cuestión nacional como único punto programático de hecho.

De momento, hay discusiones en la calle y en twitter muy subidas de tono

Hay quien se queja de que se cuelguen lazos amarillos en espacios públicos pero no lo hacen cuando lo ocupan procesiones religiosas. ¿Y las placas franquistas que hay todavía? ¿Y los monumentos o calles dedicadas a franquistas? Todos tenemos que aguantarnos un poco en esta vida. Estamos ante una crispación inducida. En cuanto a twitter, creo que tiene cosas buenas y malas. Genera ídolos. No se ha de deificar a los tuiteros que tienen muchos seguidores. Ni hacer caso a la gente que no pone su cara en los perfiles de las redes. Se le da más importancia de la que tiene. Es un foro muy autoreflectante. Tiene mucho de espejo. En la vertiente positiva hay que señalar que da información puntualísima, oficial y no oficial. Un ejemplo excelente lo dio la community manager de los mozos, Patricia Playa, durante los días de los atentados. Es importante, claro. Por eso lo prohíben las dictaduras.