¡Es agosto y ya estamos otra vez! Los manteros y los narcopisos son un problema tan grave para la vida de Barcelona, y afectan tanto la imagen de la ciudad estos días tan concurrida, que hay que convocar la Comisión de Presidencia, Derechos de Ciudadanía, Participación y Seguridad y Prevención de forma urgente, a medio verano y a petición de algunos políticos preocupados por la movilidad y la imagen de la ciudad. ¡La situación, creen, es insostenible y hay que pararlo todo! Los concejales que estén de vacaciones tienen que volver urgentemente porque esto ya no hay quien lo aguante. ¡Esta ciudad necesita orden!
De nada valen las múltiples propuestas que ellos mismos han presentado a lo largo de este año –hace pocas semanas en el Parlament– para dejar la manta y poder trabajar legalmente como cualquier ciudadano de Catalunya. Es evidente que ellos no quieren vender a 35 grados perseguidos por la policía, denigrados por sus compradores y estigmatizados por la sociedad. Pero vaya, deben cena cada noche. Y la opción que han escogido entre las que se pueden elegir seguramente es la más sacrificada pero también la más legal.
Cuando algunos políticos hablan de “poner orden en la ciudad” lo suelen hacer después en el mismo saco a manteros y los que permanecen en pisos para vender o consumir drogas. Y a nadie más. No es casualidad ni derivado de una situación concreta. Lo hemos visto en un montón de iniciativas parlamentarias y municipales. Los únicos denominadores comunes que tienen entre estos dos colectivos, sin embargo, es que ambos viven y conviven en Barcelona –por tanto, son ciudadanos– y que son víctimas de un sistema injusto. De un mundo injusto.
Me pregunto por qué todos estos políticos convertidos en los nuevos ‘grandes activistas de la movilidad’ en Barcelona, tal y como los llamaba Horacio Espinosa, nunca cuestionan –ni en sus críticas ni en sus iniciativas– el modelo turístico de la ciudad, que sí afecta a la vida de todos los vecinos y vecinas a diario. Es curioso. O no tanto.
La línea verde, por ejemplo, llena de trabajadores y trabajadoras que en hora punta pasan por Vallcarca y deben soportar las aglomeraciones y el mal hacer de muchos de los visitantes esporádicos que frecuentan nuestra ciudad. Van hacia el Parc Güell, donde, por cierto, los barceloneses y barcelonesas tenemos que pagar para entrar.
Por Las Ramblas ya hace tiempo que es imposible caminar y disfrutar como lo hacíamos no hace tanto, y el motivo no es precisamente ninguna manta tendida en el suelo. Todas las casetas se han convertido en escaparates para turistas. Sombreros mexicanos y entradas para ir al Camp Nou.
Tampoco los escuchamos hablar de la gentrificación ni de la expulsión de nuestros barrios. ¿Cuánta gente conocemos que ha tenido que marcharse de su barrio de toda la vida porque el alquiler se ha vuelto insostenible?
Empresas sin escrúpulos, como Airbnb, han llegado a todos y cada uno de los edificios de la ciudad. Incluso, a patrocinar nuestra televisión pública. Todo el mundo callado. Mutis. Esta empresa es una de las causantes del aumento de los alquileres. Y a menudo, del malestar causado en el vecindario de forma reiterada. No importa qué día sea de la semana, ni qué semana sea del año.
O el alquiler de vehículos ligeros que campan por Barcelona complicando la circulación. O los turistas borrachos hasta las cejas que actúan con total impunidad cada noche por barrios céntricos. ¿Cuánto dinero va a parar a la limpieza diaria de las calles? ¿Ninguno de estos ‘activistas de la movilidad’ se preocupa por las condiciones en que el vecindario debe descansar en las noches? A los turistas nadie les multa ni los hace callar. Claro, son blancos y vienen con los bolsillos bien llenos. Y en el mundo en el que vivimos eso es lo que cuenta: el dinero. ¿Esta es la Barcelona que queremos?
Obviamente, que cualquier ciudadano o partido político critique y fiscalice la gestión de la ciudad es legítimo y necesario. Pero poner en el mismo saco a los colectivos marginales, minoritarios, pobres o vulnerables y excluir el resto de variables es tendencioso y es, sobre todo, peligroso. Y hacerlo con más intensidad cuando se acercan las elecciones nos puede hacer pensar que se les criminaliza y se les utiliza para desgastar a un gobierno sin coste para el que desgasta. Porque desgraciadamente no votan –aunque algunos llevan más años en Barcelona que Inés Arrimadas– y que no se pueden defender. Porque no importan a nadie. Por eso son marginales. Somos cuatro gatos los que los defendemos.
Pero estos políticos deberían saber que actuar así supone la estigmatización de la pobreza. Y de paso, de la migración. Migración y pobreza, pobreza y migración. Ya estamos. El mensaje que envían a los conciudadanos es que la pobreza y la migración nos afecta a los que no somos pobres ni migrantes. Nos molestan. Nos desordenado nuestra ciudad. Un mensaje, sin duda, más que peligroso si tenemos en cuenta la Europa xenófoba que nos está tocando vivir.
Utilizar a las personas vulnerables por cuestiones electorales o para desgastar un gobierno es injusto e inmoral. Y muy peligroso.
Si lo que realmente les preocupa es la gente que vive en su ciudad, en primer lugar deberían entender que estas personas también forman parte de ella.
Y si realmente lo que quieren es aportar soluciones, hay que matizar y estudiar los casos. Situación por situación. De forma sincera y atacando los problemas de fondo. Pensando en las personas y teniéndolas en cuenta. ¿Cuántos de estos políticos han bajado a la calle a hablar con los manteros? ¿A preguntarles cómo se sienten? ¿Cuál es su aportación a nuestra ciudad, qué esperan? ¿Como les gustaría vivir? ¿Cuál son sus propuestas? Os aseguro que tienen. Y muchas. Es fácil opinar desde la distancia y desde una posición de auténtico privilegio. Hacerlo así, comporta una actitud paternalista. Y sí, colonialista. Lo que estaría bien y sería acertado es ser firmes en reclamar al gobierno municipal medidas en positivo, como la elaboración de más planes de empleo, etc. Incluso ser proactivos proponiendo para contribuir y sumar en el objetivo de conseguir una vida digna para estas personas. Pero no pasó de ahí. Y nunca hacerlo pidiendo orden –y mano dura policial– contra ellos.
Y sobre todo, no hacerlo sólo en momentos de emergencia o de situación mediática como ha ocurrido esta semana pasada.
Es necesario que todos estos ‘activistas de la movilidad’ entiendan que, criminalizando y utilizando personas que sólo son víctimas de este mundo injusto, las estamos poniendo en el centro del debate. En el ojo del huracán. Esto les perjudica a ellos en concreto, pero también a la sociedad en su conjunto.
Si los políticos lo hacen, será muchísima la gente que también se sentirá legitimada para atacarlos como colectivo, como personas, como migrantes o como pobres. Y ellos no son responsables de sufrir la situación en la que se encuentran.
Corren y vienen tiempos muy peligrosos en que el racismo avanza sin frenos. No podemos darles margen, a aquellos que lo practican y lo alimentan.
Debemos ser del todo firmes ahora o será demasiado tarde. Y lo lamentaremos. Ahora es la hora.
Hay, en el Ayuntamiento de Barcelona y en todo el país, un frente unitario ante las intenciones de Ciudadanos y la campaña “Orden y Seguridad” recientemente estrenada. Un paso más. Y quién sabe hasta dónde serán capaces de llegar mientras se encuentran en medio de una pugna con el PP de Casado enmarcada en un contexto Europeo que cada día que pasa les permite decirla más gorda.
Debemos estar todos y todas. Entender y saber leer el momento. Y sumar. Sumar todos los demócratas para detener esta locura en lugar de ponernos al lado de la derecha bajo la bandera del orden como hace pocos días ha pasado en el Ayuntamiento de Barcelona.
La semana pasada, en la rueda de prensa que ofrecían los manteros en plaza Catalunya para explicar su versión de los hechos, los acompañaban más de ochenta entidades en pro derechos humanos. Son las mismas a las que, por cierto, también les reclamamos que estén junto a los presos políticos o exiliados independentistas. Si algo deberíamos haber entendido como país estos años es que defender la dignidad de las personas que sufren una situación de injusticia o de extrema vulnerabilidad también es defender los derechos colectivos. Apliquémoslo.
