“Los cargos que pesan contra Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, según la información de que dispone Amnistía Internacional, son injustificados y, por tanto, deben ser retirados”, ha asegurado Ariadna Ribas, coordinadora de Amnistía Internacional, en un manifiesto que se ha hecho público el 15 de octubre, el día antes de cumplirse un año del encarcelamiento de los ‘Jordis’.
En este texto, la organización reitera su demanda de liberación “inmediata” de los líderes soberanistas, considerando que “atribuirles delitos graves como rebelión o sedición es desproporcionado y una restricción excesiva de la libertad de expresión y reunión pacífica”, añade Ribas.
Así, se considera que las resoluciones del Tribunal Supremo de rechazar las peticiones de libertad de los Jordis, y del Constitucional para obviar la petición de suspensión de prisión provisional de Sánchez, “han agravado la situación de injusticia”, según ha asegurado Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España.
Amnistía Internacional “no cuestiona” las sentencias del Constitucional sobre la ley del referéndum ni su aplicación, pero considera que los Jordis, “como ciudadanos particulares y presidentes de organizaciones de la sociedad civil […] tenían derecho a organizar y promover reuniones pacíficas en apoyo al referéndum y la independencia de Catalunya”, asegura.
La organización recuerda la capacidad de los Estados de restringir en ciertos momentos la libertad de expresión, siempre que sea con fines como proteger el orden público; por ello, apunta que “el requisito de proporcionalidad implica que las sanciones penales, en particular las que dan lugar a la privación de libertad, constituyen a menudo una restricción desproporcionada al derecho de la libertad de reunión”. Sobre todo en el caso de los Jordis que, añade Amnistía Internacional “no parecía que animaran a los manifestantes a utilizar la violencia”, en referencia a los hechos del 20 de septiembre.
