Los ya míticos cánticos de ‘Sí se puede’ hoy han tomado una tonalidad diferente. Ante una sede del banco BBVA una veintena de personas corearon diversas consignas de victoria mientras pegaban carteles con el texto: “Artículo 7: Los grandes tenedores deben ceder sus viviendas vacías obligatoriamente los ayuntamientos”. Se trata de uno de los artículos de la ley 24/2015, más conocida como la ILP de vivienda o la ley catalana contra los desahucios.
Esta ley, que surgió de una iniciativa legislativa popular (ILP) y que obtuvo 150.000 firmas, vela por el derecho a la vivienda y los suministros energéticos básicos. Estuvo en funcionamiento pleno durante seis meses, hasta que el gobierno del PP, “instado por directores de bancos como el BBVA”, decretó un recurso de inconstitucionalidad que dejó sin vigencia algunos artículos de la ley que hacían referencia a la crisis habitacional. Hasta el 31 de enero de 2019, momento en el que tanto el gobierno de la Generalitat como el de España confirmaron el desistimiento del recurso, la ley vuelve a estar en plena vigencia.
Así, a la espera que el acuerdo se publique en el BOE, el artículo 7 de la ley 24/2015 entra en vigor y obliga a que los grandes tenedores de vivienda tengan que ceder obligatoriamente los pisos vacíos a las administraciones y a que ofrezcan un alquiler social a las personas que no puedan hacer frente a los pagos hipotecarios. De este modo, “los desahucios ya son cosa del pasado en Catalunya”, afirmó Lucía Delgado, portavoz de la PAH, una de las entidades miembro del Grupo Promotor de la ILP de Vivienda.
Esta ley “ya ha demostrado que funciona”, dijo Delgado en referencia a los seis meses que la ILP funcionó totalmente antes del recurso de inconstitucionalidad. “Y, es más, ahora es más necesaria que nunca, porque los datos de 2015 que nos impulsaron a trabajarla, continúan vigentes”, añadió en referencia a los 55 desahucios que cada día se dan en Catalunya y a los 30,000 cortes de suministros. “Con la anulación de estos artículos el lobby financiero nos dio una bofetada, pero hoy se la volvemos”, apuntaron desde la PAH.
Sanciones de hasta 90.000 euros
El grupo promotor de la ley -formado por la PAH, la APE y el Observatorio DESC- ha colgado los diferentes webs una documentación útil para poder garantizar la aplicación de la ley y que “ninguna persona en Catalunya se quede sin conocer la ley “, apuntó Irene Escorihuela, del Observatorio DESC, quien también ha exigido a las administraciones que” se pongan las pilas y destinen todos los recursos necesarios para el cumplimiento de la ley “. Y es que las entidades que hay detrás de la ILP denuncian que “hace años que, sin recursos, hacemos el trabajo que no hacen las administraciones”, apuntó María Campuzano, de la APE.
Para garantizar la visibilidad de la ley y hacer presión a las administraciones, se ha organizado una semana de movilizaciones comenzando el 20 de febrero, cuando se irá a los juzgados a exigir el fin de los desahucios. “Y es que ya tenemos una ley válida que convierte los desahucios por impagos en ilegales”, apuntó Delgado.
En esta línea, se contemplan sanciones de hasta 90,000 euros para los grandes tenedores que no cedan pisos vacíos y no ofrezcan un alquiler social ante la amenaza de impago. Y es aquí donde el papel de la administración es primordial; el grupo promotor está exigiendo una reunión esta misma semana con la Generalitat para que garanticen el cumplimiento de la ley.
Tres años y aún con la deuda sin resolver
El recurso del Tribunal Constitucional dejó sin vigencia los artículos 2.2,5 y 7 de la ley 24/2015 – ambos referentes a la vivienda- pero dejó intactos los artículos que trataban la pobreza energética. “Ha parado miles de cortes de suministro”, declaró Campuzano, quien ha recordado que diseñaron la ley para garantizar el derecho de la vivienda, “que incluye los suministros”.
Pero, a pesar de la vigencia continuada de estos artículos referentes a la pobreza energética, la APE ha denunciado que “después de tres años aún no se han firmado los convenios por los que las suministradoras deben asumir la deuda de las familias” . Así, Campuzano ha sentenciado que, “hasta que no se solucionen los pagos de las deudas, no acabaremos con la pobreza energética”. Según la APE, se trata de una deuda “ilegítima” y aseguró que lucharán para asegurar el cumplimiento de la ley y “seremos la peor pesadilla de las suministradoras y los grandes tenedores”.
Catalunya Plural, 2024 
