Con la judicialización del Procés independentista catalán, el encarcelamiento de parte del gobierno de la Generalitat y la aplicación del artículo 155, es inevitable no poner sobre la mesa el paralelismo entre la situación actual y los llamados hechos de octubre de 1934. Y preguntarse el impacto que puede tener el juicio del Procés en el escenario político actual. Ciertamente, en ambos casos nos encontramos ante un choque institucional entre el gobierno de la Generalitat y el del Estado a resultas de una proclama que cuestionaba la integridad territorial de España.
En este sentido, el 6 de octubre de 1934, el presidente de la Generalitat Lluís Companys proclamó desde el Palau de la Generalitat el Estado catalán dentro de la República Federal Española , mientras que el 27 de octubre de 2017, Carles Puigdemont lo hizo desde el Parlamento -que no desde el hemiciclo- y proclamó la República catalana, como Estado independiente y soberano, de derecho, democrático y social. Sin embargo, en el último caso, la ruptura no se hizo efectiva y el gobierno español suspendió la autonomía catalana de forma inmediata mediante la aplicación del artículo 155 de la Constitución Española y convocó elecciones al Parlamento de Catalunya para el 21 de diciembre de 2017.
Como es sabido, paralelamente se inició un proceso judicial, entre otros, contra los miembros del gobierno cesados y el expresidente Puigdemont. El pasado octubre, el Tribunal Supremo cerró el sumario y, en los escritos de acusación presentados, la fiscalía pidió 25 años de prisión para el ex vicepresidente Junqueras y 16 para el resto de ex consejeros en prisión, por los delitos de rebelión y malversación. Serán juzgados, también, los activistas Jordi Sánchez y Jordi Cuixart y la ex presidenta del Parlamento, Carme Forcadell. Ahora comienza un juicio que, probablemente, no tendrá sentencia hasta pasadas las elecciones de mayo y que tendrá un impacto político y mediático enorme, como ya sucedió en 1934.
Los hechos de octubre de 1934 y sus consecuencias
En noviembre de 1933 tuvieron lugar las primeras elecciones según la Constitución republicana, que ganaron el Partido Republicano Radical de Alejandro Lerroux y la derecha católica y reaccionaria agrupada a la CEDA. A partir de entonces, las diferencias entre el gobierno estatal y el catalán -formado por una coalición de republicanos y socialistas- se fueron agravando por motivos ideológicos (sobre todo a raíz de la suspensión de la Ley de Contratos de Cultivo), hasta el punto que la Generalitat inició la preparación de una insurrección armada contra el gobierno estatal, que culminó en la proclama de Companys el 6 de octubre y el inicio de los enfrentamientos con el ejército.
Al levantamiento se sumaron la Alianza Obrera (alianza de sindicatos de matriz fundamentalmente socialista), el CADCI, algunos partidos comunistas como el Bloque Obrero y Campesino y algunos anarquistas. Sin embargo, las desavenencias internas y el papel del ejército y de las diferentes fuerzas de orden público hicieron fracasar el movimiento y, al día siguiente, el gobierno de la Generalitat optó por la rendición. Aquella misma noche, Companys fue detenido junto al resto de miembros del gobierno -excepto José Dencás, líder de Estado Catalán y Consejero de Gobernación, que había ido a Francia-, algunos diputados y el presidente del Parlamento.
Todos ellos fueron encarcelados en el barco-prisión Uruguay, en el puerto de Barcelona, y en enero de 1935, trasladados a la cárcel Modelo de Madrid, a la espera del juicio. Tal y como preveía el Estatuto de 1932, fueron juzgados en mayo del mismo año por el Tribunal de Garantías Constitucionales (TGC), un antecedente del Tribunal Constitucional los miembros tenían un perfil más político que técnico, y la acusación fue la de rebelión militar, diferenciada de la civil en el Código Penal de 1932.
El impacto del juicio fue muy importante, también en Madrid, como lo demuestra el hecho de que los abogados que defendieron los acusados eran personalidades destacadas a nivel estatal (a Companys el defendió el abogado y ex ministro Ángel Ossorio Gallardo). Sin embargo, fueron condenados a treinta años de prisión, que empezaron a cumplir los penales de Santa María (Cádiz) y en el de Cartagena, aunque con el triunfo del Frente Popular en las elecciones de febrero de 1936, fueron todos amnistiados.
Los únicos que no llegaron a ser juzgados fueron Dencás, que fue encarcelado en Francia a raíz de una orden de extradición por la misma causa, y el presidente del Parlament, Joan Casanovas, ya que en el Estatuto no constaba que tuviera ser juzgado por TGC y, ante la perspectiva de que el juzgara un tribunal militar, se exilió en Francia como refugiado político.
Los hechos y su interpretación
Como apunta Manel López Esteve, profesor de la Universidad de Lleida, la historiografía ha tendido a considerar los hechos de octubre de 1934 “como un gesto de carácter gubernamental para enderezar la dirección política de la República, incorporando la aspiración federal”, es decir, como una reacción al anuncio de la entrada de tres ministros de la CEDA al gobierno del Estado ya la tensión precedente entre ambos ejecutivos a raíz de la discrepancia ideológica.
Sin embargo, la situación fue mucho más compleja, tanto dentro del propio republicanismo catalán como en cuanto al papel del resto de fuerzas políticas y sindicales. En este sentido, hay convergieron diversas lógicas: la del gobierno de la Generalitat, que rechazaba frontalmente un gobierno en el que participara la derecha más conservadora, la de los nacionalistas de la Esquerra Republicana de Catalunya, que controlaban el orden público, contaban con guerrillas paramilitares y que eran partidarios de la separación, y, finalmente, la de la Alianza Obrera, que no incluía ni los comunistas ni la CNT, si bien las bases anarcosindicalistas y algunos partidos comunistas tomaron parte, sobre todo en comarcas, al igual que los rabassaires.
De hecho, en Barcelona, miembros de la CNT como de la FAI fueron reprimidos y los talleres de Solidaridad Obrera , clausurados, por las fuerzas de orden público de la Generalitat y por las guerrillas paramilitares de las JEREC, precisamente por la voluntad de los anarcosindicalistas de replantearse si participar o no en el levantamiento, a pesar de su negativa inicial. Esta diversidad de proyectos políticos que convergen en actuar ante el triunfo de la derecha reaccionaria debe ser encuadrada en un contexto de debilidad del sistema democrático en Europa, ya que, como es sabido, en varios países europeos se estaban empezando a limitar derechos fundamentales y propios de la normalidad democrática.
Por otra parte, hay que situar conceptualmente las nociones de república y de democracia en 1934, teniendo en cuenta que a menudo se ha atribuido a la proclama de Companys y los intentos de insurrección de los socialistas en algunos puntos del Estado una voluntad de ruptura con el sistema republicano, es decir, de rechazo de los mecanismos de la democracia representativa. Sin embargo, la idea de fondo era su negativa a aceptar la presencia institucional de una derecha, precisamente, antirrepublicana.
En este sentido, para republicanos y socialistas, la república y la democracia no consistían estrictamente en el establecimiento de unas reglas de sucesión en el poder igualitarias, sino también en un conjunto de reformas sociales para hacer extensible esta igualdad al ámbito social, económico y cultural. Por este motivo, no había voluntad de romper con la organización republicana del Estado, sino de desmarcarse de un gobierno integrado parcialmente por la derecha más retrógrada (incluidos los monárquicos) mediante el Estado federal, en un contexto de agitación social, como demostró el triunfo inmediato de la insurrección minera en Asturias el mismo octubre. Hay, pues, no plantear el fenómeno de octubre de 1934 en términos estrictamente nacionales.
Así pues, durante los hechos de octubre de 1934 tuvo lugar un choque institucional por motivos fundamentalmente ideológicos -aunque no se planteó una ruptura definitiva con el Estado, y hasta la amnistía, la solución aplicada fue estrictamente judicial, ya que la autonomía se mantuvo suspendida hasta entonces, a diferencia de lo que ha sucedido ahora con la retirada del 155 al constituirse el nuevo gobierno catalán el pasado mayo.Asimismo, tanto los hechos como la represión que se aplicó a los miembros del gobierno en 1934 fueron una experiencia política clave para el triunfo del Frente Popular en España y del Frente de Izquierdas en Catalunya pocos meses después. Habrá que ver, pues, el impacto del juicio actual en el devenir político del país y si, en algún momento, se intenta dar una solución política a un problema de naturaleza esencialmente política.
Catalunya Plural, 2024 
