Bangladesh está viviendo de nuevo un momento de convulsión importante, tras la manifestación de miles de trabajadoras de la industria textil y portuarios por un salario mínimo digno, “vital”.Una huelga que ha puesto en jaque el suministro de algunas de las más importantes marcas de ropa globales, después de que el Gobierno de Bangladesh fijara en septiembre del año pasado el salario mínimo en 8.000 takas1 (unos 95 dólares).
El modelo “milagroso” de la industria textil bangladeshí empieza así a encontrar resistencias por parte de las miles de mujeres que trabajan por sueldos miserables. Las trabajadoras se han movilizado no solo para exigir la aplicación de este salario mínimo sino para exigir una mejora efectiva de sus condiciones de trabajo debido a que principales fábricas del sector se negaban a pagar el aumento. La indignación de las trabajadoras se transformó en un llamamiento a la huelga reclamando un salario mensual mínimo de 16.000 takas (190 dólares), que consideran el mínimo de subsistencia.
De forma coordinada, los empresarios de algunas de las 50 principales fábricas textiles de Bangladesh cerraron sus puertas en un “cierre patronal”, temerosos de que las trabajadoras que se habían declarado en huelga tomaran las instalaciones.
En el curso de estas manifestaciones murió un manifestante y más de 50 personas resultaron heridas, con unos 8.000 trabajadores de 27 fábricas despedidos en las últimas semanas, entre ellos muchos de los líderes sindicales. Una represión del Gobierno coordinada con la de las organizaciones empresariales. Destacaron tres fabricantes importantes: Crony Group, East West Industrial Park Ltd y Metro Knitting & Dyeing Mills Ltd, que según sus páginas web trabajan para marcas europeas internacionales como H&M y Next. No tenemos noticia en este momento de que produzcan para marcas españolas, al menos para Inditex, Mango y El Corte Inglés, las únicas marcas de las que tenemos el listado de las fábricas de Bangladesh en su cadena de suministro.
Bangladesh es el país de mayor densidad de población del planeta, con unos 160 millones de habitantes en una extensión de 148.460 Kilómetros cuadrados (no llega al tercio de la de España), y está inmerso en una terrible precariedad de las condiciones de vida y de trabajo.
Un país con una poderosa industria del textil que en sus 5.000 fábricas emplea a varios millones de trabajadoras (el 80% son mujeres). Es el segundo mayor exportador de prendas de vestir del mundo después de China, con unas exportaciones el último año de unos 30.000 millones de dólares en prendas de vestir, lo que representan el 80% de las exportaciones totales del país. Las condiciones de trabajo en Bangladesh son muy duras, destacando la casi nula seguridad en sus fábricas, principalmente en las Zonas Francas Industriales.
El mayor accidente industrial de la historia
El 23 de abril se cumplirá el sexto aniversario de la terrible catástrofe del derrumbe de Rana Plaza. Las dimensiones de este desastre no tienen precedentes por su tremenda magnitud y gravedad. El dueño del edificio, Sohel Rana, y más de una docena de funcionarios del gobierno fueron imputados en primera instancia por cargos de asesinato, acusados, finalmente, de homicidio industrial por la Corte Suprema de Dacca (capital de Bangladesh), puesto que ignoraron las advertencias e impidieron tomar medidas en el edificio el día antes de derrumbarse. Había 4 fábricas textiles superpuestas en un edificio de 8 pisos, y su derrumbe se resume en 2 escalofriantes cifras: 1.134 personas fallecidas, y más de 2.500 heridos, muchos de ellos de gravedad. Constituyó el más grave accidente industrial de la historia.
Este tremendo desastre industrial provocó que la opinión pública mundial pusiera en cuestión las prácticas comerciales globales, así como la necesidad de cambiar las reglas del juego de las grandes empresas multinacionales en cuanto a su política y práctica de Responsabilidad Social. Y llevó a un acuerdo por cinco años, hasta 2018, que se denominó “ACCORD”, para la prevención de incendios y para la seguridad de los edificios.
El acuerdo cubrió a unos 2.500.000 trabajadores y se realizaron unas 7.000 inspecciones periódicas de seguridad en 1.800 fábricas. De estas, 172 cumplieron con las correcciones de problemas -se identificaron 118.500 violaciones de seguridad y fueron cerradas 188 centros de trabajo. Desde la firma del ACCORD no se ha producido ninguna muerte por incendio o colapso estructural en las fábricas donde se completó la inspección y se iniciaron las renovaciones.
En la primera firma en este acuerdo se comprometieron más de 220 marcas mundiales. En mayo del año pasado renovaron 119, entre ellas las españolas (Inditex, El Corte Inglés y Mango). El nuevo compromiso fue de 5 años. El nuevo ACCORD incluía nuevos elementos, dando mayor significación a la libertad sindical y con una protección mejorada para los trabajadores cuyas fábricas estuvieran cerradas o reubicadas debido a problemas de seguridad, estableciendo una indemnización por despido si los trabajadores pierden sus empleos.
Pero desde renovación del ACCORD el Gobierno de Bangladesh está recurriendo judicialmente los procedimientos establecidos intentando impedir continúe desarrollando su actividad y avanzar en la seguridad de las instalaciones fabriles. El pasado 29 de noviembre la Corte Suprema de Bangladesh celebró una audiencia por la apelación del ACCORD contra la orden de restricción de actividad presentada por el Gobierno.
Si se confirma la propuesta del Gobierno, destruirían la independencia del ACCORD al someter todas sus decisiones a la aprobación de un comité del gobierno. Prohíbe además que los inspectores de ACCORD identifiquen cualquier nueva violación de seguridad, obligándoles a ignorar los peligros mortales encontrados durante sus inspecciones, así como los defectos en los sistemas de alarma, salidas de incendios bloqueadas y grietas en columnas estructurales. Pretenden también impedir que se tomen medidas contra los propietarios de fábricas que amenazan o despiden a los trabajadores que presentan quejas de seguridad.
Inseguridad en los centros de trabajo
Las trabajadoras y trabajadores pueden quedar en una situación de inseguridad en los centros de trabajo. Es pues un tema de vital importancia que Bangladesh mantenga el ACCORD, que el Gobierno no aplique sus medidas obstruccionistas como una mal entendida defensa de la “soberanía nacional”.
Las multinacionales que fabrican en Bangladesh deben plantear esta exigencia al Gobierno: pueden y deben presionar para eliminar negativos “nacionalismos” contrarios a los derechos e intereses de sus ciudadanos, de sus trabajadores y trabajadoras en primer lugar.
Ni el sindicalismo de Bangladesh ni el sindicalismo mundial podemos considerar resuelto el problema planteado en este eslabón esencial en la defensa del trabajo decente, del trabajo digno. El primer ACCORD nació de la crisis creada por el homicidio industrial de Rana Plaza, ahora su continuidad es fundamental para cambiar esta industria y ofrecer un modelo nuevo a otras iniciativas, lo que además debe contribuir al avance de los derechos laborales en las cadenas de suministro en todo el mundo.
Bangladesh seguirá siendo en la próxima etapa una referencia para valorar el avance hacia el trabajo decente en el mundo, lo que supone un reto para las federaciones internacionales, para los sindicatos de los países donde se fabrican las prendas de vestir y para aquellos en los que se encuentran las cabeceras de las marcas. Es necesario que el seguimiento de la realidad industrial y sindical de este país se convierta en un aspecto prioritario de la acción solidaria de la clase trabajadora mundial, que se tome conciencia de que la defensa de los derechos del trabajo en Bangladesh es un elemento esencial de la defensa de los derechos de los trabajadores del mundo.
Catalunya Plural, 2024 
