Hace diez años, el Proyecto Integral Morelos fue planteado para generar energía eléctrica para el estado de México. A pesar del rechazo de las comunidades que vivían en Morelos por considerar que no aseguraría la preservación de los recursos fundamentales para continuar con sus actividades cotidianas, la construcción inició a cargo de tres empresas españolas: Elecnor, Enagas y Abengoa.
Al terminar la construcción de dos centrales termoeléctricas en Huexca, Morelos y también un gasoducto de 160 kilómetros, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador propuso la consulta pública para decidir si la obra iniciaba operaciones. Sin embargo -y como ya habían expresado anteriormente- comunidades y organizaciones reiteraron su preocupación por el impacto que el proyecto en funcionamiento tendría en el uso y cuidado del agua, recurso fundamental para sus actividades cotidianas y agrícolas.
Samir Flores, de 35 años, fue un activista, comunicador, campesino y miembro del Frente en Defensa de la Tierra y del Agua que expresaba constantemente las preocupaciones de su comunidad a través de la radio comunitaria Amiltzinko. Tres días antes de la consulta planteada por el mandatario mexicano, el pasado 20 de febrero, dos personas dispararon contra Flores y acabaron con su vida. Desde entonces, tanto la asociación a la que pertenecía como diferentes colectivos, han señalado a López Obrador como responsable.
“Justicia para Samir”
En Barcelona, distintos colectivos de activistas latinoamericanos y ambientalistas se reunieron el pasado jueves frente a la sede de la comisión europea para conmemorar a Samir Flores y la urgencia de asegurar el cumplimiento de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas.
En ese sentido, Jorge Jarillo, presidente de la Taula per Mexic, una asociación que promueve los derechos humanos y la construcción de paz de México desde Barcelona, expresó que “Samir fue asesinado a raíz de la defensa de su pueblo contra un megaproyecto en el que están involucradas empresas que tienen capital europeo y del estado español, y creemos que es justo que la unión europea se comience a hacer cargo de esa responsabilidad”.
Además, la asociación leyó un manifiesto escrito por eurodiputados como Josep Maria Terricabras o Ernest Urtasun en el que expresaban que las empresas también deberían sumarse al pedido de esclarecimiento de actos que atentan contra la protección de las comunidades indígenas.
“A nivel global no existe ningún mecanismo que las obligue formalmente a respetar los derechos humanos, pero sí que existen un montón de mecanismos que aseguran los beneficios de estas empresas, mediante los Tratados de Libre Comercio y los Acuerdos de Protección a las inversiones”, comenta Mónica Vargas, activista de la Campaña Global para Reivindicar la Soberanía de los Pueblos, Desmantelar el Poder de las Transnacionales y poner fin a la Impunidad, una coalición de 200 movimientos sociales, redes y organizaciones.
Por otro lado, consideró que “los procesos de consulta son sumamente importantes, pero también es importante que sean procesos de consulta vinculantes. Si no, sirven sencillamente para lavar la imagen de las empresas que hay detrás de los gobiernos”.
Finalmente, Kevin Buckland, quien forma parte de Gastivists, un grupo de activistas que se expresan en contra de la extracción de gas alrededor del mundo, destacó que “es importante entender que este no es un caso aislado. He hablado con una compañera activista contra un gaseoducto en México y dice que esto está pasando cada semana”.
Asimismo, cuestionó los papeles de las empresas que invierten en proyectos que generan conflictos socioambientales: “Uno de los inversores de este proyecto, por ejemplo, es francesa. En Francia el fracking está prohibido, pero este inversora puede invertir en un proyecto que sería ilegal en su propio país”.
Solo en 2017, en Latinoamérica fueron asesinados 116 líderes ambientales según un informe de la organización británica Global Witness, en donde también advierten que los países más peligrosos para emprender una lucha ambiental en América Latina son Brasil, Colombia, México y Perú.
En México, en 2018 se habían asesinado a 12 activistas en los primeros 10 meses del año. Estas cifras, a las que se suma la lamentable pérdida de Samir, parecen aumentar con el tiempo y muchas veces, también quedan impunes injustamente.
Catalunya Plural, 2024 
