El pasado 25 de enero, la represa de la compañía minera VALE se rompio en la comunidad brasileña de Brumadinho. La rotura dejó, las primeras horas, más de 200 desaparecidos y 100 miertos, que actualmente suman más de 200 cadáveres identificados. “Pero van a ser 300 los muertos, porque ya no vamos a encontrar a más desaparecidos vivos”, denuncia Moisés Borges, activista del Movimiento de Afectados por las Represas (MAB) que no califica la rotura de tragedia, sino de “crimen”.
En Brasil hay más de 24.000 represas, ya que el 80% de la energía del país viene de fuentes hídricas, pero el control de estas infraestructuras deja mucho que desear: “sólo 4.000 están regularizadas y, de éstas, 4.500 están en monitoreo. 45 se pueden romper en cualquier momento”, cuenta Borges, que asegura que Brasil tiene una “bomba de relogería encima”.
Y es que no es sólo el peligro que conlleva el estado de estas represas lo que preocupa a los activistas: la falta de políticas de reparación y justicia hacia los afectados y la falta de políticas de protección a los pueblos que han de ser desplazados por su construcción son otra pieza más del daño colateral. A esto, se le suma la impunidad: “empresas como VALE forman parte del Estado y el Gobierno forma parte de las empresas”, afirma Borges.
La rotura de la presa en Brumadinho no es la primera que acontece en una infrastructura de VALE
Lo que pasó en Brumadinho es un crimen que se repite, y es importante decirlo porque hay una gran impunidad. En Brumadinho puede haber más de 300 personas muertas, porque es muy posible que ya no se vayan a encontrar a más personas vivas de entre las desaparecidas. Lo que encontramos ahora son partes de los cuerpos, no los encontramos enteros. Es un horror. Y por esto decimos que no es una tragedia, sino un crimen, porque VALE sabía que esa represa podía romperse.
Hay una investigación en marcha del Ministerio Público Federal del Brasil que investiga sobre los fraudes de la empresa, con los que consiguió la licencia ambiental para esta reserva que se rompió. Se trató de una licencia ambiental flexibilizada: en brasil las licencias deben pasar por tres etapas y esta, a penas, fue dada en una. Y la consiguió a través de una empresa alemana que está siendo investigada y cuyos representantes en Brasil fueron presos. VALE contrató a esta empresa para, prácticamente, falsificar el laudo que sirvió para la licencia ambiental, que fue dada en noviembre. Poco más de un mes después, la presa se rompía.
Ha habido detenciones por el caso de la presa de Brumadinho, pero desde MAB las consideran parte del fraude
Toda esta situación es de un gran absurdo. Por ejemplo, los moradores denuncian que la sirena que debía sonar en el momento en que rompió la presa estaba apagada. La empresa la apagó y no tuvo la oportunidad de huir. Y, como digo, estas negliegncias no se han dado sólo en Brumadinho; en Mariana (Minas Gerais) también se rompió otra presa de VALE, que también está siendo investigada por los laudos.
Y sigue la impunidad. Sin ningún tipo de castigo para los directores: los que fueron encarcelados ya estan en libertad. Además, eran ingenieros o responsables técnicos, no cargos directivos de la empresa. Son los directores los que se deben responsabilizar por lo que hicieron a la gente. No queremos en la cárcel a los ingenieros ni funcionarios corruptos, queremos a los que corrompieron a los corruptos.
¿Qué acciones hay en marcha a nivel judicial para reclamar justicia?
Hay cinco. Del Ministerio Público Federal, del Gobierno de la zona, del Ministerio de Trabajo, del municipio de Brumadinho y otra del Ministerio de Medio Ambiente del Gobierno Federal. Pero estos últimos no llegaron a abrir proceso legal porque consideraron que este no era un problema del Brasil, sino de la región, según palabras del ministro de medio ambiente de Bolsonaro. No están dispuestos a trabajar con nosotros. ¡La mayor tragedia del Brasil y dicen que no es problema suyo! Es una ofensa muy irresponsable.
Entre todo esto, estamos en un proceso de organización y presión popular sobre la empresa. Logramos una pequeña victoria en forma de acuerdo, por el cual se acordó que todas las personas de la municipalidad de Brumadinho serían indemnizadas por VALE con el sueldo mínimo durante 12 meses. Esto fue una gran noticia, porque hasta entonces las indemnizaciones eran por unidad familiar y normalmente se entregaban a los hombres, cosa que hacía que las mujeres se retiraran progresivamente de los procesos de negociacion, hecho que para nosotros es también muy absurdo. Pero la VALE lo está incumpliendo y sigue sin pagar indemnizaciones.
Es necesario un acuerdo de compensación integral, porque todo lugar por el que pasa el lodo deberá ser reparado. Sigue avanzando en los ríos y debemos ver hasta dónde llegará.
¿Cúales son las estrategias de reparación que proponen?
A nivel nacional, estamos presionando para aprobar dos tipos de leyes. Uno que preserve la vida de las personas que viven al rededor de las presas que ya están hechas y garantizarles una seguridad. Es importante crear un consejo gestor que participe de las decisiones de la empresa y de los planes de fuga, al que la gente tenga acceso.
Así mismo, también trabajamos en el derecho de los afectados, pero no sólo cuando las presas se rompen, sino desde antes mismo de la construcción, porque hemos detectado que en la construcción de represas en Brasil hay un patrón de vulneración sistemático de, por lo menos, seis derechos humanos. Es un problema crónico en nuestro país y los rompimientos simplemente son violaciones más radicales de los derechos.
A nivel internacional estamos haciendo denuncias ante la ONU, en Ginebra, y somos parte de la campaña global de Solidaridad Entre Pueblos y por el desmantelamiento del poder de las transnacionales. Todo ello en la línea de formalizar una propuesta de crear un tratado vinculante por el que las empresas sean culpadas de crímenes como estos. Para tener más fuerza.
El problema más grande de Brumadinho no fue la violencia de la rotura de la presa, sinó los efectos ambientales que está teniendo…
Sobretodo en lo referente a la contaminación del agua: el lodo tóxico que baja tanto de Brumadinho como de Mariana tiene muchos metales pesados. Se trata de agua tóxica por sus altos niveles de arsénico, cadmio, plomo, cromo, níquel, mercurio y cobre, que en contacto con las personas generan problemas de piel o respiratorios. Es muy grave. Este lodo llegará al Río San Francisco, que corre por una región muy pobre y muy árida, donde la gente no tiene más opción que el río para el consumo de agua. Las personas afectadas podrían llegar a los 14 millones.
Todavía no sabemos cómo de complejo es el problema, pero podría llegar a afectar a cuatro estados brasileños. Y aún así, el gobierno de Bolsonaro sigue diciendo que no es un problema del Brasil.
El director de VALE, Fabio Schwartman dijo que la “compañía es una joya, no puede ser condenada”
Sobre VALE ya hay una impunidad terrible. Esta afirmación muestra cómo el estado es parte de la empresa y la empresa del gobierno. Es algo que pasa mucho en Brasil y en toda América Latina, donde el proceso de liberalismo y de privatización de las empresas fue muy extendido; y es que la misma VALE era una empresa estatal que fue privatizada en 1997. Antes de eso no había roturas. Todo este proceso se empapa de la logica de la empresa privada: tratar a los afectados como un coste y, por tanto, como un problema.
Desde los últimos cinco años, VALE tiene una curva ascendiente de ganancias y una descendiente de costos, entre los que se incluyen las políticas de seguridad de las presas. Y esto lo conmemoran como una bena cosa. Hacen negocio con la vida de la gente: en Mariana se mató a nueve personas y a 700km de río y no pasó nada. Y ven que pueden repetir el crimen. Tienen mucho poder y nosotros ninguna instancia a la que denunciar: la única arma que tenemos es la presión popular.
¿Cuál es el trabajo que históricamente ha hecho el MAB con las comunidades afectadas?
Estamos en 20 de los 27 estados brasileños des de hace más de 28 años. Y no es para menos, porque el 80% de la energía del Brasil viene de fuentes hidráulicas: tenemos más de 24.000 represas que han desplazado a más de un millón y medio de personas y el 70% de ellas no recibieron nada a cambio. Fueron simplemente expulsados. No hay una ley que diga cuáles son sus derechos. En Brasil tenemos una bomba de relogería porque sólo 14.000 represas están regularizadas y, de éstas, 4.500 están en monitoreo. 45 se pueden romper en cualquier momento. Y lo que es peor: las dos que se han roto no estaban en esta lista.
