Josep Maria Martínez es trabajador de geriatría y militante de Comisiones Obreras. Él es una excepción en un ámbito donde el 95% de sus integrantes son mujeres. Nos habla de un sector poco profesionalizado aunque cada vez, por el envejecimiento de la población, es más exigente.
¿Cuál es la problemática central del sector de la geriatría ahora mismo?
El fenómeno principal es que falta gente para trabajar. Y por lo tanto, las empresas lo cogen todo. Esto muestra que el sector no está profesionalizado.
¿Qué quieres decir?
Pues que entra mucha gente sin titulación profesional. Esto ocurre porque hay más demanda de puestos de trabajo que oferta de personas preparadas. Pasa esto porque la gente con formación se marcha debido a los bajos salarios. Hace un camino habitual. De las residencias privadas o concertadas pasa a la sanidad privada o que tiene concierto, y de allí intentan entrar en el sector sanitario público, que es su objetivo final. La prueba de todo ello es que en las residencias que son directamente públicas este movimiento hacia entidades con más futuro no se produce.
¿Quiere decir esto que baja la calidad asistencial a nuestros mayores?
Claro, baja por la falta de personal preparado y especialmente porque no tenemos ni el tiempo ni los recursos que se piden hoy. No es la misma calidad asistencial la que se daba en 2008 que la que se puede ofrecer en 2019.
¿Quieres decir que ahora la exigencia es más alta?
En 2008 seguramente en una residencia de unas 100 personas podía haber unas 75 que podían comer solas, y hoy, 2019, hay 25 personas que comen solas. Las ratios son las mismas, los profesionales son los mismos y la gente paga lo mismo.
Entiendo que ahora el deterioro medio de los internos es mayor. Dicho de otro modo, no era igual pagar 1.800 euros por una plaza de grado 3 de 2008 que pagar lo mismo ahora, con el mismo personal.
¿Estos precios se pagan?
Y más, incluso se puede llegar a pagar 3.400 euros, con IVA supongo, por una plaza en una residencia privada. Yo siempre digo que una empresa privada puede tener, digamos un 15% de beneficios. En Cataluña hay residencias que son propiedad de fundaciones privadas, entidades consorciadas, entidades públicas, y de este beneficio, el trabajador no rasca nada.
También hay algo que afecta Catalunya especialmente. Aquí las tarifas de las empresas suben un 1,4% por el IPC catalán, pero los trabajadores nos suben el sueldo sólo un 1,2% que es el incremento español. La diferencia, este 0,2, más beneficio para la empresa.
¿Esto ocurre cada año?
Lo ignoro, yo sólo sé que este año han subido la tarifa correspondiente a la atención de las personas con grado 2, para que las patronales se quejaban de que hacía diez temporadas que tenían las tenían congeladas y decían que han perdido el poder adquisitivo durante diez años. Pero, claro, ninguna residencia cierra.
Además, esto explicaría la compra de residencias por parte de grandes multinacionales.
Sobre esto afirmo que cuando las multinacionales vienen aquí a invertir en residencias y empresas para la gente mayor, vienen sólo a hacer negocio. Hay que pensar que estas empresas proceden de países con un salario mínimo de 1.200 o 1.300 euros y, cuando ven lo que se paga aquí, tienen que entender que el negocio es redondo. Si son capaces de ganar dinero en Holanda o en Gran Bretaña, lo que hacen aquí es un gran negocio.
¿Y el papel de la administración?
Nosotros sabemos que las inspecciones se avisan. Esto lo notamos porque en las residencias nos dicen a los trabajadores: “hay inspección, todos a planta, que todo el recinto esté impoluto, etc”. Por eso cuando vienen los inspectores nunca hablan con los trabajadores o con los agentes sindicales, o lo hacen con los que antes elige la empresa.
¿Cuál es la preocupación de la Administración cuando hace inspecciones?
¿Qué puede mirar? ¿Si los abuelos comen a su hora, si están bien servidos, bien atendidos?, pero claro, no ven si un trabajador ha levantado entre las 7 y las 9 de la mañana a 14 abuelos. Cuando los inspectores van ven los abuelos formados en una sala y no pueden ver lo que esto implica para los trabajadores o trabajadoras: el esfuerzo de levantarlos y vestirles, aun sin una mala cara.
Me parece que en tus palabras existe la sensación de que no te reconocen el esfuerzo.
No, no se reconoce. Mirad, ahora está en boga hablar del maltrato a las personas mayores, esté ingresada o no. Yo creo que el maltrato no se puede justificar de ninguna manera. Pero nadie se fija en la situación de maltrato que afecta a los trabajadores. ¿Qué decir de la persona que está trabajando sin el descanso de doce horas entre jornada y jornada? ¿La persona que trabaja todos los fines de semana, la que tiene criaturas en casa y sólo las ve durmiendo porque en el trabajo no aceptan la conciliación familiar? Todo este maltrato es invisible para la administración y para el público.
Además, parece que últimamente tiene situaciones de tensión por el trabajo…
Hace poco me contaban que en una residencia debían llevar 130 personas a los servicios en una hora. Se mire como se mire, no se puede hacer este trabajo con todas las de la ley, para que las personas necesitan atención y más cuando les cuesta valerse o directamente deben ser ayudadas. Esto causa tensión, porque ves que no se pueden atender como es debido estas personas.
Se habla mucho de las ratios que fija la Generalitat. ¿Puedes explicar en qué consisten estas medidas y cómo le afectan a los trabajadores?
Las ratios, para entendernos, son horas. Pongo un ejemplo, la Generalidad puede decir: por una persona con un grado 3 de dependencia el ratio de atención pueden ser 590 horas al año. Para una persona con un grado 2, podrían ser 480 horas y para un grado 1, 230 horas. Entonces el cálculo es contar cuánta gente hay en una residencia que esté en un grado 3, el de más atención. Una vez tienes el ratio debes averiguar la gente que hace falta.
Si hay 50 personas de grado 3, la atención que se necesita es el resultado de multiplicar las 50 personas por las 590 horas: son 29.500 horas de atención. En grado 2 ponen que hagan falta 12.000 horas, y en grado 1, 3.000 horas más. Esto sumado serían 44.500 horas de atención directa, que si se dividen por las 1.792 horas de jornada anual, significa que harían falta 25 auxiliares, porque aquí no se cuenta, por ejemplo enfermería, para atender directamente las personas ingresadas, a la que hay que sumar las horas indirectos, es decir, las horas de dirección, administración, etc. Y vuelvo al cálculo, de los 25 auxiliares hay que asegurar, que haya 3 trabajadores al turno de noche, lo que reduce la presencia durante la jornada, pero si durante el día se hacen dos turnos, se repartirá esto. Y si además la residencia tiene cuatro plantas, es casi imposible atender bien.
Si se dividen las 590 horas entre 365 días, el resultado son 1,62 horas. Esto quiere decir que en este tiempo al enfermo se le debe hacer: levantarlo, vestirle, darle el desayuno, el almuerzo y la cena y la enfermera le hará la glicemia, el médico le ha de atender, etc.
Y la foto no es estática, ¿verdad?
Hay que pensar que en 2008 en una residencia el 20% de los ingresados eran de grado 3 y ahora la relación es inversa, el 80% de los pacientes tienen grado 3. ¿Cuál es la respuesta de las empresas? Pues intentar hacer este creces de trabajo con el mismo personal. Sólo las residencias públicas incrementan personal.
¿Aparte de estrés, que le supone este ritmo de trabajo?
Esto supone lesiones musculares, enfermedades profesionales no reconocidas, bajas largas, etc. Y esto hace también que se den casos en los que hay una persona de baja y otra la sustituye, pero esta segunda cae también de baja y hay que ir una tercera para asumir el trabajo.
¿Cuál es la tipología de personas que trabajan en las residencias?
Mujeres, mujeres mayores, y no hay relevo. En muchos casos son familias monoparentales. En algunos lugares de trabajo las mujeres son inmigrantes. Esto ocurre porque hasta hace poco con 18 años y graduado escolar se podía entrar a trabajar en este sector. Ahora hay muchos organismos que hacen cursos de 300 y 400 horas de formación profesional para trabajar en este ámbito.
Hace años el informe Delors sobre yacimientos de empleo hablaba de la atención a la gente mayor y al medio ambiente como dos ámbitos que aportarían más trabajo de calidad. ¿Usted cree que esto se ha conseguido?
Yo creo que la vejez no debe ser un negocio. Y lo es. Ahora hay mucha gente que comenta: “a mí me da miedo hacerme mayor”. Personas que ahora tienen 50 años dicen: “¿cuando sea mayor, donde iré?”. Fíjese en mi caso, yo estoy cobrando poco más de 900 euros al mes, pero cuando tenga 80 años y tenga que ir a una residencia, no podré pagar 3.400 euros que están cobrando en una privada por una habitación individual. ¿Quien puede pagar eso? Y, si además vas a una residencia y voces paredes sucias, que no hay grúas y que falta gente, la pregunta es: ¿donde estos dinero?
¿Como afrontáis las luchas en el sector de la geriatría?
Desde el punto laboral, hay dos luchas. Una es la que afecta el convenio estatal la que, aunque podemos presentar propuestas, se hace en Madrid. Comisiones [CCOO] lo negocia, pero se hace raro salir aquí a la calle reclamando algo que se trata en Madrid. Tenemos los compañeros, pero no estamos en la mesa como en Catalunya. La otra es como se debe trabajar en Cataluña.
¿Qué cosas fija este convenio?
Es un acuerdo que establece que el salario base en 997 euros, contando la subida del 1,2% que fue en 2018. También incluye 1.792 horas anuales. Ahora debes contar que esto es con una jornada al 100%. Piensa que no todo el mundo trabaja todo el día, si le sacas un 60% o un 50% en las jornadas también disminuye en el mismo porcentaje el salario.
¿No tiene otras implicaciones esto?
Una de importante: si no trabajas más de 6 horas seguidas, no tienes derecho al tiempo de descanso de 15 minutos. A ello habría que sumar la precarización que tenemos.
