El debate sobre la gestión futura de los servicios públicos en Catalunya toma protagonismo. El proyecto de ley de contratos de servicios a las personas, conocido como Ley Aragonès, en referencia al Vicepresidente del Govern de la Generalitat y Consejero de Economía, Pere Aragonès, centra la polémica. Para unos se trata de una norma de carácter técnico. Para los detractores sería una especie de caballo de Troya que desregula la gestión pública de los servicios de las administraciones en Catalunya hasta puntos difícilmente imaginables.
La ley Aragonès pretende, según afirma el texto, regular los contratos onerosos que licitan las administraciones públicas. Afecta, pues al conjunto de estamentos gubernamentales: Generalitat, Diputaciones, consejos comarcales y ayuntamientos.
La oposición al proyecto de ley se basa en la creencia de que abrirá la puerta a una privatización mayor que la actual en la gestión de los servicios públicos. Esta argumentación la sustentan la CUP, también Catalunya en Comú Podem, el sindicato CGT y los sindicatos independentistas COS, Intersindical CSC y la IAC, además organizaciones sociales como la Federació d’Associacions de Mares i Pares de Catalunya (FAPAC) y sindicatos y sectores defensores de la sanidad pública catalana.
Se recoge que se dará una mejor puntuación a las empresas que mejoren a sus trabajadores las condiciones del convenio colectivo, además de medidas de igualdad de género, responsabilidad ambiental o de inserción laboral de personas con discapacidad. Albert Castellanos, secretario general de Vicepresidencia, indicaba en declaraciones a Nació Digital que cada administración decidirá si externaliza servicios y, en todo caso, la norma garantizará la calidad del servicio para los ciudadanos.
CCOO y UGT reclaman garantías
UGT considera que alrededor del proyecto de ley de externalizaciones se ha creado una falsa polémica. José Antonio Pasadas, secretario de políticas sectoriales de UGT de Catalunya, recuerda que los sindicatos mayoritarios fueron consultados durante el proceso de redacción inicial de la ley. Que dieron su visto bueno y que ahora se ha recuperado el debate a partir de ese texto sobre el que, en su conjunto, la UGT no se ha manifestado porque “se podría pensar que nuestra posición es un apoyo al Govern de la Generalitat “, dice.
El dirigente ugetista cree que la norma pretende dar respuesta a la Directiva 24/2014 de la Unión Europea (UE), que incorpora cláusulas sociales a los procesos de contratación pública. Esto, según Pasadas, “tiene mucha trascendencia en cuanto a los ámbitos de atención a las personas”. En este ámbito, la nueva normativa catalana tendría la voluntad de asegurar condiciones dignas a los trabajadores y evitar que este sector sea sinónimo de trabajo precario.
Considera Pasadas que la nueva norma no hace más que incluir garantías sobre los ámbitos que la administración puede externalizar y que estos están listados en la ley estatal aprobada mientras la normativa catalana dormía el sueño de los justos durante la intervención de la Generalitat.
Por su parte, Toni Mora, responsable de Política Territorial, Acción Social, en el Barcelonès y Migraciones en CCOO de Catalunya, afirma de entrada, “en nuestra opinión los servicios de atención a las personas son servicios públicos esenciales y por tanto deberíamos de partir de la condición preferente de una gestión pública directa por parte de las administraciones”. Inmediatamente añade: ” la convivencia se actual de ámbitos de gestión privada y pública de los servicios nos obliga, como agente social más representativo en el territorio, a velar para que las condiciones en las que se produzca esta contratación tenga las máximas garantías para a la ciudadanía y que las condiciones laborales y sociales de los trabajadores y las trabajadoras que los hacen realidad sean de calidad y dignidad”.
De acuerdo con los posicionamientos adoptados en otras ocasiones, CCOO y también UGT, consideran que la ley debería evitar que los servicios de empleo dejen de ser ejercidos directamente desde la Administración. En su valoración matizada, CCOO afirma también: “No nos gusta la redacción del artículo 9.2, que deja la puerta abierta a una generalización de las diversas figuras de aportaciones por parte del ciudadano o ciudadana que debe utilizar el servicio”. En otro punto referido al “artículo 30, sobre condiciones de ejecución de los contratos de servicios sanitarios, sería necesaria la adecuación de los medios personales adscritos al contrato, en este sentido tenemos que hacer una clara objeción a cómo sufren los trabajadores y las trabajadoras del sector una regulación global de las ratios de personal que, en la práctica, suponen minoración de plantillas y sobrecarga de trabajo”. El sindicato remarca: CCOO ve esta normativa como una buena herramienta para potenciar la economía social en el área de la atención a las personas. “Defendemos la contratación pública y nos gustaría que la colaboración público-privada no existiera pero la realidad es otra”, resumió Mora.
Y ¿qué dice el Tercer Sector, que gestiona actualmente buena parte de los servicios que han sido externalizados hasta ahora? La Confederación, la patronal del tercer sector social de Catalunya, ha defendido con matices la ley, “Es una norma de ámbito catalán necesaria, pero no resuelve la mercantilización de los servicios, porque los grandes operadores pueden concurrir al proceso de adjudicación”, en declaraciones de, Joan Segarra, presidente de las entidades. En este sentido, el Tercer Sector vería prioritaria una acción concertada, es decir, salir de la adjudicación por contrato público y que los servicios pasaran “de una vez por todas a las entidades de iniciativa social”.
Oposición contundente
La Candidatura de Unidad Popular (CUP) es el partido que desde el primer momento se ha opuesto a la nueva normativa. La organización que ha vinculado la ley al vicepresidente de la Generalitat, ha hecho de la oposición a la Ley Aragonès un palabra de orden.
El partido de la izquierda independentista afirma que “la nueva ley consolida y abre la puerta a nuevas privatizaciones de servicios públicos”. También asegura que a pesar de las afirmaciones del Gobierno, “sigue poniendo el foco en el precio y no en la calidad de los servicios, un hecho que degrada el servicio y profundiza la precariedad laboral”. Como consecuencia de lo expresado, “la CUP defiende que los servicios deben ser 100% de titularidad y gestión pública”.
Igualmente Catalunya en Comú Podem, ha virado desde una visión expectante de antes de la aplicación del artículo 155 a una oposición limpia defendida ahora. La presidenta del grupo, Jéssica Albiach, ha declarado: “ya sabemos qué pasa cuando quien quiere hacer negocio entra en los servicios públicos. Baja la calidad del servicio público y empeoran las condiciones laborales”. La ley en tramitación recoge, asegura, más de 150 servicios de educación, de salud y de dependencia, entre los que hay, por ejemplo, la educación infantil de 3 a 6 años, la atención primaria en salud o los servicios sociales municipales o comarcales, “que en función de cuál es la voluntad del Gobierno de turno podrían quedar en manos de las empresas”, ha alertado Albiach.
Para la presidenta de Catalunya en Comú es necesario “blindar los servicios públicos, y esto se hace prioritariamente con la gestión directa”. “Y para aquellos servicios que ya están externalizados, creemos que se han de hacer con el tercer sector y la economía social, comunitaria y arraigada en el territorio”, añadió.
Otros sindicatos como CGT se han mostrado totalmente en contra de la norma sobre externalizaciones. Esta organización considera que la norma “está hecha a medida de las patronales del sector para garantizar la seguridad jurídica de las futuras concesiones”.
Igualmente, la Intersindical-CSC con una gran implantación en el sector público, apuesta directamente por la gestión de los servicios directamente desde la Administración.
También Metges de Catalunya, sindicato mayoritario en este ámbito estratégico, se ha situado en contra de la ley Aragonès. Cree que abre la puerta a la privatización de la sanidad. El sindicato recuerda que la sanidad catalana ya está “infrafinanciada” y que una externalización de servicios empeorará, a su juicio, el servicio que se presta.
Y sin salir de la sanidad, el movimiento en defensa de la sanidad pública, Marea Blanca, se ha mostrado contrario a la ley y asegura que”no hay ninguna directiva europea que obligue a los Estats miembros subcontratar o externalizar la prestación de servicios”.
Por otra parte, médicos con una trayectoria clara de defensa de la sanidad pública, como José Martí, también se han posicionado contra la ley que prepara el govern.
Educación: la Fapac lidera la oposición
En el campo de la educación La Fapac fue, probablemente, la primera entidad que lanzó el grito de alerta sobre la tramitación de este anteproyecto de ley, ya en diciembre de 2018. En ese momento el Departamento de Educación había parado el proyecto de decreto de comedores escolares (o de tiempo del mediodía), ante la oposición que se había encontrado, pero también porque este es uno de los servicios incluidos en el proyecto de ley de contratos de servicios a las personas. Para la presidenta de la Fapac, Belén Tascón, “intentan revestir de un carácter técnico lo que es una ley con una gran carga política, ya que permite a la administración externalizar lo que quiera”. “Por ejemplo -dice- la ley te permite mantener la titularidad pública de las escuelas pero introducir la gestión privada”, informa Diario de la Educación.
Según la Fapac, la Directiva europea 2014/24 no obliga a ningún estado miembro a regular de una manera determinada el modelo de contratación de los servicios a las personas; al contrario, dice Tascón, “lo deja a la libre elección de cada país”. La prueba, añade, es que “ninguna otra comunidad autónoma está legislando en el sentido de que lo está haciendo Catalunya”.
“El Gobierno puede continuar operando con el marco legislativo actual, pero si lo que quiere es dar una mayor seguridad jurídica a las empresas que contrata, podría haber presentado un proyecto que blindara determinados servicios que afectan a derechos fundamentales, y que estos fueran obligadamente de gestión directa por parte de la administración, pero con el proyecto actual no se blinda nada”, añade Belén Tascón, porque las cláusulas sociales que introduce el decreto no frenarán la penetración de los grandes grupos empresariales en el mercado de los servicios a las personas. “Hay que ser muy ingenuo para pensar que una empresa como ACS no tendrá la forma de presentar un plan de igualdad, o decir que pagará por encima del convenio o que hace no sé qué aportación a la mejora del medio ambiente”, opina Tascón.
