“Las personas o las familias que se encuentran en situación de pobreza tienen derecho a acceder a una renta garantizada de ciudadanía que les asegure los mínimos de una vida digna”. Este es el artículo 24.3 del Estatuto de Autonomía de Catalunya y, según la agrupación de Entidades Catalanas de Acción Social (ECAS), no se está cumpliendo. Así lo han considerado durante la valoración que han realizado sobre los dos años de la aprobación de la Renta Garantizada en Catalunya (RGC).
Las entidades de acción social recuerdan que han contribuido a mejorar el desarrollo de la renta garantizada en Catalunya con la esperanza de que se cumplan las expectativas que se pusieron en la norma hace dos años. ECAS ya hizo un informe en los primeros meses de aplicación de la renta garantizada en el que se alertaba del alto número de denegaciones que se producían. Por ello reclamaban a la Administración unificar criterios de resolución. En ese trabajo también se pusieron sobre la mesa “incidencias, disfunciones y carencias” detectadas en la aplicación de la ley. En este sentido reclaman ampliar el rol de las entidades sociales a la hora de agilizar la gestión, facilitar los trámites y asegurar el acompañamiento y el apoyo a las personas beneficiarias de la RGC.
El Colegio de Trabajo Social insta a aprobar el reglamento
Por su parte, el Colegio de Trabajo Social de Catalunya ha emitido también una nota pública, en la que reclama la adopción del reglamento de la Renta Garantizada y la necesidad de poner en marcha las mesas territoriales para mejorar el desarrollo de la normativa, para lo que se necesitaría más coordinación entre la Generalitat y los entes locales. El reglamento debe servir para incorporar perfiles que ahora quedan fuera y cubrir también todas aquellas personas que, a pesar de tener trabajo incluso a jornada completa, no alcanzan un nivel de ingresos o una estabilidad suficiente para evitar caer en la pobreza.
