El horizonte se recorta por las siluetas de hileras interminables de aerogeneradores que parecen molinos de viento espigados. El Istmo de Tehuantepec es la cintura de México, allí donde la tierra se estrecha entre el océano Pacífico y el Atlántico, y por ello concentra la mitad de la industria eólica del país. Hasta allí llegaron los inversores españoles, entre ellos, Florentino Pérez, presidente de Actividades de Construcción y Servicios (ACS), a sacar dinero de donde los oaxaqueños no pensaban que podía salir: del viento.
Con contratos de 30 años, una manada de empresas españolas –entre ellas ACS, su antigua socia Iberdrola y otras compañías del IBEX como Gas Natural Fenosa (ahora Naturgy), Acciona o Renovalia– alquilaron tierras a campesinos pobres a precios ridículos de 3.000 pesos mensuales (unos 150 euros al cambio) para instalar los aerogeneradores que aprovechan el fuerte viento del istmo que es capaz de derribar árboles, casas, pesados camiones de carga, autobuses, coches y torres eléctricas.
El Istmo de Tehuantepec, con 200 kilómetros de ancho, es la zona más angosta que posee México y tiene amplios recursos marítimos, petróleo, maderas que han custodiado históricamente sus habitantes, indígenas huaves, zapotecos y zoques. Ahora ese viento que arrecia entre los dos océanos, es también un negocio redituable, ya que su velocidad media anual es de 10 metros por segundo, 4 más que el promedio mundial.
Vientos rápidos y relativamente estables, lo que aumenta su potencial energético, han atraído a 24 empresas extranjeras y mexicanas, que han instalado 2.123 aerogeneradores en 28 parques eólicos. Junto con sus socios, son los beneficiarios finales de los 2.360 megawatts de electricidad que se producen en el Istmo de Tehuantepec y que representan la mitad de lo que se genera en todo el país.
Estos nuevos molinos de viento ocupan 100.000 hectáreas, una extensión que prácticamente dobla el área de la ciudad de Madrid, y que antes eran tierras de cultivo de maíz, sorgo, caña de azúcar y pastizales para ganado. Se han ido instaurando pese a las protestas de diferentes grupos sociales y defensores del territorio que llevan años denunciando corrupción, impactos económicos y ecológicos negativos.
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Este trabajo fue realizado por un equipo de periodistas catalano-mexicano y gracias al apoyo de los medios mexicanos Pie de Página y Proceso en el marco de la beca Devreporter para la Justicia Global 2018, auspiciada por Lafede.cat. Una primera versión del texto, firmado por Majo Siscar y Duilio Rodríguez, se publicó en México. En Catalunya y el Estado español, esta investigación periodística llega con publicaciones conjuntas en La Marea y Catalunya Plural.


