La Plataforma per la Llengua ha querido hacer llegar a los medios a través de una nota de prensa titulada “Crisis en la sanidad pública” unas situaciones de discriminación lingüística que cada vez están yendo a más. La Plataforma pide así al Departament de Salut que ponga remedio y adopte un protocolo contra las discriminaciones lingüísticas que prevea la provisión de cursos de catalán obligatorios para todos los facultativos.
Esta demanda y este posicionamiento público llega tras constatar un aumento notable de las discriminaciones lingüísticas en el ámbito de la salud. Las denuncias que la entidad recibe por parte de usuarios que han sufrido alguna discriminación o vejación por haberse dirigido en catalán al personal sanitario ya llegan a 20 sólo durante este año 2019.
Entre los casos que han recopilado, exponen uno que hizo sonar las alarmas en las redes sociales hace relativamente poco. El 18 de septiembre una madre acompañó a su hija, con discapacidad psíquica, al CAP de Les Corts. La afectada, en una carta pública, expone que “mi hija le intenta explicar qué le pasa, pero no la entiende. Yo le digo que es discapacitada psíquica pero enseguida me corta y quiere que hablemos en español. Le recuerdo la discapacidad y le digo que ella sólo habla en catalán”. Por lo que cuenta, entonces, la médico contestó que ella está haciendo aquí la residencia pagada por el “Ministerio de España” y que, si quiere la visita en español o en inglés puede elegir, pero que el catalán no lo domina.
La mujer dice que “la visita fue lamentable, si hubiera sido por mí me hubiera levantado y hubiera marchado, pero al ser mi hija la que lo estaba sufriendo fui haciendo un medio a medio (catalán con ella y traducción a la señora)”. La queja de esta paciente en el ICS aún no ha recibido respuesta.
Desde la Plataforma per la Llengua defienden que “la existencia de personal incapaz de hablar e incluso de entender el catalán crea situaciones de discriminación y de denegación de la atención, además de inhibir los ciudadanos que quieren ejercer su derecho de hablar en catalán”. Así, encuentran “indispensable que el Govern de la Generalitat y la Administración velen por que los hospitales cumplan escrupulosamente la legislación que protege los derechos lingüístico de los ciudadanos”. Creen que la norma escrita no es suficiente si “posteriormente no existen mecanismos de supervisión y de corrección que eviten los abusos”.
El derecho de opción lingüística supone que los ciudadanos pueden dirigirse a la Administración en la lengua oficial que deseen sin que se les pueda denegar el servicio. Los ciudadanos también tienen derecho a que los trabajadores públicos de la Generalitat les hablen en la misma lengua.
Cogiendo las leyes en mano, la Plataforma explica que el artículo 11 de la Ley de política lingüística establece que “en el proceso de selección para acceder a plazas de personal de la Administración […] se debe acreditar el conocimiento de la lengua catalana, tanto en la expresión oral como en la escrita”. Estos preceptos los desarrolla para todo el personal de la Administración catalana el Decreto 161/2002.
Sin embargo, desde la Plataforma per la Llengua creen que “si se llega a situaciones de discriminación es que la Administración pública en muchos casos no ha exigido conocimientos mínimos de lengua catalana a la hora de contratar a los profesionales que dan servicio en nuestro sistema de salud, en incumplimiento de la Ley de política lingüística”. A tal efecto, la Plataforma per la Llengua ha hecho una observación de cientos de plazas publicadas en el sitio web de los diferentes órganos contratantes de Departament de Salut y asegura haber constatado que la mayoría de ellas no incluía el conocimiento de la lengua catalana como requisito .
La Plataforma per la Llengua considera que la única solución completa al problema es adecuar la contratación del personal sanitario en la legislación, que requiere que esté lingüísticamente capacidad. Sin embargo, para proteger los derechos lingüísticos de los ciudadanos y evitar que estas situaciones se sigan repitiendo en el corto plazo, la ONG del catalán propone al Departament de Salut de adoptar un protocolo contra las discriminaciones lingüísticas que prevea la provisión de cursos de catalán obligatorios para todos los facultativos -con un plazo máximo para adquirir las competencias lingüísticas mínimas para poder atender cualquier paciente en lengua catalana-, la información a los profesionales sobre los derechos lingüísticos de los pacientes y la presentación de un proyecto de ley contra las discriminaciones lingüísticas.
“No pienso aprender catalán” o hospitales que reconocen no cumplir la normativa
Hace unas semanas la Plataforma per la Llengua denunció que en el hospital de Figueres un médico de urgencias dijo a una paciente que se le dirigió en catalán: “llevo 5 años trabajando aquí y no lo he aprendido, me voy a quedar y no lo pienso aprender, soy venezolano hispanohablante y usted aprendió el castellano”. Cuando ella dijo que quería seguir hablando en catalán, aunque la atención por parte del médico siguiese siendo en castellano, el médico le dijo que aquello era racismo. Es decir, como explican, “el médico la discriminó porque quiso hablar en catalán y él se mostró orgulloso de no hablar esta lengua, manifestando que no la pensaba aprender y acusando la paciente de racista por el hecho de querer expresarse en catalán”.
Otra de las denuncias que ha recibido la Plataforma es el caso de un paciente del hospital de Mataró que dirigió una carta al centro para advertirle de que en una atención de urgencias sólo uno de cuatro sanitarios se había dirigido en catalán y añadió que en las ofertas de trabajo del Consorci Sanitari del Maresme el catalán no aparece como un requisito necesario.
Gracias a la respuesta a esta queja, la Plataforma per la Llengua conoció que el Consorci Sanitari del Maresme reconocía que hace 17 años que incumple la legislación. El hospital alega “dificultades interpretativas tanto de la normativa como de las sentencias”, pero asegura que está “revisando nuestros procesos de selección de personal y de provisión de puestos de trabajo para incluir el acreditación del conocimiento del catalán, tal como establece el Decreto 161/2002”.
