En días pasados, asistimos a la primera reunión de las Comisiones del Consejo Catalán de la Alimentación, órgano colegiado de asesoramiento y participación institucional adscrito al Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat de Catalunya.

La creación de este Consejo se aprobó en el año 2017 mediante el Decreto 126/2017 con el objetivo, según se contempla en el artículo 1.3, de analizar y debatir los retos de carácter empresarial, tecnológico, social, ambiental y de sostenibilidad, fomentando la competitividad empresarial, la calidad agroalimentaria y la economía circular, a los que debe hacer frente el sector agroalimentario catalán, para que se aborden de forma activa, previsora, eficaz, equilibrada y sostenible.

Desde la Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT de Catalunya celebramos la puesta en marcha de un Consejo con unos objetivos que compartimos plenamente, aunque echamos de menos más peso de las organizaciones sindicales en la composición de éste.

Es indudable la aportación de los trabajadores a la operatividad de nuestra industria agroalimentaria, es la fuerza del trabajo la que la hace funcionar y entendemos que un espacio como el Consejo debe tener presente y estar abierto a debatir en cuestiones del ámbito de las relaciones laborales.

Una de las problemáticas que debemos abordar es la situación de explotación laboral en el campo catalán, donde trabajadores hacen jornadas interminables con el pago de las horas trabajadas por debajo de lo que determina el convenio colectivo de aplicación. Situación que se ve agravada en el caso de las mujeres, que sufren un desequilibrio salarial injustificable con los hombres, y además de empresas que se niegan a cumplir con el abono del salario mínimo interprofesional.

Pero aún más lacerantes son las condiciones de alojamiento de las personas que trabajan. La imagen de los temporeros de la fruta durmiendo en las calles de nuestros pueblos y ciudades o en viviendas insalubres, los llamados “pisos patera”, nos debe hacer caer la cara de vergüenza, no podemos en ningún caso normalizar estas situaciones.
Y desgraciadamente no es el único sector alimentario que sufre la precariedad laboral: el sector cárnico catalán también es y ha sido denunciado por la UGT FICA por la subcontratación fraudulenta de trabajadores como falsos autónomos y también por la utilización de falsas cooperativas de trabajo asociado y empresas mercantiles que operan como empresas pantalla.

Derechos laborales

Estas prácticas empresariales conllevan una vulneración clara de los derechos laborales de las personas trabajadoras, una competencia desleal entre empresas y un ahorro fraudulento de cotizaciones a la seguridad social.

Tenemos que abrir los ojos y entender que ningún producto de la cadena alimentaria puede ser considerado de calidad y sostenible si su producción se sostiene en la precariedad y la explotación laboral. Las normas de producción y comercio justo que determina Naciones Unidas deben ser la base del desarrollo sostenible de verdad y debemos adquirir el mayor de los compromisos como sociedad para alcanzar un mundo globalmente más justo.

Es por todo ello que pediremos estar presentes no sólo a las Comisiones del Consejo sino ser parte de la Composición del mismo Consejo, creemos que la voz de los trabajadores y trabajadoras debe ser escuchada, y que todos los agentes implicados debemos trabajar juntos para dar la vuelta estas situaciones claramente injustas para las personas trabajadoras y insostenibles en una sociedad moderna y desarrollada.

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