“Si manifestarse, hacer uso de la libertad de expresión o votar es considerado un delito por el Estado español, nosotros también somos autores de este falso delito”. Con esta afirmación presentaba Òmnium Cultural su campaña de autoinculpaciones con la que esta semana pretenden “llenar todos los juzgados de Catalunya”.
Así, esta campaña en rechazo a la sentencia del Procés pretende poner de manifiesto que los actos cometidos “no son constitutivos de delito”. La autoinculpación, pues, se plantea como “una herramienta política de expresión de solidaridad con las personas condenadas y de cuestionamiento con la institución judicial”, tal como apunta Òmnium. Al tratarse de una acción masiva, las autoinculpaciones no suelen ser investigadas ni, por tanto, condenadas: “no se adjunta ninguna prueba, lo que dificulta la apertura de actuaciones judiciales”, apunta la entidad.
La misma Òmnium apunta a que esta práctica de desobediencia civil ha sido empleada históricamente por todo el territorio del Estado español. Y así lo ha sido, para denunciar diversas causas judiciales contra personas particulares o movimientos que incurren en delitos. Rescatamos ocho de las autoinculpaciones más destacadas de la historia reciente de Catalunya y España.
29 personas en defensa de los Jordis
El encarcelamiento de Jordi Sánchez y Jordi Cuixart ya despertó una campaña de autoinculpaciones, hace un año. Fueron 29 personas del mundo del periodismo, la academia y el activismo que acudieron en marzo de 2018 a los Juzgados de Plaza Castilla de Madrid para autoinculparse con los Jordis.
Todos eran insumisos
A finales de los años 80, un movimiento pionero de desobediencia civil se extendió por España: eran los objetores de conciencia y se negaban a hacer el servicio militar obligatorio y la prestación social sustitutoria. La acción la iniciaron 57 jóvenes en todo el Estado español, pero hasta 50.000 más acabaron poniéndose a disposición de los tribunales de justicia hasta finales de siglo.
Aunque los jóvenes eran los protagonistas de los movimientos, lograron mucho apoyo popular y era frecuente que intelectuales de la época comparecieran también en los juzgados para autoinculparse de haber incitado a los insumisos a desobedecer a la autoridad militar.
En 1978 fui adúltera y en 2008 aborté
La causa feminista también ha hecho uso de las autoinculpaciones en varias ocasiones. Una de ellas fue en 1976, en apoyo a María Ángeles Muñoz, una mujer de Albacete que fue acusada de adulterio por su marido, un delito, entonces, grave. El artículo 449 del Código Penal franquista (1944) decía que cometía adulterio “la mujer casada que yace con un varón que no sea su marido y que yace con ella sabiendo que está casada, aunque después se declare nulo el matrimonio”. El delito era castigado con una pena de entre seis meses de prisión menor y seis años.
María Ángeles, gracias a su abogada y a las miles de mujeres que se manifestaron y se autoinculparon de adulterio, consiguió que su marido retirara la denuncia. La despenalización del adulterio llegó poco después, con la Constitución de 1979.
Otro derecho que se perdió, junto con la República, fue el del aborto. No fue hasta 2010 que se despenalizó el aborto inducido y se aplicó la ley de plazos, que es la actual en España. Antes regía una ley que, fuera de los tres supuestos (riesgo para la madre, el feto o violación), establecía penas de prisión tanto para la mujer como para el médico practicante.
Fue en 2008 cuando, en el marco de la Campaña por el derecho al Aborto, más de mil autoinculpaciones llegaron a los juzgados de Barcelona, en protesta por “el recorte del derecho de la mujer a decidir sobre su propio cuerpo”, tras las investigaciones en clínicas abortivas de Barcelona y Madrid.
Las más de mil autoinculpaciones fueron testigos de mujeres que habían abortado y de hombres que acompañaron alguna mujer y asumían ser citados a declarar en el caso de que se abriera un sumario.
13.000 autoinculpados a favor de la eutanasia
En 1998, la asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD) utilizó esta fórmula de desobediencia civil para exigir la legalización de la eutanasia. Más de 13.000 personas se autoinculparon por la muerte del tetrapléjico Ramón Sampedro -que hacía 29 años que reclamaba el derecho a morir dignamente- por ingesta de cianuro.
De este modo, también apoyaban a Ramona Maneiro, la mujer que vivió con Sampedro hasta su muerte, a quien se acusaba de cooperación al suicidio. Entre los autoinculpados estaban el psiquiatra Carlos Castilla del Pino, el escritor José Luis Sampedro, el filósofo Fernando Savater y el cantante Joan Manuel Serrat.
El caso provocó muchas más movilizaciones y un gran escándalo por el testamento abierto escrito por Sampedro con la boca y la grabación en vídeo de su muerte. Debido a esto, el Senado español creó una comisión para estudiar la legalización de la eutanasia, un derecho que aún hoy en día no se ha conseguido.
Solidarios con las “expropiaciones” de supermercados andaluces
“Me autoinculpo ser cómplice e inductor intelectual de las acciones llevadas a cabo por los sindicalistas del SAT en Écija y Arcos”. Con este texto, decenas de personas se solidarizaron con los jornaleros del Sindicato Andaluz de Trabajadores que en agosto del 2012 se llevaron sin pagar una veintena de carros llenos de productos de dos supermercados andaluces – un Mercadona en Écija (Jaén) y un Carrefour en Arcos de la Frontera (Cádiz).
El objetivo de las acciones, lideradas por el alcalde de Marinaleda -Sánchez Gordillo- y el que era el portavoz del sindicato -Diego Cañamero-, era repartir los productos “expropiados” entre familias que lo necesitaban y hacer visibles las consecuencias de la crisis económica. Sánchez Gordillo fue absuelto de los hechos en 2014, pero varios sindicalistas todavía afrontan penas de un año y medio y están a la espera de la sentencia.
Colapsar los juzgados por haber votado el 9-N
La campaña de Òmnium no es la primera que utiliza las autoinculpaciones colectivas en relación con el Procés. La Asamblea Nacional Catalana (ANC) impulsó en 2014 una campaña en solidaridad con los entonces presidente de la Generalitat, Artur Mas; vicepresidenta, Joana Ortega, y consejera de Enseñanza, Irene Rigau, después de que se admitiera a trámite la querella contra ellos por haber organizado el proceso participativo del 9-N.
En varias “jornadas de autoinculpación” en los juzgados de guardia y al Tribunal Superior de Justicia (TSJC), los firmantes admitían haber participado en la consulta del 9-N sin haber sido obligados y denunciaban “la falta de garantías democráticas del estado español, donde la división de poderes es inexistente “. Meses más tarde, el TSJC rechazó las autoinculpaciones alegando que haber votado en el proceso participativo no correspondía a ningún delito.
Eran 27 y 700 más
En 2013, 25 estudiantes y ex estudiantes de la UAB, un profesor y un miembro del Personal de Administración y Servicios (PAS) ocuparon el rectorado de esta universidad, una acción reivindicativa por la que acabaron encausados con peticiones de entre 11 y 14 años de prisión para cada uno y de una multa conjunta de más de 500.000 euros en calidad de fianza por los daños ocasionados.
Desde el grupo de apoyo, querían solidarizarse con los encausados y demostrar que no sólo ellos “han luchado, luchan y lucharán, por una mejora del sistema universitario”. Por ello, pusieron en marcha una campaña de autoinculpaciones que reunió 698 personas.
