El debate de la privatización de los servicios sociales, entre ellos los sanitarios, ha resurgido con los trámites de la Llei Aragonès. Los sindicatos del sector consideran que este redactado podría favorecer la privatización de numerosos servicios . En vísperas de la manifestación que la ‘Plataforma Aturem la Llei Aragonès’ celebrará el domingo 17 en Barcelona, hacemos una radiografía del sector de las residencias para personas mayores, donde la titularidad privada domina claramente sobre la iniciativa pública.
Últimamente las residencias se han convertido en un caramelo para el sector privado, y no es casualidad. Lo que ya se conoce como ‘el negocio de los abuelos’ atrae inversiones, ya que se trata de una oferta, a priori, ganadora y de futuro: la tasa de envejecimiento en España crece en promedio un 2% anual, y en 2019 es ya del 123%. O lo que es lo mismo, por cada 100 menores de 16 años hay 123 personas con más de 64.
Este dato es algo más moderada en Catalunya, que se encuentra actualmente con una tasa de envejecimiento del 115%. Sin embargo, tras un breve descenso a finales de la década pasada, también en crecimiento sostenido desde 2010. Todo ello forma parte de una característica compartida entre los países desarrollados: esperanza de vida muy alta (en España de 83 años según el Banco Mundial, siendo la segunda más alta) y tasas de natalidad muy bajas (actualmente no llega al 7%), dando lugar a pirámides generacionales regresivas.
Sector de mayoría privada
Ante este panorama de un futuro cercano en el que mucha gente mayor necesitará cuidados y asistencias, ha sido el sector privado el que ha apostado más decididamente. Un oligopolio formado por grandes corporaciones y fondos de inversión se reparte el negocio de las residencias privadas para abuelos y abuelas.
Destacan Eulen Sociosanitarios (de la multisectorial Eulen), DomusVi (ha recibido inyecciones de grandes fondos de inversión entre los que destaca PAI paterna, que compró Cortefiel) y Sanitas Mayores (rama específica para las personas mayores dentro de la veterana empresa de seguros y de salud privada).
Según datos de 2016 de la patronal catalana de la asistencia a las personas mayores, la ACRA (Asociación Catalana de Recursos Asistenciales), de las 57.000 plazas en los centros residenciales catalanes, sólo 5.000 eran gestionadas directamente por la Generalitat. Este exiguo 9% de las plazas de titularidad pública es el dato más actualizada, ya que la administración catalana no publica datos más exactos o recientes.
Se da la circunstancia de que en algunas comarcas bastante pobladas como el Tarragonès o el Maresme sólo tienen una residencia gestionada por el Departamento de Bienestar Social y Familia. En el Vallès Oriental y el Baix Camp hay sólo un par, mientras que en otros, como la Selva, Osona o el Baix Ebre, no hay ni una sola plaza gestionada directamente por la administración pública.
La alternativa a la plaza pública: la ayuda
El parche que se utiliza para hacer frente a la falta de cauces públicos es la habilitación de una ayuda a aquellas personas que, mientras esperan en la lista de plazas públicas, hacen uso de residencias privadas. Se trata de la prestación económica vinculada al servicio de centros residenciales para personas, enmarcada en la ley estatal de dependencia, y se traduce en suma económica que recibe el usuario/a en función del grado de dependencia y de sus recursos. En el caso del grado 2 el máximo que se puede recibir es de 426€, cifra que puede aumentar hasta los 715€ en el caso del grado 3.
Se trata, pues, de una especie de externalización parcial encubierta de los servicios de atención a la gente mayor, en tanto que la Generalitat asume parte del coste, pero lo lleva a cabo una empresa privada que, por tanto, se lucra económicamente de la falta de plazas gestionadas directamente por la administración pública.
Este mecanismo compensador de la escasez de residencias públicas que ofrece la Generalitat supone un ahorro para las arcas públicas: en lugar de cobrar a los usuarios la parte proporcional de la plaza según sus ingresos (como ocurre en las residencias gestionadas por el Departamento), se limita a abonarles la ayuda. Con esta fórmula la Generalitat tiene menos gasto (es menor la ayuda que la parte de la que se hace cargo la administración en los casos de plaza pública).
La otra cara de la moneda de este sistema, y teniendo en cuenta que el precio de las plazas se encuentra en torno a los 2.000€ actualmente, es que para aquellas personas con menos recursos (y que participarían en una parte muy pequeña de una plaza pública) la prestación puede resultar insuficiente, haciendo que no tengan acceso al servicio.
Hace pocos meses que UGT, CCOO, CEESC y TSCAT firmaron un manifiesto unitario donde aseguran que “a pesar de que ha aumentado el número de personas que necesitan la atención a la dependencia, no se ha recuperado el presupuesto previo a los recortes” y reivindican la necesidad de una “dotación real presupuestaria”; para reducir una lista de personas en espera de plaza pública, concertada o subvencionada que cifran en 84.000.
Alerta por la precarización
El mismo manifiesto sindical pone atención en la situación laboral de quienes trabajan en las residencias para personas mayores, donde exigen “poner fin a la precarización de un sector altamente feminizado, en la que nunca se ha tenido en cuenta la labor social que se realiza”. En la misma dirección apunta el trabajador del sector y miembro de CCOO Josep M. Martínez, quien denuncia una falta de personal para cubrir las necesidades de los residentes y unas ratios insuficientes de profesionales para usuarios.
Martínez asegura que hay más demanda que oferta de profesionales, lo que hace que el personal formado haga, debido a los bajos salarios, “un camino habitual de las residencias privadas o concertadas a la sanidad privada o que tiene concierto, y de allí intentan entrar en el sector sanitario público, que es su objetivo final”. Otras fuentes del sector recuerdan que la plantilla de las residencias del Departament gozan de mejores convenios y sueldos que en las residencias privadas, algo que atrae profesionales hacia las primeras.
Una nueva crítica al dominio de capital privado en el mundo de las residencias para personas mayores llega de parte de los investigadores del Grupo de Investigación en Desigualdades en la Salud de la UPF, que aseguran que es más difícil “establecer una coordinación efectiva entre los diferentes niveles de atención”, creando” barreras muy grandes en cuanto a la continuidad de la atención del enfermo”.
El ejemplo de la residencia Horts de Miró de Reus
Un caso paradójico, en el que queda patente la poca celeridad con que se abren nuevas plazas para dar cabida a la gran demanda, es el de la futura residencia de Horts de Miró de la capital del Baix Camp. Si bien el edificio fue terminado en 2012, formando un complejo sanitario junto con el CAP con el que comparte bloque y sí que da servicio, hoy en día la residencia aún no está abierta.
El retraso de más de siete años parece que está cerca de acabarse, después de que en septiembre el Ajuntament de Reus aprobara el convenio bilateral final entre la Generalitat (Departamento de Bienestar Social y Familia) y el consistorio (que explotará el servicio a través de la empresa de capital municipal Sagessa).
Así, a pesar de que la mayoría de plazas serán públicas -según los anteriores anuncios debían ser 24 públicas y 5 privadas-, la gestión no será directamente pública por parte de la Generalitat, sino que se enmarcará en lo que se llama ‘centro colaborador). De hecho, en casos en que el centro es colaborador o privado y no totalmente público, el nombre correcto para referirse a las plazas es el de colaboradoras, y no públicas.
En los últimos días se ha repetido un proceso de selección de personal que ya tuvo lugar meses atrás y que está previsto dé un puesto de trabajo a una veintena de profesionales. En cuanto a las plazas para residentes, las 29 de la primera etapa podrían ampliarse en un futuro cuando se abra la segunda planta del edificio.
Mientras este complejo ha restado inutilizado por falta de entendimiento entre la administración local (Sagessa) y la Generalitat (Departamento de Bienestar Social y Familia) -además de unos meses de paralización fruto de la aplicación del artículo 155 por el gobierno español-, en la misma ciudad la iniciativa privada ha tenido más éxito: el Grupo Ballesol, propiedad de la aseguradora Grupo Santalucía, abrió en junio su centro número 47 en España. Según fuentes de la dirección de la residencia, su voluntad era disponer de algunas plazas de oferta pública (colaboradoras), pero la Generalitat aún no se las ha concedido.
