Horas después de la publicación del análisis de la sentencia del Tribunal Supremo en la causa contra los líderes catalanes por parte de Amnistía Internacional, entrevistamos a Daniel Joloy (México, 1985), asesor legal y de políticas de la ONG, para conocer mejor los detalles de un texto que tilda el juicio de “justo” pero que pide la liberación “inmediata” de Jordi Sànchez y Jordi Cuixart y denuncia la vulneración del principio de legalidad.
En el informe se destaca que ha sido un juicio justo. ¿En qué términos?
Aquí lo que es importante es que nos fijamos en todo un grupo de estándares internacionales que se refieren al contenido de los artículos 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en los que se desarrollan las normas internacionales del debido proceso, la parte más procesal. En este sentido, hemos participado en las distintas audiencias, hemos tenido acceso a muchos documentos, y hemos analizado las diversas alegaciones que los equipos de la defensa hicieron, y lo que hemos visto es que, siguiendo la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que señala que para valorar un juicio, si es justo o no, se debe hacer una valoración dentro del juicio en su conjunto, hemos encontrado que estas diversas preocupaciones que se hicieron a lo largo del proceso se subsanaron con la sentencia.
Si bien no hemos encontrado preocupaciones que nos lleven a calificar el juicio como injusto, tenemos preocupación por el impacto que la sentencia del ‘procés’ como tal tiene sobre el ejercicio de los derechos humanos. Y es ahí donde nos hemos enfocado en nuestro análisis sobre las vulneraciones del principio de legalidad que conlleva la definición vaga del delito de sedición en el Código Penal como la interpretación extensiva que hace el Tribunal Supremo y, en particular, el impacto que esto tiene sobre el ejercicio de los derechos de reunión pacífica y de expresión.
