Durante un proceso de selección laboral te hacen preguntas intrusivas sobre tu cuerpo: “¿Te has operado?”. Estás harta. Pero la urgencia de superar la situación de dependencia económica y poder dejar atrás tu pareja y, así, el maltrato con el que convives, te lleva a callar lo que piensas. Respondes las preguntas, por muy fuera de lugar e insignificantes que sean para decidir si eres apta para el puesto de trabajo. Tus respuestas, sin embargo, hacen que te rechacen para trabajar. Una vez más.
Esta es sólo una situación de las diversas que nos muestran como las personas atravesadas por diferentes ejes de opresión son más vulnerables a las violencias de género. Una persona trans migrada en situación administrativa irregular será aún más vulnerable ante la violencia de género en cualquier ámbito -de la pareja, el trabajo o la vivienda, al ámbito de la salud o el institucional, por parte de funcionarios de oficinas de extranjería o de cuerpos de seguridad. También estará más expuesta a la violencia una persona LGTBI joven, expulsada de casa cuando la familia no acepta su identidad sexual o de género.
A menudo, las ideas que tenemos sobre qué es una situación de violencia machista no encajan con las experiencias de muchas mujeres. No se reconocen en el prototipo de maltratada; aquel perfil estrecho y corto de miras que algunos agentes sociales, como la judicatura, establecen como ‘víctima válida’. Esta distancia entre la creencia estereotipada, excluyente, y la vivencia efectiva, aún se acentúa más entre las personas con identidades de género y sexualidades no normativas.
A los miedos y dificultades de autoidentificación como víctima de violencia machista, se suma que muchas personas LGTBI encuentran dificultades para acceder a los servicios de atención ante las situaciones de violencia. La falta de visibilidad de la diversidad sexual y de género y de las problemáticas que afectan a las personas LGBTI, así como una falta de conocimiento sobre diversidad de orientaciones sexuales e identidades de género y de habilidades y herramientas profesionales para abordar la diversidad sexual y de género, serían dos piezas centrales para explicar que esto suceda.
Y esto ocurre a pesar de contar con un contexto legislativo que favorece la protección de los derechos de las personas LGTBI ante las discriminaciones por razón de orientación sexual o de identidad de género. En Catalunya, contamos con leyes que han posibilitado situar la LGTBIFòbia, así como la violencia machista, como problemáticas colectivas. Es un punto de partida valioso. Sin embargo, tenemos camino para hacer a la hora de aterrizar las atenciones que derivan de estos marcos legales de una manera que resulte transformadora y superando discriminaciones vigentes.
La violencia machista no es un problema de agresiones individuales. Es una violencia estructural contra las mujeres y contra las personas que no responden a la masculinidad hegemónica, en un orden que subordina y desprecia los cuerpos y todo lo que se asocia a la feminidad.
Las violencias que viven las mujeres y las personas LGTBI comparten raíz: el orden patriarcal. Y por eso deben combatirse subrayando la existencia de relaciones desiguales de género entre mujeres y hombres, que ponen las bases de las violencias por razón de género.
No puede pasarnos por alto que, en los fundamentos de las violencias machistas más evidentes, hay violencias culturales con un impacto directo en nuestras vidas. Principalmente, las de las mujeres. Pero también las de las personas con sexualidades e identidades de género no normativas.
En este escenario, ¿cómo podemos abordar las violencias hacia las personas LGTBI sin perder la centralidad del enfoque de género y protegiendo los avances y las conquistas del movimiento feminista respecto a las políticas de mujeres? Es una cuestión que no podemos rehuir a pesar de la gran complejidad que implica. Los dos años del proyecto europeo Look Wide, coordinado por Surt, han permitido abrir algunas de estas cuestiones y han facilitado espacios políticos y técnicos para empezar a repensar los servicios de atención a las situaciones de violencia con el fin de hacerlos más inclusivos.
Urgen políticas contra las violencias machistas que pongan la vista en promover las condiciones sociales que desmantelen la desigualdad de género, a fin de posibilitar el pleno desarrollo de los derechos y libertades de las mujeres y las personas LGTBI.
La cotidianidad nos lanza a la cara motivos para afirmar que urgen, estas políticas de género transformadoras. Motivos en forma de cifra, como serían los 52 feminicidios en menos de un año en España. Y motivos en forma de relatos, los de tantas personas con identidades de género y sexualidades no normativas que viven la vulnerabilidad de encarar el día a día en una sociedad binaria y heterocéntrica.
La lucha social y la apuesta política por una sociedad libre de violencias de género pide tomar el reto de ampliar la mirada sobre este fenómeno y abordarlo en clave de problemática, no individual, sino colectiva y de raíz estructural.
