El 47% de los jubilados tienen dificultades para llegar a fin de mes. El 36% no puede irse de vacaciones y el 34% afirma no tener fondos para hacer frente a gastos imprevistos. Estos datos dan una visión de la situación a la que deben hacer frente las personas que tienen más de 65 años en España. Por ello, los responsables de las federaciones española y catalana de jubilados y pensionistas de CCOO, Julián Gutiérrez y Miguel Lluch, han instado al nuevo gobierno de España a enderezar la situación de este colectivo. La primera acción sería aplicar un incremento de las pensiones igual al IPC. De lo contrario seguiría en vigor la norma del gobierno del PP y subiría sólo un 0,25%, según han explicado en rueda de prensa.

En España se pagaban a finales de septiembre 9.768 millones de pensiones, con una cuantía media de 994 euros. En Catalunya, el número de pensiones era de 1.738 millones (es posible que una persona cobre más de una pensión, por ejemplo, viudedad y jubilación), y la cuantía en Catalunya se situaba en 1.030 euros de media.

La franja de edad mayoritaria entre los perceptores de pensiones se sitúa entre los 65 y 69 años, con 1.733 millones de pensionistas, que cobran también de media 1.233 euros, la cifra más alta vinculada a la edad.

Como es sabido, uno de los problemas que afectan al sistema de pensiones es, además de su financiación, los efectos que sobre los servicios a las personas mayores tiene el recorte de las aportaciones públicas, ya que cada vez los perceptores tienen más necesidades de apoyo.

En Catalunya hay 4,9 plazas de residencia privadas por una pública

En Catalunya, para atender a las personas mayores hay un sistema de residencias con entidades públicas, concertadas y también privadas. Pero el aumento de las necesidades sin un incremento paralelo de fondos hace que cada vez la relación entre entidades públicas y privadas cambie en favor de estas últimas. Así en el año 2011 había 4,9 plazas cubiertas por entidades privadas o concertadas por una pública. En 2018 por cada plaza residencial pública había 3,44 plazas de residencias privadas y financiadas con dinero público. Y esto ocurre cuando, debido al aumento de la esperanza de vida, cada vez hay más población mayor de 65 años: en 2017 eran el 18,6% y las previsiones de futuro suponen que en 2026 representarán el 22,7 %, hasta trepar hasta el 28,6% del total de la población el 2036, según Lluch.

Aumentar el gasto hasta el 15%

El secretario general de CCOO, Javier Pacheco, ha hecho la intervención con más contenido político. Se ha preguntado retóricamente “¿cuánto dinero pensamos que se destinarán a los ancianos?” Y ha abogado por pasar del 12% del Producto Interior Bruto (PIB) que se gasta en España hasta el 15% que dedican a este segmento social en países de nuestro entorno.

Pacheco ha recordado que Catalunya es la primera autonomía en número de pensionistas, aunque no es la primera comunidad en número de habitantes. El envejecimiento hará que pronto los pensionistas sean el 20% de la población ya medio plazo se llegue al 33%.

Financiar las pensiones es posible

Sobre la financiación de las pensiones, desde el sindicato se afianzan en su alternativa: hacer que se pague según los salarios reales, concepto conocido como destopamiento. Esto afectaría a los salarios más altos, que, a partir de los 48.000 euros anuales no pagan más. Supondría ingresar anualmente 7.000 millones más. Una segunda fuente de robustez económica sería que los autónomos pagaran en función de sus ingresos reales, lo que haría ingresar 7.500 millones más. Una tercera gran vía sería que la gestión administrativa de la Seguridad Social, que se paga directamente de las pensiones, se pagara con fondos del Estado como ocurre en el resto de administraciones. Esto permitiría recuperar de largo el dinero que había hace diez años en la hucha de las pensiones, afirmaron.

Otro elemento que sanearía las arcas de la Seguridad Social sería que mientras las rentas del trabajo han visto cómo su peso subía del 11,3% al 12% y las del capital bajaban del 13,3% al 12,2% , se cambiara la situación haciendo que las aportaciones patronales crecieran por primera vez desde el inicio de la crisis.

El Estado debería aportar más a la dependencia

Otro flanco objeto de crítica ha sido cómo se aplica la ley de la dependencia. Según explicaron, la financiación de estos servicios suponen un gasto anual de 8.700 millones. Inicialmente el compromiso político era que ese dinero se pagarían en un 50% por el Estado y el resto por las comunidades autónomas. Esto no ocurre. La Administración Central del Estado paga sólo 1.300 millones. Las autonomías pagan 5.200 millones y los usuarios pagan 1.700 millones. Preguntado al respecto, Pacheco dijo que un nuevo gobierno en España, progresista y con programa de izquierdas debería reequilibrar la aportación estatal a la ley de la dependencia. Así se podrían mejorar las instalaciones y los salarios de los trabajadores “iniciando un círculo virtuoso”, dijo.

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