Treinta y seis municipios, 636 km2 y más de 3,2 millones de personas conforman el Área Metropolitana de Barcelona (AMB). La mitad de la población, 1.600.000 personas, habitan Barcelona y el resto se encuentran repartidos en otras ciudades y pueblos que van desde los 250.000 habitantes de l’Hospitalet de Llobregat hasta los 3.000 de la Palma de Cervelló.

Entre todos los municipios de este territorio, sin embargo, existen fuertes desigualdades. Actualmente, la diferencia de ingresos de los habitantes según el municipio donde viven es ligeramente superior a la que había al inicio de siglo, mientras que entre 1985 y 2000 se había reducido. Además, la renta del 20% de la población más rica en el AMB casi quintuplica la del 20% más pobre. Esta diferencia es menor que en el total de Catalunya, donde la renta de los más ricos es hasta 5,5 veces más elevada que la de los más pobres.

Así lo concluye un estudio llevado a cabo por la Fundació Catalunya Europa, a través de la Plataforma Re-City y el Observatori Metropolità en Sostenibilitat Social (OMSS), que es el resultado del análisis de los datos extraídos de fuentes variadas y de la creación de los indicadores que se han podido calcular para el Área Metropolitana de Barcelona.

El informe ‘La desigualtat a l’Àrea Metropolitana de Barcelona’ también concluye que las desigualdades – sobre todo de ingresos – dentro del AMB son menores que en otras metrópolis del mundo, como Johannesburgo, Lisboa, Seúl o Montreal.

El gasto público local, una fuente de desigualdad

El sector público tiene una influencia importante sobre la distribución final de los ingresos de la población, ya sea a través de regulaciones como con la provisión de vivienda pública, educación o sanidad. Esta situación también se da a escala municipal. Por ello, el análisis del gasto público que hace cada municipio es un indicador a tener en cuenta para medir la desigualdad.

La media de gasto público local en el AMB es de 1.267 € por habitante y año. Dos tercios de los municipios, sin embargo, no llegan a gastar 1.000 € por habitante y cuatro de ellos (Santa Coloma de Gramenet, Ripollet, Badalona y Sant Andreu de la Barca) dedican menos de 800 € per cápita. En el otro extremo, Castellbisbal, Barcelona, ​​Sant Just Desvern y Sant Cugat del Vallès hacen un gasto público de más de 1.400 euros por habitante y año.

En la mayoría de municipios, se da el caso de que un mayor gasto público local por habitante coincide con un PIB per cápita más elevado. Según el informe, esto se debe a que estos municipios tienen una mayor base fiscal y, por tanto, más capacidad recaudatoria, ya sea por que concentran la actividad económica con mayor valor añadido o la población residente con una renta más elevada.

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Hay otra diferencia con respecto al gasto público que también está relacionada con la riqueza, pero se relaciona de manera contraria. En los municipios donde los habitantes tienen una renta per cápita más baja, la proporción de gasto dedicado a servicios sociales aumenta.

En Badia del Vallès, por ejemplo, el gasto público por habitante es de 866 € pero hasta un 16,5% de estos se dedican a gasto social, situándose así como el municipio que le dedica más parte de su gasto. Al otro lado, localidades como Sant Joan Despí o Begues, que gastan más de 1.100 € por habitante, destinan menos del 5% del gasto a temas sociales.

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Para hacer frente a estas desigualdades, desde la Fundació Catalunya Europa creen que se necesitan «políticas de redistribución de alcance metropolitano para incrementar los recursos de los municipios que han de atender situaciones de urgencia social». Además, ven necesario «igualar los servicios a los que tienen acceso los habitantes de la Barcelona metropolitana, que actualmente se ven determinados por el municipio de residencia de la población».

Diferencias vinculadas con el nivel de renta

Todas las desigualdades económicas entre municipios hacen que los habitantes de la AMB vivan de manera diferente su autonomía vital, las oportunidades, la seguridad, la salud o la educación. Por ello, el informe también incluye indicadores relacionados con estos aspectos de la vida metropolitana y plasma múltiples e importantes diferencias en el seno de la AMB, por ejemplo, en relación con el nivel de instrucción de la población, el acceso a la vivienda, el consumo de recursos, la esperanza de vida o la participación social.

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Vistas estas relaciones, el informe defiende que «reducir las desigualdades metropolitanas en ingresos tendrá un impacto en la reducción en las consecuencias de la desigualdad, que hemos visto que estaban fuertemente vinculadas con el nivel de renta de la población».

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