La segunda votación de la investidura de la XIV legislatura no ha sido apta para cardíacos. Sabido era que el resultado sería ajustadísimo, el más ajustado del actual periodo democrático. Y también previsible, a menos que hubiera algún incidente y/o imprevisto. No tan previsible, sin embargo, era el espectáculo de exaltación y de intolerancia que ha habido en las sesiones de investidura. Por ello, el acoso público y privado a los diputados que debían votar afirmativamente para investir a Pedro Sánchez también ha sido el más grande conocido en democracia. Y a través de las redes sociales se han proferido todo tipo de insultos, difamaciones y mentiras. Aumentadas por la onda expansiva de algunos medios de comunicación posicionados a favor de los postulados políticos de la derecha.

No ha sido ni será la última vez que la derecha, al perder las elecciones y sin manera de sumar, exagera las formas y el discurso hasta el peligrosísimo extremo de tachar de ilegítimo el gobierno de coalición de izquierdas y progresista. Éste, también, el primero de la democracia. Y aún más peligroso: querer confrontar al jefe de Estado con el jefe de gobierno y alinear la Monarquía con los postulados de la derecha y la ultraderecha. Pero VOX, PP y Ciudadanos callan ante la evidencia de que es el rey Felipe VI quien ha propuesto a Pedro Sánchez como candidato a presidente, porque no sólo encabeza la primera fuerza política de Las Cortes, sino porque además era el único capaz de vertebrar una mayoría que permitiera la investidura y el desbloqueo de la situación.

En este contexto se han dado dos sesiones de bronca e insultos por parte de PP y Ciudadanos -con actuaciones más propias de la ultra derecha-, que parece serán la tónica de la legislatura, y que tienen como objetivo impedir la libre expresión de aquellos que no piensan como ellos. En esta línea, también ha sido sobrevolado por el hemiciclo el temor al transfuguismo de algún diputado y el llamado “tamayazo”. Y, evidentemente, el PP ha olvidado que Mariano Rajoy logró su segunda investidura en octubre de 2016 gracias a 68 abstenciones del PSOE.

La presidenta del Congreso y de la Mesa tendrán mucho trabajo a cortar e impedir las peleas y el ruido de las proclamas que VOX, PP y Ciudadanos no han parado de utilizar estos días. Los órganos de la cámara baja deberían impedir que se torpedeen los debates parlamentarios, para que puedan aflorar los argumentos y la libre expresión sin calumnias ni insultos.

Lo explicaba en un artículo anterior: el diálogo y el acuerdo se abren paso, en referencia al blanqueo de VOX que hacen PP y Ciudadanos. Si esta escalada verbal y de comportamientos poco edificantes y de llevar a los tribunales lo que no consiguen en Las Cortes continúa, no se puede descartar que en el futuro la ultra derecha haga el sorpaso al PP y que Ciudadanos entre en fase de extinción, ya que parece haber renunciado definitivamente al centro político que reclama querer representar.

¿Una España dividida?

A pesar de la alta tensión, la investidura no se ha frustrado: se ha superado el bloqueo y la diversidad de formaciones que han apostado por el nuevo gobierno -a través del voto afirmativo o de la abstención- se ha mantenido firme. Pedro Sánchez consigue ser presidente a la tercera. Los resultados son claros: 167 a favor, 165 en contra y 18 abstenciones. Esto representa que el 47,72% de los diputados ha apoyado al candidato, el 47,14% lo ha rechazado y el 5,14% se ha abstenido, para permitir que la legislatura y el nuevo gobierno empiecen a caminar. Si sumamos el número de votos que hay detrás de la investidura, son 12.077.085 ciudadanos (10.930.632 a favor + 1146453 con la abstención). En contra hay 11.298.620. Menos de 780.000 votos de diferencia.

Se puede hablar de una España dividida. De hecho los bloques de derecha e izquierda se han ido alternando en el poder a lo largo de nuestra historia; pero la gran diferencia ahora es no sólo la presencia de la ultra derecha en el Congreso como tercera fuerza política, sino que la derecha quiera emularla adoptando un lenguaje y unas formas más propias de tiempos pasados ​​que de una sociedad moderna. Todo esto se suma a que el llamado centro político, propio de otros países europeos, sigue huérfano.

Los partidos políticos deberían tener en cuenta que España -o el Estado español, como se prefiera- no es propiedad de nadie, sino que es patrimonio de todos los ciudadanos. Igual ocurre con la bandera, la Constitución y todas las instituciones. Los nombres de los países se pueden cambiar, también sus banderas, sus cartas magnas, sus instituciones, sus límites territoriales y sus formas de estado o de gobierno. No deben permanecer igual de por vida, ya que las sociedades evolucionan y los partidos también deben hacerlo. Y todo ello, mediante decisiones democráticas.

En esta etapa compleja y convulsa, algunas formaciones parecen haber olvidado que la democracia es el sistema político que defiende la soberanía del pueblo y el derecho a elegir y controlar a sus gobernantes. De hecho, España es una suma de reinos: hay hasta cinco teorías históricas diferentes para situar el nacimiento de España como país (Estado o Nación). El primer Monarca que adoptó el título como rey de España fue Felipe II, durante la segunda mitad del siglo XVI. La primera Constitución fue ya comenzado el siglo XIX, en 1812, y el Reino de España con la Monarquía Parlamentaria nace en 1978. Estamos pues en un proceso evolutivo, en el que los representantes elegidos por los ciudadanos tienen el mandato y la obligación de ir adecuando las instituciones y las políticas a las sociedades de su tiempo.

Comienza una legislatura con el primer gobierno de coalición desde la II República, todos legítimos, como todos los gobiernos emanados de unas elecciones democráticas. La única ilegitimidad en nuestra historia reciente ha sido el golpe de Estado de 1936 y la dictadura posterior de Franco. En los próximos días se conocerá el nuevo gabinete, que previsiblemente mantendrá una mayoría de mujeres ministras y, por tanto, continuará siendo uno de los pocos gobiernos en el mundo que supera la paridad en favor del género femenino.

Es un gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos que no tiene la mayoría suficiente y que requerirá aún de más diálogo y acuerdo que lo que se ha forjado para hacer posible la investidura. Ahora empieza lo más difícil: legislar y tomar decisiones que beneficien a la mayoría de la población, vertebrar el país, concretar y desarrollar los acuerdos con las diferentes fuerzas políticas, obtener los apoyos necesarios para sacar adelante los presupuestos y llegar a un acuerdo para resolver el conflicto político de Catalunya y la plurinacionalidad del Estado.

ERC y EH-Bildu ya lo han advertido, “habrá legislatura, si hay diálogo y negociación”. Es sin duda, una nueva etapa de difíciles equilibrios en la que hará falta mucha finezza, otro término importado de la política italiana. En nuestra lengua, deberíamos decir que se deberá ser muy claro e hilar fino.

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