La violencia sexual y de género es una realidad que va mucho más allá de las mujeres cisgénero y que llega también al colectivo LGTBI. Por ello la Fundació Surt impulsó hace dos años el proyecto Look Wide, dirigido a la integración de la perspectiva de género y de diversidad sexual en la atención a todas las víctimas de violencias. La iniciativa surge de la necesidad de ampliar la mirada en el tratamiento de este tipo de violencia, ya que, actualmente, los servicios de apoyo a las víctimas están dirigidos mayoritariamente a mujeres heterosexuales y cisgénero -es decir, que se identifican con el género que le fue asignado al nacer según sus características biológicas-.
Míriam Solà, una de las coordinadoras del proyecto, afirma que los servicios para personas LGTBI sí hacen una primera atención y gestionan algunas incidencias relacionadas con discriminaciones, pero tampoco están preparados para hacer un buen acompañamiento en el marco de un proceso de recuperación raíz de haber sufrido una situación de violencia. “En consecuencia, en muchos casos las personas LGTBI directamente no acuden a estos servicios porque no se sienten interpeladas o bien van y no son tratadas adecuadamente, porque los servicios no se adaptan a sus necesidades”, señala Solà.
Esta manera de ampliar el abordaje de las violencias machistas implica incorporar las políticas LGTBI a las políticas de igualdad de género. “Debemos entender que las violencias que viven las personas LGTBI tienen la misma raíz que la violencia que viven las mujeres heterosexuales: el heteropatriarcado”, explica Solà. Pero integrar el género y la diversidad sexual en la atención a las víctimas de las violencias no significa invisibilizar lo que ya se ha hecho en los servicios de atención a las mujeres. “No debe implicar descuidar la atención a las mujeres y poner en riesgo los recursos ya existentes”, señala Nagore García, también coordinadora del proyecto. “Se trata simplemente de incorporar una nueva perspectiva”.
El proyecto Look Wide, financiado por la Comisión Europea, se ha llevado a cabo con la participación de diversas entidades a nivel europeo dedicadas a la atención a la mujer y las personas LGTBI: Differenza Donna, de Italia; Dissens, de Alemania; Hatter Society, de Hungría y KMOP, de Grecia. Durante estos dos años se han hecho formaciones para profesionales de recursos de atención en cada país participante y dos seminarios internacionales, uno en Berlín y otro en Roma, con el fin de intercambiar conocimientos.
El resultado de esta colaboración europea ha sido la elaboración de una guía de recomendaciones para profesionales, en la que cada organización ha contribuido desde su punto de vista y marcos de referencia, adaptándose a sus contextos locales. Differenza Donna, por ejemplo, se ha centrado más en la violencia producida en el marco de las parejas lesbianas, mientras que Hatter Society ha ofrecido una perspectiva desde el ámbito educativo. Look Wide, pues, supone un primer paso de repensar el modelo actual, pero a partir de ahí deben ser las entidades especializadas en la atención a las violencias machistas y de género las que desarrollen medidas concretas y cambien el diseño y funcionamiento de los servicios y recursos que ofrecen. “Esto debe hacerse en todos los ámbitos, tanto a nivel de valoración de riesgo como de diagnóstico, derivación o tratamiento”, señala Solà.
Una guía de buenas prácticas
En el marco de este proyecto, la Fundación Surt ha elaborado una guía para profesionales de los servicios de atención a las víctimas de violencia en Catalunya que tiene como objetivo facilitar elementos que puedan mejorar la praxis profesional de los servicios. Así, va dirigida, por un lado, a profesionales de los servicios de atención a la mujer que quieran incorporar la perspectiva de diversidad sexual y de género y, por otro, a profesionales de servicios LGTBI, para mejorar la atención a las víctimas de violencia.
La guía establece como elementos clave para mejorar la accesibilidad de los servicios de atención a la violencia, entre otros, la necesidad de disponer de instrumentos de recogida de información para ampliar los perfiles a los que van dirigidos y repensar el nombre de estos, considerando uno que sea suficientemente inclusivo y interpele la comunidad LGTBI. “Si un servicio se llama, por ejemplo, ‘Punto de atención a la mujer’, un hombre gay que ha sufrido violencia por parte de su pareja no se sentirá representado”, explica Solà. También se recomienda utilizar en todo momento un lenguaje inclusivo, por ejemplo utilizando el término ‘pareja’ en vez de ‘marido’ o ‘mujer’, así como desarrollar espacios participativos donde las asociaciones y colectivos puedan manifestar sus necesidades y demandas.
Otra medida importante que se plantea es incorporar a los equipos de atención personas expertas en diversidad sexual y de género en la atención a las violencias, preferiblemente personas de la comunidad LGTBI. Esta es una medida que se utiliza desde hace tiempo en Alemania, donde muchos de los servicios de atención a las personas del colectivo LGTBI son liderados por profesionales que también forman parte. “Los técnicos están familiarizados con las experiencias vitales de las personas que acuden a los servicios y lo combinan con su conocimiento profesional”, explica Gabriel Nox Kohnke, de la asociación Dissens de Berlín. En Alemania, esta iniciativa ha tenido una buena acogida. “Muchas personas LGTBI que entrevistamos afirmaron poder abrirse más con un profesional que formara parte de la comunidad debido a la experiencia compartida”, añade Nox.
La necesaria colaboración con la administración
La guía elaborada por la Fundación Surt está centrada específicamente en Catalunya, ya que su red de recursos y la legislación presenta unas características concretas que favorecen una mirada más amplia en el abordaje de las violencias. En el ámbito catalán, existe la Ley de 2014 para garantizar los derechos LGBTI y para erradicar la homofobia, la bifobia y la transfobia, mientras que a nivel estatal no existe ninguna ley equiparable. Pero, aunque la coyuntura sea favorable, para las coordinadoras del proyecto esto no es suficiente. “Tenemos una legislación más amplia que otros territorios y una red muy potente de recursos y servicios, pero aún queda mucho camino por recorrer”, apuntala Solà. De hecho, la atención a las situaciones violencias de género vividas por personas LGTBI, que implican un proceso de recuperación, no están contempladas en ninguna legislación vigente, ni en Catalunya ni en el resto del estado.
En este sentido, Solà considera que el proyecto Look Wide ha puesto las bases, pero para que tenga continuidad es necesaria una implicación política y más recursos económicos. “Si no fortalecemos la musculatura de los servicios no se podrá hacer un buen abordaje”, destaca. En esta misma línea se expresa Mireia Mata, directora general de igualdad de la Generalitat de Catalunya, que señala que las entidades sociales aportan la mirada que falta en las administraciones y que es necesario seguir trabajando conjuntamente para continuar investigando e implementando nuevas medidas.
